El espejismo del empleo

Cuando el gobierno celebra la caída de la tasa de desempleo, muchas veces la ovación pública responde a una estadística—un número redondo que cabe en un titular—y no a una transformación real en la calidad del tejido productivo. En Colombia, como en otras economías con fuerte presencia estatal, la reducción aparente del desempleo puede ocultar un fenómeno menos noble: la sustitución de trabajo productivo por ocupación administrada. Lo que se registra como “empleo” en una encuesta puede, en la práctica, ser una nómina financiada por el Estado, una formalización burocrática, o plazas creadas por políticas públicas que resuelven problemas fiscales temporales de imagen política pero no restauran la dignidad ni la autonomía del trabajo.

Las cifras más recientes deben leerse con cuidado. El DANE informó una caída sostenida de la tasa de desocupación, que en septiembre de 2025 se situó alrededor de 8,2% en el agregado urbano, un dato que muchos interpretaron inmediatamente como prueba de recuperación (DANE, septiembre 2025). Sin embargo, ese mismo periodo mostró una composición del empleo donde la administración pública aparece entre los sectores con mayor crecimiento de ocupados: el empleo en la administración pública y defensa, así como en actividades de servicios asociados al Estado, ha sido un vector relevante en la creación de puestos de trabajo (Ministerio o entidades sectoriales, 2024–2025). Y la Función Pública, por ejemplo, ha reportado la creación y formalización de decenas de miles de cargos en la administración central en los años recientes, cifras que, si bien dignifican a quienes ingresan, también alteran la interpretación del mercado laboral como motor autónomo de empleo. Esta distorsión no es inocua: cuando el Estado pasa a ser el empleador por defecto, la línea entre empleo real y empleo instrumental se vuelve borrosa.

Es clave distinguir entre empleo y trabajo productivo. El primero es una categoría estadística; el segundo, un concepto económico y social con raíces en la creación de valor. Un puesto en el sector público puede ser perfectamente legítimo y necesario—médicos, maestros, jueces son trabajos que la sociedad necesita y que muchas veces no serían provistos de forma privada con igual accesibilidad. Pero la crítica surge cuando la intervención estatal crea plazas que responden más a lógicas de sostenimiento del gasto público, control político o parche temporal de indicadores que a la provisión eficiente de bienes y servicios. En ese escenario, la “formalización” (convertir relaciones precarias en contratos) pierde su contenido emancipador y se transforma en un mecanismo para inflar cifras: se disminuye el desempleo pero no necesariamente se incrementa la productividad ni la capacidad de las familias para generar autonomía económica.

Esta tensión tiene consecuencias distributivas. Los impuestos que financian el aumento de la planta estatal provienen, en última instancia, de la actividad productiva y del empleo privado. Si la caja pública se agranda para sostener nóminas que no multiplican la riqueza general, el resultado es una transferencia indirecta desde trabajadores productivos (o futuros emprendimientos) hacia empleos cuya justificación es más administrativa que económica. El ciclo se retroalimenta: regulaciones que favorecen la expansión del aparato público se justifican con el argumento de “crear empleo”, y ese empleo, financiado con tributos, reduce el espacio para inversión privada y para que los emprendedores asuman riesgos, contraten y escalen. En palabras simples: se paga empleo con recursos que podrían haber generado empleo verdadero si se hubiesen dejado en manos del mercado.

Más aún, la narrativa política que equipara regulación con moralidad dificulta el debate sobre calidad institucional. A menudo se presenta la intervención pública como un signo de sensibilidad social: “más empleos, más bienestar”. Pero confundir ocupación con prosperidad es retroceder en la comprensión económica básica: el crecimiento sostenible nace de la acumulación de capital, la innovación y la asignación eficiente de recursos, no de la multiplicación de puestos que no mejoran la productividad. La regulación que busca imponer empleos por decreto puede, paradójicamente, minar la libertad económica que permite a los individuos crear valor mediante el intercambio voluntario, la especialización y la experimentación empresarial.

Esto no es un discurso abstracto. En las calles y plazas del país se sienten los efectos. Una microempresa en Barranquilla que busca formalizarse encuentra cargas administrativas y tributarias que encarecen su plan de inversión; una pyme en Bogotá evalúa la contratación frente al costo de las prestaciones y la presión para cumplir con cuotas de empleo público local; un joven profesional en Medellín ve ofertas en la administración como la opción más segura, no porque sea más productiva, sino porque el mercado privado parece inaccesible o demasiado riesgoso. El resultado es una economía donde la seguridad se confunde con la inercia: se contrata para proteger un ingreso, no para impulsar proyectos escalables. La victoria estadística del descenso en la desocupación oculta un empobrecimiento de la cultura laboral: menos riesgo, menos innovación, menos posibilidad de que el trabajo recupere su dignidad profunda, la que nace de crear valor y no de simplemente ocupar un lugar en una nómina.

Hay, por supuesto, ejemplos internacionales que iluminan esta discusión. Gobiernos de distintas tendencias han usado el empleo público como herramienta de estabilización o de cooptación social. En algunos casos, la creación masiva de plazas ha servido para sostener el consumo en periodos de crisis; en otros, ha sido la antesala de clientelismos. Sin embargo, también existen experiencias donde la política pública ha logrado combinar estabilidad con fomento a la iniciativa privada: reformas laborales que reducen fricciones de contratación, incentivos fiscales temporales para la formalización productiva, apoyo a la capacitación y al acceso al crédito para microempresas. La diferencia clave radica en si la intervención del Estado es complementaria al mercado (facilitando que los actores privados creen empleo) o sustituta de éste (el Estado se convierte en el empleador por defecto y absorbe la función de asignación de recursos).

El debate en Colombia debe, por tanto, moverse hacia políticas que reconozcan tres verdades incómodas: la primera es que no todo empleo es progreso; la segunda, que la formalización estatista no sustituye la necesidad de dinamizar la economía productiva; la tercera, que la dignidad del trabajo se restituye cuando existe espacio para crear, intercambiar y fracasar. Permitir el fracaso es, paradójicamente, restaurar la posibilidad del éxito: sin la libertad de equivocarse, la innovación se apaga. Un país que protege el error creativo también está protegiendo el surgimiento de empresas que contratan, pagan impuestos y reinvierten en la comunidad.

Las políticas públicas pueden y deben diseñarse para alinear incentivos: reducir cargas administrativas y costos de entrada para nuevas empresas; focalizar transferencias hacia capacitación y capital semilla en lugar de plazas permanentes de bajo impacto; emplear la compra pública como palanca para que proveedores privados escalen; replantear la rigidez estatutaria que encarece la contratación privada sin mejorar productividad. Y, cuando el Estado cree empleos directos, que éstos respondan a necesidades genuinas y medibles de la sociedad: salud, educación, justicia, infraestructura social. Si se hacen bien, esos empleos no serán un maquillaje estadístico sino una inversión en capacidades colectivas.

Finalmente, la conversación pública requiere honestidad intelectual. Es legítimo que un gobierno busque reducir la desocupación; pero esa ambición no exime del deber de explicar cómo se logra y con qué costos. Los ciudadanos merecen saber cuántos empleos son resultado de la dinamización del mercado y cuántos provienen de la expansión de la nómina pública. Merecen evaluar si la caída en la tasa de desempleo viene acompañada de aumento en la productividad por trabajador, en la tasa de inversión privada y en la creación neta de empresas que sobreviven más allá del primer año. Sin esa claridad, la política laboral corre el riesgo de convertirse en espectáculo: luces sobre el escenario mientras la maquinaria productiva sigue sin recibir recursos para innovar.

Colombia necesita un debate profundo y desapasionado sobre la naturaleza del empleo y el papel del Estado. No se trata de demonizar la administración pública ni de negar el valor de la protección social; se trata de enfocar las políticas hacia aquello que realmente potencia la libertad económica y, con ella, la dignidad del trabajo. Si queremos que el trabajo recupere su valor central —no como ocupación estadística, sino como motor de bienestar— debemos volver a priorizar la creación de condiciones para que las personas puedan emprender, intercambiar y, sí, fracasar. Sólo en ese terreno, duro y abierto al riesgo, florece el empleo que dignifica y transforma.