Decretar salarios, empobrecer realidades

 

En Colombia, el salario mínimo ha dejado de ser una variable económica para convertirse en un instrumento político. El anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementarlo en un 23% por decreto, tras el fracaso de la mesa de concertación, no solo rompió una tradición de diálogo social imperfecto pero funcional, sino que expuso una visión de la economía más cercana al voluntarismo ideológico que al análisis técnico. No se trata de negar la legítima aspiración de los trabajadores a mejorar sus ingresos, sino de cuestionar si el camino elegido conduce realmente a ese objetivo o, por el contrario, profundiza los problemas estructurales que se dicen combatir.

Resulta revelador que incluso las centrales sindicales, históricamente proclives a aumentos agresivos, plantearan un techo cercano al 16%. Ese dato no es menor: indica que actores directamente interesados en la mejora salarial reconocen los límites que impone la productividad, el empleo formal y la sostenibilidad empresarial. Cuando el Gobierno decide ignorar esos límites, no está siendo audaz; está siendo imprudente. La economía no responde a decretos, responde a incentivos, costos y expectativas, y Colombia hoy es un país con baja productividad laboral, alta informalidad —superior al 55% según cifras del DANE— y un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por micro y pequeñas empresas con márgenes estrechos y escasa capacidad de absorción de choques regulatorios.

Desde esta realidad concreta conviene hacer una pausa y formular una pregunta incómoda: ¿quién paga realmente el aumento del salario mínimo? La respuesta, aunque políticamente impopular, es clara. Lo pagan los consumidores a través de precios más altos, lo pagan los trabajadores informales que quedan por fuera de cualquier protección, y lo pagan los desempleados cuando las empresas deciden no contratar o reducir nómina. El salario mínimo no es un generador automático de bienestar; es un precio, y como todo precio fijado por encima de su nivel de equilibrio, genera distorsiones. Milton Friedman lo explicó con crudeza hace décadas al señalar que el salario mínimo es, en la práctica, una ley que prohíbe contratar a quienes producen menos que ese salario. Colombia, con millones de trabajadores de baja calificación, no puede darse el lujo de ignorar esta advertencia.

El impacto inflacionario no es una hipótesis ideológica, es una regularidad empírica. Cuando sube el costo de la mano de obra de forma abrupta y desproporcionada, los precios de bienes y servicios ajustan al alza. El pan, el transporte, los almuerzos corrientes, los arriendos, los servicios personales y el comercio minorista absorben rápidamente ese incremento. En la vida cotidiana, el trabajador que hoy celebra un aumento nominal descubre en pocos meses que su salario real se ha erosionado. El dinero alcanza para menos, no para más. Esta dinámica es particularmente regresiva, porque la inflación castiga con mayor dureza a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo básico.

Ante este escenario, el llamado del Gobierno a que empresarios y comerciantes no suban los precios roza lo simbólico y se aproxima peligrosamente a lo autoritario. Pretender que los precios no reaccionen a un aumento de costos es desconocer principios elementales de la economía. Ningún comerciante fija precios por maldad o codicia abstracta; lo hace para sobrevivir. Cuando sube el salario, suben las cargas prestacionales, los aportes parafiscales, los costos indirectos y, en muchos casos, los riesgos asociados a la incertidumbre regulatoria. Pedir que esos costos no se trasladen es, en el fondo, pedir que alguien asuma pérdidas de manera indefinida, algo inviable en cualquier sistema productivo.

Aquí emerge otro elemento que no puede soslayarse: la coherencia del modelo económico que el actual Gobierno viene impulsando. Desde 2022, Colombia ha experimentado un clima de desconfianza marcado por anuncios contradictorios, reformas estructurales mal comunicadas y una narrativa persistentemente hostil hacia el sector privado. La literatura económica es clara al respecto. Douglass North y otros teóricos institucionalistas han mostrado que la incertidumbre institucional eleva los costos de transacción, reduce la inversión y afecta el crecimiento de largo plazo. Cuando a ese entorno se le suman decisiones discrecionales como un aumento salarial por decreto sin respaldo en productividad, el resultado es una presión adicional sobre la inflación y el tipo de cambio, con efectos directos sobre el poder adquisitivo.

La discusión se torna aún más preocupante cuando desde el discurso oficial se empieza a insinuar la necesidad de controles de precios para contener los efectos del propio intervencionismo. La experiencia latinoamericana es suficientemente elocuente para no caer en ingenuidades. Argentina ha recurrido de manera sistemática a controles de precios durante décadas, con resultados previsibles: desabastecimiento, mercados paralelos y una inflación crónicamente elevada. Venezuela llevó esta lógica al extremo, combinando controles de precios con controles cambiarios y expropiaciones, y terminó destruyendo su aparato productivo, empujando a millones de ciudadanos a la migración forzada. Cuba, con su economía centralmente planificada, ha mostrado por más de medio siglo que el control estatal de precios no genera abundancia, sino escasez administrada.

No se trata de equiparar realidades de manera simplista, sino de reconocer patrones. Friedrich Hayek advertía que el problema del control de precios no es solo económico, sino epistemológico: ningún burócrata posee la información dispersa que millones de agentes económicos utilizan a diario para tomar decisiones. Cuando el Estado intenta sustituir ese proceso mediante órdenes y decretos, termina produciendo resultados opuestos a los deseados. Colombia no es ajena a esa lógica, y pensar que aquí funcionará lo que ha fracasado reiteradamente en otros contextos es una apuesta temeraria.

El debate de fondo, entonces, no es moral sino técnico y ético a la vez. ¿Es responsable prometer bienestar mediante medidas que erosionan el empleo formal y el poder adquisitivo? ¿Es justo sacrificar a los más vulnerables —informales, desempleados, pequeños empresarios— en nombre de una narrativa de justicia social que no resiste el contraste con la evidencia? La justicia social no se decreta; se construye sobre bases productivas sólidas. Los países que han logrado mejoras sostenidas en los salarios reales no lo hicieron a punta de decretos, sino mediante aumentos de productividad, acumulación de capital, educación pertinente y reglas de juego estables.

En Colombia, el salario mínimo se ha convertido en un símbolo, y como todo símbolo político, corre el riesgo de ocultar la realidad que dice representar. Subirlo por encima de la capacidad productiva del país puede generar aplausos inmediatos, pero también produce efectos silenciosos y persistentes: menos empleo formal, más informalidad, más inflación y menos oportunidades. Al final, el trabajador no vive de cifras nominales ni de discursos, vive de lo que puede comprar con su salario. Y cuando el mercado responde con precios más altos, la retórica se desvanece frente a la evidencia cotidiana.

La historia económica enseña, con una claridad incómoda, que el empobrecimiento rara vez llega de golpe; suele venir envuelto en promesas bienintencionadas. Colombia aún está a tiempo de aprender de esas lecciones sin repetirlas. Persistir en el camino del intervencionismo salarial y el control de precios no es un acto de valentía política, sino de negación de la realidad. Y en economía, como en la vida, negar la realidad siempre termina teniendo un costo.