El poder no pide permiso

 

En Colombia seguimos discutiendo política como si el problema fuera de personas y no de estructuras. Nos enfrentamos entre amigos, familias y colegas por la figura del presidente de turno, por el ministro que cae o por el congresista que sube el tono, mientras el mecanismo real del poder estatal opera intacto, silencioso y eficaz. El Estado moderno no gobierna porque la sociedad lo haya autorizado de manera consciente y permanente, sino porque ha perfeccionado una lógica mucho más eficiente: crear o aprovechar crisis, administrar el miedo colectivo y convertir la obediencia en una obligación moral antes que en una imposición explícita.

La idea del consentimiento de los gobernados, tan repetida en manuales de educación cívica y discursos oficiales, se ha vaciado de contenido real. En teoría, los ciudadanos delegan poder; en la práctica, el Estado actúa como si ese poder fuera irreversible y automático. Votar no es consentir cada política fiscal, regulatoria o monetaria; es, en el mejor de los casos, una validación episódica de un sistema que luego funciona con autonomía propia. En Colombia, más del 70 % del presupuesto nacional está comprometido por gasto rígido, transferencias obligatorias y servicio de la deuda, independientemente de quién gane las elecciones. Esto no es una anomalía: es la prueba de que el aparato estatal no responde al ciudadano, sino a su propia inercia.

El recurso central para mantener esa inercia es la crisis permanente. La inseguridad justifica más vigilancia y más presupuesto militar; la desigualdad legitima más impuestos y más intervención; la inflación exige controles, subsidios y expansión del gasto; la pobreza se convierte en argumento para programas asistenciales que no rompen la dependencia, sino que la administran. Cada problema real es utilizado como plataforma para ampliar el alcance del poder político. En Colombia, por ejemplo, el fracaso histórico del Estado para garantizar seguridad jurídica y oportunidades productivas se presenta luego como razón para aumentar su presencia en la economía. El diagnóstico y la terapia salen del mismo despacho.

Este patrón no es exclusivo del país, pero aquí adquiere rasgos particularmente visibles. El discurso actual del gobierno, que se autodefine como transformador y popular, reproduce una lógica conocida en América Latina: la polarización moral. El Estado se presenta como representante del “pueblo” frente a enemigos difusos —élites, empresarios, medios, opositores— y cualquier crítica a su expansión se interpreta como un ataque a la justicia social. No es una novedad. Hugo Chávez utilizó el mismo marco narrativo en Venezuela; Alberto Fernández lo intentó en Argentina; Andrés Manuel López Obrador lo sigue aplicando en México. La ideología cambia de matiz, pero la mecánica es idéntica: concentrar poder bajo la promesa de corregir desigualdades creadas, en gran parte, por intervenciones previas.

En el plano cotidiano, esta dinámica se traduce en una relación asimétrica entre el ciudadano y el Estado. El contribuyente colombiano no decide si quiere financiar determinado programa; simplemente lo hace bajo amenaza de sanción. El pequeño empresario no negocia regulaciones laborales o tributarias; las acata o desaparece. El trabajador informal no elige vivir al margen del sistema; es expulsado de él por barreras legales que encarecen la formalidad. Según el DANE, más del 55 % del empleo en Colombia es informal, una cifra que no se explica por “falta de conciencia”, sino por un marco institucional que castiga la iniciativa individual.

Aquí es donde la discusión política suele desviarse hacia el terreno equivocado. Se debate si el problema es Petro o la oposición, la izquierda o la derecha, el pasado o el presente. Pero el conflicto real no es ideológico, sino estructural: un aparato estatal que no depende del consentimiento real de los ciudadanos, sino de su capacidad para imponer costos al disenso. Max Weber lo definió con crudeza al describir al Estado como la entidad que monopoliza la violencia legítima. En Colombia, ese monopolio no siempre ha sido efectivo, pero sí ha sido suficiente para disciplinar a la población fiscal y normativamente.

Renunciar al poder estatal, en este contexto, no significa anarquía ni caos, como suele caricaturizarse, sino un cambio profundo en la forma de entender la vida social. Significa dejar de pedirle al Estado que resuelva problemas que surgen precisamente de su intervención excesiva. Significa reconstruir espacios de cooperación voluntaria, mercados más libres, asociaciones civiles fuertes y reglas claras que limiten el poder político en lugar de expandirlo. Los países con mayores niveles de prosperidad y cohesión social —desde Suiza hasta Nueva Zelanda— no lo lograron mediante Estados omnipresentes, sino mediante instituciones que desconfían del poder y lo encadenan.

En Colombia, esta renuncia comienza en lo intelectual. Dejar de pelear con el amigo que votó distinto implica reconocer que ambos están atrapados en el mismo juego: elegir quién administrará una maquinaria que no controla. Implica aceptar que el verdadero debate no es quién manda, sino cuánto puede mandar. Mientras sigamos discutiendo personas y no límites, gobiernos y no incentivos, seguiremos reproduciendo el ciclo de frustración, esperanza y desencanto que ha marcado nuestra historia republicana.

El Estado no pide permiso para crecer; lo toma cuando la sociedad se distrae peleando consigo misma. Entender esto no garantiza soluciones inmediatas, pero sí libera algo fundamental: la posibilidad de pensar fuera del marco impuesto. Y en un país acostumbrado a obedecer antes de cuestionar, ese acto intelectual ya es una forma de resistencia.