Igualdad Sin Privilegios

En Colombia hablamos de equidad como si todos entendiéramos lo mismo, como si fuera un concepto transparente, un ideal moral compartido por todas las orillas ideológicas. Pero basta observar el debate público para notar que la equidad se ha convertido en una palabra moldeable, una especie de comodín político que sirve para justificar desde intervenciones estatales profundas hasta programas focalizados, e incluso proyectos de ingeniería social que crecen cada vez que un gobierno descubre una nueva desigualdad que promete corregir. Esa flexibilidad del término no sería un problema si no afectaría directamente la arquitectura institucional del país, pero en el contexto colombiano —con un Estado históricamente atrapado entre el clientelismo, la discrecionalidad y la politización de las políticas públicas— la confusión conceptual nunca es inocente. Y por eso, cuando hablamos de equidad, es urgente volver a lo básico: ¿de qué igualdad estamos hablando cuando defendemos la igualdad ante la ley?

En este país, donde la Constitución de 1991 incorporó un catálogo amplio de derechos y un lenguaje profundamente comprometido con la justicia social, la discusión sobre equidad se ha cargado de expectativas casi ilimitadas. Se supone que equidad implica que el Estado debe corregir cada diferencia, compensar cada desigualdad, intervenir cada asimetría. Sin embargo, esta lectura reduce el principio a una misión imposible y abre la puerta a que la política pública se convierte en un campo de batalla entre grupos que reclaman privilegios con el lenguaje de la justicia. Por eso es necesario recordar que el ideal liberal clásico —que en Colombia ha tenido defensores tan distintos como Carlos Gaviria Díaz desde la izquierda jurídica o Enrique Parejo desde posturas más centristas— se fundamenta no en igualar resultados, sino en someter a al todos mismo conjunto de reglas generales, impersonales y predecibles.

Este principio, que puede sonar abstracto, se vuelve muy concreto cuando se observa la vida institucional colombiana. Pensemos en fenómenos tan cotidianos como la economía informal, donde millones de personas sobreviven en mercados regulados para unos y desregulados para otros. Las ventas ambulantes compiten con comercios que pagan impuestos, permisos, inspecciones y estándares sanitarios; y nada de esto sucede por maldad o por desorden cultural, sino por el simple hecho de que el Estado colombiano aplica la ley de manera desigual. La informalidad no es solo un problema económico: es la huella más visible de la desigualdad ante la ley. Y mientras se siga creyendo que la equidad se logra redistribuyendo dinero, sin corregir las asimetrías normativas, seguiremos atacando los síntomas sin tocar la causa.

La política contemporánea refuerza esta confusión. En plena discusión sobre reformas estructurales —la de la salud, la pensional o la laboral— un sector creciente insiste en que la equidad se logra ampliando la intervención estatal. Pero incluso voces internacionales tan diversas como Amartya Sen y Friedrich Hayek coinciden en algo esencial: un Estado que privilegia, segmenta, discrimina o personaliza la ley termina generando más desigualdad que la que pretende corregir. Sen lo explica cuando afirma que las capacidades humanas se fortalecen con instituciones confiables, no con arbitrariedades; Hayek lo advierte al señalar que cuando las leyes dejan de ser generales, lo que se abre es un campo para la captura política. Ambos, desde extremos teóricos muy distintos, coinciden en que la igualdad ante la ley es la base mínima para cualquier noción de justicia.

Pero no hace falta citar a pensadores globales para comprenderlo. En Colombia basta observar cómo opera el poder. Cada vez que un grupo obtiene un régimen especial —sea una exención tributaria para un sector económico influyente, una regulación hecha a la medida de un gremio, o un subsidio que se asigna según criterios políticos y no técnicos— lo que se erosiona no es la desigualdad material, sino la confianza en que todos jugamos en las mismas condiciones. Y la confianza, en un país donde el 62 % de los ciudadanos declara no creer en las instituciones públicas según la Encuesta de Cultura Política del DANE (2023), es un bien cada vez más escaso.

Ahora bien, no se trata de negar que Colombia tiene desigualdades profundas que deben ser enfrentadas. Nadie discute que las brechas en educación, salud, seguridad y oportunidades laborales son estructurales. Pero confundir equidad con igualación de resultados lleva a intervenciones que, lejos de corregirlas, las profundizan. La muestra está en la política tributaria: cada reforma promete justicia social aumentando impuestos a unos y otorgando alivios a otros, pero lo que produce es un sistema cada vez más complejo, más discrecional y más manipulable. Mientras tanto, el ciudadano común se pregunta por qué la DIAN lo persigue por una factura mal reportada mientras grandes actores económicos logran acuerdos, exenciones y tratos especiales invisibles para el resto de la sociedad.

La discusión se vuelve todavía más urgente cuando recordamos que la igualdad ante la ley no es una concesión del poder, sino una defensa contra él. En un Estado donde el gobierno de turno puede usar la ley para beneficiar a sus aliados o castigar a sus críticos, la equidad deja de ser un ideal moral y se convierte en una estrategia de supervivencia democrática. La experiencia reciente de países como Argentina bajo el kirchnerismo, México bajo el obradorismo o Venezuela bajo el chavismo enseña que cuando se sacrifica la igualdad de trato en nombre de la justicia redistributiva, el resultado no es más equidad, sino más arbitrariedad. En todos esos casos, la ley primera se flexibilizó para “corregir desigualdades” y terminó usada para consolidar el poder político.

Volviendo a Colombia, esta tensión es evidente en debates actuales como la discusión sobre los decretos de emergencia, las facultades extraordinarias, las de excepción y las medidas que buscan concentrar decisiones en manos del Ejecutivo. En la práctica, cada flexibilización del marco legal en nombre de la equidad termina debilitando el principio que debería sostener todo el edificio institucional: que nadie, ni gobierno ni ciudadano, está por encima de la ley ni recibe trato especial por su cercanía al poder.

Y cuando esa igualdad se erosiona, lo que surge es lo que vivimos a diario: un país donde la ley es exigente con el ciudadano común y extraordinariamente indulgente con los poderosos; donde las normas se convierten en instrumentos de negociación, no en límites al poder; donde la política pública se diseña no en función del bienestar general, sino de los equilibrios entre grupos de interés. Y al final, la equidad se reduce a una retórica hueca que tapa un sistema de privilegios que todos conocen, pero pocos se atreven a nombrar.

Por eso resulta tan importante aclarar qué entendemos por igualdad en este contexto: no es la igualdad de ingresos, ni de trayectorias vitales, ni de logros individuales. Es una igualdad radicalmente más simple, pero también mucho más exigente: la igualdad en el trato normativo. La igualdad según la cual la ley no distingue entre amigos y adversarios, entre ricos y pobres, entre formales e informales, entre sectores con lobby y ciudadanos sin voz. Una igualdad que no promete resultados, pero sí garantiza reglas claras y sin favoritismos. Y aunque esto suene menos romántico que un proyecto de justicia social amplio, es en realidad la única base firme sobre la cual una sociedad diversa y desigual como la colombiana puede aspirar a una convivencia civilizada.

Quizás el debate sobre equidad no necesite más adjetivos, sino más honestidad intelectual. Porque mientras el país siga creyendo que la justicia se puede fabricar desde un escritorio y no desde un marco legal parejo, repetiremos errores, confundiremos principios y perpetuaremos la desigualdad más dañina de todas: la que otorga poder a quienes pueden moldear la ley a su favor. Y si algo debería recordarnos el presente colombiano, es que sin igualdad ante la ley, la equidad se vuelve una excusa, la política se vuelve un botón y la ciudadanía queda reducida a espectadora de decisiones que jamás la consideran.