El poder que nos empobrece

Hay algo casi ritual en Colombia cada vez que el gobierno anuncia una nueva inversión millonaria para “resolver” un problema social. Las cifras se pronuncian con solemnidad, los titulares repiten la magnitud del presupuesto y una parte de la opinión pública asume que el tamaño del gasto equivale automáticamente a la magnitud de la solución. Pero la experiencia acumulada durante décadas obliga a una pregunta incómoda: ¿desde cuándo el volumen del dinero público garantiza resultados y no, más bien, amplía el margen de captura política?

No se trata de cinismo, sino de evidencia institucional. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia adoptó un modelo de Estado social de derecho con amplias funciones económicas y sociales. El gasto público como porcentaje del PIB pasó de niveles cercanos al 20 % en los años noventa a cifras que hoy superan el 30 %, según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Paralelamente, el número de entidades, programas y fondos especiales se multiplicó. La intención fue loable: ampliar derechos, reducir desigualdad, cerrar brechas históricas. El resultado, sin embargo, ha sido más ambiguo. Colombia sigue exhibiendo uno de los coeficientes de Gini más altos de América Latina y enfrenta déficits fiscales estructurales que obligan a reformas tributarias recurrentes. Más Estado no ha significado automáticamente más bienestar sostenible.

Aquí conviene hacer una precisión conceptual que rara vez aparece en el debate público: el problema no es la maldad individual del funcionario, sino el diseño de incentivos del sistema. La teoría de la elección pública —desarrollada por autores como James Buchanan— parte de una premisa sencilla: los actores políticos responden a incentivos, igual que cualquier otro individuo. Cuando el Estado concentra poder presupuestal, regulatorio y contractual, se generan rentas susceptibles de captura. No es una anomalía moral; es un resultado previsible.

El caso del Programa de Alimentación Escolar es ilustrativo. Diseñado para combatir la deserción y la desnutrición infantil, terminó en múltiples departamentos asociado a sobrecostos, alimentos en mal estado y contratos direccionados, según informes de la Contraloría General de la República. Lo mismo ha ocurrido con esquemas de subsidios territoriales y con escándalos en el sistema de salud estructurado a partir de la Ley 100 de 1993. La constante no es la ausencia de normas; es la combinación de alta discrecionalidad y bajo costo político del fracaso administrativo.

En este punto suele aparecer el argumento defensivo: “sin el Estado no tendríamos nada”. La afirmación es poderosa retóricamente, pero débil analíticamente. El Estado cumple funciones esenciales —seguridad, justicia, defensa, garantía de contratos— que difícilmente pueden proveerse de manera descentralizada sin generar exclusión. Sin embargo, de ahí no se sigue que deba competir en mercados donde además fija las reglas. Cuando el gobierno actúa simultáneamente como regulador y competidor, altera precios relativos e incentivos, y distorsiona la asignación eficiente de recursos. En Colombia lo hemos visto en sectores energéticos, en servicios públicos y en múltiples esquemas de intervención productiva.

Y entonces conviene cambiar de ángulo. Pensemos en el emprendedor promedio en Barranquilla, Medellín o Bucaramanga. Antes de vender su primer producto debe enfrentar trámites, impuestos anticipados, regulaciones laborales complejas y cargas parafiscales. Cada reforma tributaria —hemos tenido más de una docena en tres décadas— se justifica en la necesidad de financiar nuevos programas sociales. Pero el efecto agregado es un entorno de alta incertidumbre normativa que desincentiva inversión formal. El empresario termina financiando un aparato que, paradójicamente, compite con él en algunos sectores o regula su actividad con criterios políticos.

Aquí emerge una idea central: los problemas que pueden resolverse con capital, innovación y eficiencia administrativa suelen encontrar mejor respuesta en entornos competitivos que en monopolios públicos. No porque el empresario sea moralmente superior, sino porque enfrenta disciplina de mercado: si falla, quiebra. El burócrata, en cambio, rara vez asume el costo patrimonial de su ineficiencia. En términos económicos, el mercado impone un mecanismo de selección; la política, en muchos casos, redistribuye costos difusos.

Algunos podrían citar a economistas como Joseph Stiglitz para defender la intervención estatal frente a fallas de mercado. Y es cierto: existen externalidades, bienes públicos y asimetrías de información que justifican acción gubernamental. Pero incluso aceptando esa premisa, la pregunta no desaparece: ¿qué tamaño y qué alcance minimizan la probabilidad de captura y corrupción? Un Estado que intenta abarcarlo todo termina debilitando su capacidad de cumplir lo fundamental.

La actualidad colombiana ofrece ejemplos elocuentes. Las tensiones fiscales derivadas del déficit estructural y del aumento del servicio de la deuda pública han reducido el margen de maniobra presupuestal. Al mismo tiempo, el debate sobre reformas estructurales —salud, laboral, pensional— gira alrededor de mayor centralización de recursos. La experiencia comparada sugiere que centralizar no elimina la corrupción; la redistribuye. Cuando se concentran más fondos en un solo nodo decisorio, aumenta el incentivo para capturarlo.

Y sin embargo, no se trata de defender un “Estado mínimo” caricaturesco. Se trata de rediseñar prioridades. Si el gobierno concentrara sus recursos en garantizar seguridad jurídica efectiva, justicia rápida y predecible, y un marco tributario estable, el sector privado podría asumir con mayor libertad la generación de riqueza. Países que fortalecieron instituciones antes que subsidios masivos lograron crecimientos sostenidos que, a largo plazo, financiaron políticas sociales sin desbordar el déficit.

En Colombia hemos normalizado la idea de que cada problema social exige una nueva ley, un nuevo fondo y un nuevo impuesto. Pero cada capa adicional de regulación incrementa la complejidad administrativa y amplía espacios de discrecionalidad. El resultado no es necesariamente más equidad, sino mayor dependencia fiscal y menor dinamismo productivo.

Llegados a este punto, la discusión deja de ser ideológica y se vuelve estructural. ¿Queremos un sistema que dependa de la virtud excepcional de los funcionarios o uno que limite el daño potencial de su mediocridad? ¿Queremos un Estado que compita y regule simultáneamente, o uno que establezca reglas claras y permita que la sociedad civil, las empresas y las organizaciones filantrópicas desplieguen soluciones descentralizadas?

Colombia no carece de talento empresarial ni de capital humano. Lo que enfrenta es un entramado institucional que concentra poder y recursos en manos políticas bajo la promesa permanente de redención social. Tres décadas después, los indicadores muestran avances parciales, pero también estancamientos persistentes. Quizás el verdadero acto de responsabilidad no sea anunciar más inversión, sino preguntarnos si el poder que acumulamos en nombre del bienestar no está, en la práctica, erosionando las bases que lo hacen posible.

El debate no es Estado contra mercado. Es poder concentrado contra incentivos bien diseñados. Y mientras no abordemos esa distinción con rigor, seguiremos celebrando presupuestos históricos que, año tras año, no logran transformar estructuralmente la realidad que prometen cambiar.