La mentira económica que empobrece a Colombia

La conversación pública en Colombia está plagada de conceptos que se repiten hasta el cansancio, pero que rara vez significan lo que deberían. Pocas palabras ilustran mejor este fenómeno que la inflación . En el discurso oficial, la inflación se presenta como si fuera un evento atmosférico que nadie controla, una “subida de precios” que aparece por factores externos, por la geopolítica, por los comerciantes o, incluso, por los mismos consumidores. Pero detrás de ese lenguaje inocuo se esconde una de las mayores distorsiones conceptuales de nuestra vida económica: la inflación no es la consecuencia, sino la causa; no es el alza de los precios, sino la degradación del dinero. Esta confusión, repetida durante décadas en el debate público, ha moldeado la forma en que entendemos nuestra economía y ha permitido que un empobrecimiento progresivo se normalice sin resistencia social. Cuando una sociedad pierde el significado de sus palabras, pierde también la capacidad de reconocer quién es responsable de su deterioro material

En Colombia, donde el Banco de la República ha incrementado la masa monetaria más de 250 % en las últimas dos décadas y donde el peso ha perdido más del 90 % de su valor frente al dólar desde el año 2000, resulta casi absurdo seguir describiendo la inflación como un fenómeno ajeno a la manipulación monetaria. Los ciudadanos lo sienten en el mercado, en los arriendos, en la gasolina, en la universidad de sus hijos. En 2010, un salario mínimo cubría cerca del 50 % de la canasta familiar; hoy apenas llega al 35%. Esta pérdida constante del poder de compra no es el resultado de “codicia” empresarial ni de una súbita ola global de avaricia, sino del deterioro sistemático del valor del dinero que circula en nuestra economía. Y, sin embargo, el relato institucional insiste en culpar a quienes ajustan los precios, no a quienes degradan la moneda.

Esta inversión moral no es casual. Al desplazar la responsabilidad desde quienes emiten el dinero hacia quienes simplemente lo usan, se crea una arquitectura narrativa que protege al poder y disciplina al ciudadano. De esta manera, la inflación deja de ser entendida como un acto político y se reduce a una estadística que nadie cuestiona. Y así, mientras el dinero se expande a través de crédito barato, gasto público acelerado y políticas que estimulan artificialmente la demanda, los hogares colombianos descubren que trabajan más para comprar menos. La inflación opera como un impuesto silencioso, un mecanismo de extracción de riqueza que no necesita debate en el Congreso ni consentimiento democrático. Cada año, el ciudadano común pierde una parte de su salario, de su ahorro y de su capacidad de planificar el futuro sin que nadie firme una nueva ley.

La situación se vuelve más reveladora cuando observamos cómo la política utiliza la inflación como herramienta de gobernabilidad. En Colombia, promesas, subsidios y programas se sostienen —directa o indirectamente— sobre la expansión del crédito y del dinero. El gasto público crece incluso en años de desaceleración económica, la deuda del Estado se mantiene en niveles históricamente altos y la emisión monetaria, aunque disfrazada de tecnicismos, termina siendo el lubricante de un modelo donde siempre parece haber recursos para financiar el presente, aunque sea a costa del futuro. Esta dinámica, más visible en los últimos años, no distingue entre gobiernos de izquierda o de derecha: todos han recurrido al deterioro silencioso del dinero para sostener agendas políticas que serían inviables si dependieran únicamente del ingreso real del país.

Pero lo que comienza como una distorsión técnica termina convirtiéndose en una distorsión moral. Cuando la moneda pierde su vínculo con el esfuerzo, la sociedad pierde también su sentido de justicia económica. ¿Cuál es el incentivo para ahorrar si ese ahorro se evapora? ¿Para emprender, si los costos cambian sin lógica aparente? ¿Para planear a largo plazo, si el futuro económico es cada vez menos predecible? Una moneda que se devalúa año tras año crea ciudadanos que se acostumbran a sobrevivir, no a progresar. Premia el oportunismo por encima del mérito, la especulación por encima del trabajo, la inmediata por encima de la visión. Esta es la verdadera tragedia de la inflación: no solo empobrece el bolsillo, empobrece la cultura.

Aquí es donde la tradición austriaca ofrece una claridad que resulta incómoda para quienes gobiernan. Para esta escuela, la inflación no es un fenómeno neutro ni un simple desequilibrio macroeconómico: es un acto de intervención sobre el dinero que altera los precios relativos, distorsiona la estructura productiva y destruye la capacidad de la sociedad para coordinarse a largo plazo. Es un ataque silencioso a la esencia del intercambio económico: la confianza. Colombia, como muchos otros países, ha intentado ignorar esta advertencia, pero la evidencia se acumula. En los últimos cuatro años, la inflación acumulada supera el 35%, mientras el crecimiento real de los salarios no acompaña ese ritmo. El resultado es un aumento de la desigualdad material entre quienes pueden protegerse de la devaluación —a través de activos, inversiones o divisas— y quienes dependen exclusivamente del peso, es decir, la mayoría.

Y es aquí donde surge la pregunta definitiva: ¿puede una sociedad prosperar cuando el instrumento que usa para medir su esfuerzo y coordinar su vida económica está permanentemente manipulado? La respuesta, histórica y empírica, es no. Ninguna nación que destruya su propio dinero conserve intactas su estabilidad económica ni su cohesión moral. Restaurar la solidez del dinero en Colombia no es una fantasía tecnocrática: es el primer paso para reconstruir la confianza en el mérito, en el ahorro y en la planificación. Es elegir la responsabilidad sobre la complacencia, la verdad sobre la narrativa.

Una moneda sólida no significa rigidez, significa honestidad. Significa que el valor del trabajo no será corroído por decisiones que nadie votó. Significa que el ahorro vuelve a ser una herramienta de progreso y no un acto de ingenio. Significa que el crecimiento económico se apoya en productividad real, no en burbujas infladas por crédito barato. Significa, en última instancia, que el dinero deja de ser un vehículo de empobrecimiento silencioso y se convierte en una herramienta para que los ciudadanos construyan una vida estable y próspera.

Colombia está a tiempo de corregir el rumbo, pero el primer paso es recuperar la claridad conceptual que perdió. Llamar a la inflación por su nombre es recuperar la relación entre causa y consecuencia, entre poder y responsabilidad, entre ciudadanía y gobierno. Y solo a partir de esa claridad podremos exigir un dinero honesto, una economía que no castigue al trabajador y una sociedad que no se desmorone bajo la mentira económica que hoy la empobrece. Una moneda sólida no es radical ni ideológica: es simplemente el requisito mínimo para que un país pueda aspirar a la libertad, al progreso ya la dignidad económica.