Si supieras cómo se hacen las leyes, no pedirías más

Hay una frase libertaria —la de la salchicha— que condensa una intuición inquietante: conocer el proceso oculta la magia y revela la insalubridad. Trasladada al terreno de las leyes, la frase funciona igual de bien: si el ciudadano medio supiera todo lo que implica crear una norma —las negociaciones, los compromisos a la carta, los efectos colaterales— dejaría de exigir una ley para cada inconveniente. Hoy esa exigencia es la norma: problemas sociales, económicos o culturales se abordan inmediatamente con la solicitud de una nueva regla, sin calcular con rigor cuánto costará regularla, quién ganará, quién perderá y qué libertades quedarán comprometidas en el camino.

Una ley nace muchas veces con la intención legítima de resolver un problema visible: inseguridad ciudadana, un monopolio que explota consumidores, contaminación que hace enfermar a la gente. Sin embargo, el proceso legislativo es un terreno pantanoso donde las buenas intenciones tropiezan con incentivos distorsionados. Los actores interesados —grupos empresariales, sindicatos, ONGs, burocracias estatales— pujan por convertir la norma en una oportunidad para institucionalizar ventajas: subsidios, barreras de entrada, contratos públicos amañados, cuotas reguladoras que benefician a los ya instalados. A medida que la ley se hace más técnica y extensa, su capacidad de control sobre la vida privada aumenta y los costos de cumplimiento (normas, registros, permisos, tributos) se vuelven una carga constante para el ciudadano y especialmente para el emprendedor pequeño.

El resultado es predecible: una ley que debería resolver un problema genera dos o tres problemas nuevos. Se crea una industria de cumplimiento y se despliega una coordinación entre regulador y regulados que, lejos de proteger al ciudadano, transforma la regulación en fuente de renta para quienes saben navegarla. La caja de Pandora no solo abre puertas a la captura, sino que multiplica la complejidad normativa hasta el punto en que el ciudadano promedio renuncia a entender sus obligaciones y derechos. Cuando la ley se mete en la vida privada —en decisiones familiares, en contratos entre particulares, en la forma en que se hace negocio— la libertad se erosiona de manera silenciosa y la carga impositiva y administrativa se vuelve insoportable.

Esta dinámica no solo es un problema moral; es un problema práctico de política pública. Las reglas excesivas debilitan la competencia, elevan costos de entrada, frenan la innovación y trasladan al consumidor precios más altos. Además, al aumentar la intervención en la vida privada, el Estado se convierte en árbitro omnipresente, con incentivos perversos para expandir su control porque el control mismo genera justificación: “si no regulamos, ocurrirá esto”. Se entra así en un círculo vicioso donde cada solución administrativa reclama más normas, y cada norma exige más recursos para implementarse y vigilarse.

¿Qué hacer frente a este régimen de hiperregulación y sobre-legislación? La salida no es quedarse inmóviles ni rechazar todo cambio. Se trata de recuperar criterios que prioricen la libertad, la economía de medios y la responsabilidad sobre el entusiasmo regulatorio. Primero, legislar con humildad: reconocer que toda intervención tiene costo y que el mejor resultado muchas veces es permitir arreglos espontáneos entre privados antes que imponer soluciones centralizadas. Segundo, exigir evaluaciones de impacto ex ante —no como perfumería técnica, sino con seriedad económica, social y jurídica— que midan costos de cumplimiento, efectos distributivos y riesgos de captura. Tercero, aplicar cláusulas de caducidad o “sunset clauses” que obliguen a revisar la eficacia real de la norma pasado un tiempo definido; si no funciona, que caduque. Cuarto, privilegiar principios sobre reglas prolijas: marcos generales que orienten conductas en lugar de manuales detallados que intentan regularlo todo y terminan creando vacíos interpretativos y negocios de excepciones. Quinto, descentralizar: acercar decisiones a quienes sufren y conocen el problema, permitiendo soluciones locales experimentales y competencia regulatoria entre jurisdicciones.

También hace falta transparencia radical en la tramitación: publicar borradores, costos estimados, ofertas de lobby y contratos relacionados. Cuando la creación de la ley se hace visible, los incentivos para los atajos se reducen. Unido a esto, una ciudadanía educada en costes y consecuencias normativas debe ser prioridad: saber que exigir una ley sin preguntar por su precio real es demandar ataduras para uno mismo.

No es una defensa acrítica del mercado ni una negación de la intervención pública; es una llamada de atención sobre la economía política de la legislación. Hay problemas que exigen reglas —control de fraudes sistémicos, protección de derechos básicos, estándares de seguridad— pero la pregunta que debe guiar siempre es: ¿qué alternativa menos lesiva existe? ¿Puede el mercado, la reputación, las asociaciones privadas o una reforma institucional más limitada resolverlo? Legislar no debe ser el primer movimiento del tablero, sino el último, y cuando se legisle debe hacerse con reglas de vida corta, evaluación rigurosa y principios claros que protejan la libertad individual.

Si queremos una sociedad donde la ley solucione más de lo que complica, hace falta recuperar modestia normativa, devolver al ciudadano la responsabilidad de diferenciar entre lo urgente y lo indispensable, y poner límites institucionales a la tendencia constante de transformar problemas en estatutos. De lo contrario, el llamado a “solucionar con ley” será el motor de una máquina que convierte las mejores intenciones en nuevas cadenas. Y como con la salchicha, conocer el proceso debería bastar para que pensemos dos veces antes de exigir más normas; lo que necesitamos es una cultura pública que valore la restricción deliberada del poder como un bien en sí mismo.