Estado sin pérdidas, coca sin freno

Hay una verdad incómoda que Colombia se resiste a discutir con rigor técnico y sin consignas: las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico operan bajo una arquitectura organizacional que no castiga el fracaso ni recompensa la eficiencia estructural. En un país donde la producción potencial de cocaína ha alcanzado máximos históricos —según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en sus informes más recientes—, el debate no puede seguir reducido a si debemos erradicar más o dialogar más, si fumigar o sustituir, si militarizar o desescalar. La discusión de fondo es más profunda: ¿puede una estructura estatal que no enfrenta mecanismos de pérdidas reales generar resultados eficientes y sostenibles en un mercado ilícito altamente rentable y adaptable?

La Policía Nacional de Colombia, como toda organización estatal financiada por presupuesto público, no opera bajo señales de ganancias y pérdidas. Esto no es un juicio moral; es una característica estructural. Una empresa privada que fracasa en su objetivo —generar valor— desaparece o se transforma. Una institución pública, en cambio, puede mantener o incluso ampliar su presupuesto en medio de resultados decrecientes, siempre que el discurso político justifique su necesidad. En el combate antidrogas esto se traduce en una paradoja persistente: a mayores cifras de producción de coca, mayores recursos asignados a la lucha contra ella. El fracaso alimenta el presupuesto, y el presupuesto no necesariamente corrige el fracaso.

Aquí aparece la primera distorsión de incentivos. Las métricas que estructuran la narrativa oficial suelen centrarse en incautaciones, capturas, laboratorios destruidos y toneladas decomisadas. Son indicadores cuantificables, mediáticos y políticamente rentables. Sin embargo, la propia UNODC ha señalado que, pese al aumento en incautaciones, el área cultivada y la producción potencial han crecido de manera significativa en los últimos años. Esto implica que el mercado ilícito se adapta con mayor rapidez de la que el aparato estatal logra neutralizarlo. Si el indicador que se premia es la actividad —no el resultado estructural—, la institución racionalmente maximiza actividad. No necesariamente impacto.

El microtráfico urbano ofrece un ejemplo cotidiano. En ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla, la captura de pequeños distribuidores produce titulares inmediatos y percepción de acción. Pero la cadena de valor del narcotráfico permanece intacta. La sustitución de un vendedor es casi automática, porque la estructura de incentivos del mercado ilegal —rentabilidad alta, barreras de entrada bajas, protección armada— sigue vigente. Así, la Policía cumple metas operativas, pero el fenómeno persiste. El sistema premia el número de operativos, no la reducción sostenible de la oferta.

El segundo elemento es la dilución de la responsabilidad. En el sector privado, la pérdida es concreta y personalizable. En el sector público, el costo del error se socializa. Cuando la producción de cocaína aumenta, no existe un mecanismo automático que reduzca presupuesto, reestructure mandos o genere consecuencias proporcionales a los resultados. Los cambios suelen depender de coyunturas políticas, no de métricas de eficiencia institucional. Esto crea un entorno donde la supervivencia organizacional no depende estrictamente de la eficacia en la reducción del problema.

Y aquí la discusión se vuelve inevitablemente política. El presidente Gustavo Petro ha defendido la tesis de que la “guerra contra las drogas” ha fracasado y que la solución pasa por un enfoque distinto, menos centrado en la represión y más en la transformación social y la regulación internacional. Su posición no es aislada; se alinea con corrientes internacionales que cuestionan el paradigma prohibicionista, como lo han hecho líderes latinoamericanos y algunos sectores académicos en Estados Unidos y Europa. Desde una perspectiva ideológica, su argumento busca atacar la raíz estructural del problema: la demanda global y la marginalidad rural.

Sin embargo, el tránsito entre paradigmas genera efectos intermedios que deben evaluarse con rigor. La reducción de la erradicación forzosa, el énfasis en la sustitución voluntaria y el cuestionamiento de metodologías internacionales han coincidido con aumentos significativos en cultivos reportados. El gobierno sostiene que las cifras deben analizarse con cuidado metodológico; la oposición argumenta que la flexibilización envía señales de permisividad. Más allá del debate político, lo cierto es que el mercado ilegal responde a expectativas. Si los productores perciben menor riesgo inmediato, la expansión puede acelerarse antes de que los nuevos modelos alternativos generen resultados tangibles.

En este punto conviene recordar una noción básica de economía institucional: los agentes reaccionan a incentivos, no a discursos. Si el cultivo ilícito ofrece rentabilidad superior a cualquier alternativa legal en regiones donde el Estado llega débilmente, la decisión individual es racional dentro de su contexto. El problema no es moral, es estructural. Pero si la política pública reduce la presión coercitiva sin haber consolidado aún las alternativas económicas viables, el diferencial de incentivos se amplía temporalmente a favor de la ilegalidad.

Ahora bien, reducir el análisis a “más fuerza” versus “menos fuerza” sería simplista. El expresidente Iván Duque defendió un enfoque más intensivo en erradicación y cooperación internacional, y aun así durante su periodo se registraron incrementos significativos en cultivos. Esto sugiere que el problema no depende exclusivamente del color ideológico del gobierno de turno. La estructura institucional permanece esencialmente igual: una organización pública que mide actividad más que resultados sistémicos y que no enfrenta pérdidas proporcionales al fracaso estratégico.

La discusión internacional añade otra capa. Estados Unidos ha mantenido históricamente mecanismos de certificación en la lucha antidrogas. La descertificación o advertencia diplomática tiene efectos simbólicos y potenciales implicaciones en cooperación. Pero incluso esos mecanismos operan más como presión política que como transformación de incentivos internos. Mientras la rentabilidad global de la cocaína continúe siendo alta y la demanda estable en mercados desarrollados, la elasticidad del sistema ilegal seguirá superando la capacidad reactiva del aparato estatal colombiano.

Lo verdaderamente disruptivo es reconocer que el narcotráfico funciona como un mercado sofisticado, descentralizado y adaptativo, mientras que la policía opera como una burocracia jerárquica, centralizada y presupuestalmente garantizada. Uno ajusta precios, rutas y métodos en tiempo real; la otra depende de ciclos fiscales, autorizaciones políticas y estructuras rígidas de mando. No se trata de deslegitimar la función policial, sino de entender que la arquitectura institucional condiciona los resultados.

En la vida cotidiana colombiana esto se traduce en una sensación dual: operativos constantes, noticias de incautaciones récord, pero persistencia del fenómeno en barrios y zonas rurales. El ciudadano percibe acción y simultáneamente continuidad del problema. Esa disonancia erosiona la confianza institucional.

La pregunta de fondo no es si el presidente Petro tiene razón en cuestionar el paradigma global ni si sus críticos tienen razón en advertir sobre riesgos de debilitamiento operativo. La pregunta es más incómoda: ¿puede el Estado combatir con eficiencia un mercado ilícito multimillonario si su propia estructura no enfrenta pérdidas reales por ineficiencia ni incentivos alineados con resultados de largo plazo? Mientras esa arquitectura no se reforme —con métricas de impacto estructural, rendición de cuentas efectiva y rediseño de incentivos internos— cualquier gobierno, de izquierda o de derecha, seguirá moviéndose dentro del mismo marco de limitaciones.

Colombia vive hoy un momento decisivo. Los cultivos alcanzan cifras históricas, el debate internacional se reabre y la polarización interna dificulta consensos técnicos. Pero el verdadero desafío no es ideológico; es institucional. Sin reformas profundas en la forma en que medimos, financiamos y evaluamos la acción pública en seguridad, seguiremos atrapados en un ciclo donde el Estado crece, la actividad policial se intensifica y, paradójicamente, el mercado ilegal se expande.

Un Estado sin pérdidas reales difícilmente corrige sus errores con la urgencia que exige la realidad. Y mientras tanto, la coca no espera.