Geometría del poder y crisis anunciadas

La economía colombiana vive un tiempo extraño: todos perciben que algo se desordena, pero pocos logran identificar con claridad el origen del problema. Se habla de inflación, de desaceleración, de déficits crecientes, de reformas que no caminan, de programas sociales que prometen más de lo que logran, pero casi nadie se atreve a reconocer que el fondo de la discusión no es técnico, sino lógico. La realidad económica no funciona por consignas ni por voluntarismo político; responde a leyes más profundas, tan inamovibles como las reglas geométricas. Esta es la intuición central de la tradición misiano-rothbardiana: la economía es la ciencia de la acción humana, la praxeología, una estructura de deducciones que explica por qué actuamos como actuamos y por qué ciertas políticas, aunque pretendan justicia o igualdad, terminan inevitablemente en efectos contrarios. Colombia ofrece hoy un laboratorio involuntario de estas tensiones, y al mismo tiempo un testimonio de que las advertencias de la teoría se cumplen con inquietante precisión.

Todo parte de una idea sencilla: cada persona actúa para mejorar su situación, y cada acción tiene costos que no vemos directamente pero que condicionan todo. En un país donde la informalidad laboral supera el 55 % según el DANE y donde el desempleo juvenil ronda el 17 %, el costo de oportunidad no es un concepto abstracto: es la diferencia entre emprender o caer en la dependencia estatal, entre contratar formalmente o asumir las cargas tributarias y regulatorias que hacen inviable generar empleo. Cuando un pequeño empresario de Barranquilla afirma que contratar un trabajador formal le cuesta casi el doble de su salario en cargas, lo que realmente está diciendo es que la estructura institucional del país ha encarecido la acción productiva. No es falta de voluntad; es pura lógica económica: si el costo de actuar supera el beneficio esperado, la acción se detiene. No hay decreto capaz de modificar esa ley.

Pero los costos no son solo laborales. También existen incentivos poderosos que moldean nuestra conducta diaria. Cada política pública altera el mapa de beneficios y castigos bajo el cual deciden los ciudadanos. Cuando en Bogotá se imponen restricciones y trámites que pueden tardar hasta un año para obtener una licencia de construcción, no es casual que la oferta de vivienda caiga mientras los precios suben por encima del ingreso promedio. Es una consecuencia necesaria: si se dificulta construir, la escasez aumenta. Lo sabía Milton Friedman, lo advertía Mises y lo ha repetido en Colombia el exministro Rudolf Hommes: cualquier intervención que perturbe la señal de los mercados producirá efectos adversos, incluso si se hace con las mejores intenciones sociales. La lógica es más poderosa que el discurso.

En este punto aparece el papel de los precios como brújula de una economía compleja. En Colombia, donde el costo de la energía ha fluctuado de forma dramática por regulaciones cambiantes, subsidios insostenibles y controles mal diseñados, el resultado ha sido una mezcla de incertidumbre y sobrecostos que golpean especialmente a los hogares de ingresos bajos. Los precios no son enemigos del pueblo; son información condensada sobre la realidad. Cuando se manipulan para intentar proteger al consumidor, el efecto a largo plazo suele ser peor que el problema original. La escasez de medicamentos reportada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en 2024 es prueba de ello: controles, trámites y topes administrativos que pretendían “garantizar acceso digno” terminaron desincentivando la importación y producción. La praxeología lo habría anticipado: interferir en las señales del mercado oscurece el camino de la cooperación social.

El dinero, además, juega un papel central en este drama. Colombia ha vivido en los últimos años tensiones inflacionarias que no se explican solamente por factores internacionales. Entre 2021 y 2023 la inflación acumulada superó el 26 %, según el Banco de la República, erosionando los ingresos reales y profundizando la sensación de estancamiento. Pero más allá de cifras, lo importante es comprender la raíz: cuando se expande el crédito artificialmente, cuando el gasto público crece sin respaldo productivo, cuando la política monetaria se usa para suavizar tensiones fiscales, el resultado es un ciclo de auge y corrección. No es un accidente; es una consecuencia. Mises lo explicaba como una secuencia inevitable: estímulos artificiosos crean distorsiones en la estructura productiva que tarde o temprano deben corregirse. No es necesario predecir el día exacto en el que ocurre la crisis; basta con reconocer que ocurre porque el proceso es lógicamente insostenible. En Colombia, donde el déficit fiscal ha rondado el 4,3 % del PIB y la deuda pública supera el 60 %, no es difícil entender que el país opera sobre tensiones acumuladas que ningún discurso puede borrar.

Las restricciones políticas completan el cuadro. Aunque los gobiernos proclamen su deseo de equidad, prosperidad y justicia social, están sujetos a las mismas limitaciones lógicas que constriñen a cualquier actor económico. Ninguna política pública puede anular la escasez, ni los incentivos, ni las señales del mercado, ni la naturaleza del dinero. Cuando la reforma laboral prometía aumentar los ingresos de los trabajadores mediante rigideces adicionales, la propia ANDI advertía que eso destruiría entre 450.000 y 800.000 empleos potenciales. No porque la empresa colombiana “sea egoísta”, sino porque las reglas de la acción humana hacen que, si se encarece contractual y legalmente la contratación, el empleo se retrae. Es la geometría moral del mercado: alterar uno de sus ángulos distorsiona toda la figura.

Más allá de izquierda o derecha, lo que Colombia enfrenta hoy es un conflicto entre dos formas de entender la economía: una que cree que puede rediseñarla desde arriba con decretos y reformas, y otra que reconoce que la sociedad es el resultado espontáneo de millones de decisiones individuales guiadas por señales y restricciones que ningún gobernante puede reescribir. En este sentido, tanto Mises como Rothbard coincidirían en que la mayor crisis colombiana no es la falta de recursos ni de voluntad política, sino la persistencia en ignorar las leyes lógicas de la acción humana. Una sociedad que trata de legislar contra la realidad termina atrapada en un círculo de frustración y consecuencias no deseadas.

Y es aquí donde Colombia debe decidir si continúa por el camino de intentar controlar cada precio, cada salario, cada sector y cada transacción, o si reconoce que la prosperidad se construye cuando se libera la capacidad creativa de la población, se respeta la estabilidad monetaria y se dejan actuar los mecanismos naturales de coordinación del mercado. El país necesita debates profundos, no consignas; necesita comprender que la economía no es un campo de batalla ideológico, sino una estructura lógica que castiga los errores y premia la sensatez. En un tiempo donde el ruido político domina la conversación pública, recordar que la economía funciona como una geometría del comportamiento humano es un acto de realismo y, quizá, de esperanza.

Porque en Colombia aún es posible corregir el rumbo, pero solo si aceptamos que la única lucha que no puede ganarse es la lucha contra las leyes inexorables de la acción humana. Mises y Rothbard no ofrecían profecías del día del colapso; ofrecían advertencias. Hoy esa advertencia resuena más fuerte que nunca: no necesitamos adivinos, necesitamos entendimiento. Y esa comprensión, incómoda pero liberadora, puede ser la pieza que le falta al país para comenzar a reconstruir su camino hacia una verdadera prosperidad.