Descentralizar o morir: la vacuna institucional contra el contagio ideológico

La victoria de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York no es, y no debe leerse como, la llegada inminente de un socialismo triunfante que vaya a barrer con la economía de mercado de un país entero (Reuters, 2025). Es, más bien, la evidencia habitual de que en las grandes ciudades —acostumbradas a problemáticas de vivienda, desigualdad y servicios públicos— florecen propuestas fuertes que capitalizan el descontento por la incapacidad de los gobiernos locales y nacionales para ofrecer soluciones creíbles. Que un candidato joven y carismático gane una ciudad demócrata habla de dinámicas urbanas, crisis de representación y ciclos de renovación política; no demuestra, por sí solo, la superioridad o la inevitabilidad de una doctrina económica. No obstante, esa lectura neutral no debe llevarnos a la complacencia: la profundización de políticas públicas mal diseñadas sí puede erosionar la prosperidad material de millones si los votantes y las instituciones lo permiten.

En Colombia ese riesgo tiene un remedio institucional concreto y, paradójicamente, técnico: la descentralización fiscal y administrativa real. Decir que la descentralización es una vacuna contra el «cáncer» del socialismo —para usar la imagen que propusiste— no es una metáfora vacía; es sostener que un orden político-económico que permite competencia entre territorios por atraer inversión, talento y residentes crea incentivos para la eficiencia, la responsabilidad y la variedad institucional. En sociedades altamente centralizadas, las promesas de soluciones uniformes desde la capital suelen ser atractivas: se presenta al Estado central como la única palanca capaz de corregir desigualdades. Pero esa concentración de poder también facilita que agendas con gran impacto redistributivo y regulatorio se propongan de forma homogénea y a gran escala, con el riesgo de generar distorsiones económicas difíciles de corregir.

Colombia no es una excepción frente a estos dilemas. A pesar de reformas y esfuerzos de las últimas décadas, gran parte del gasto público territorial sigue condicionada por transferencias desde la Nación; numerosos municipios recaudan proporciones muy menores de sus propios ingresos y dependen de esquemas como el Sistema General de Participaciones (SGP) y las regalías para sostener servicios básicos (World Bank; DNP). Esa fragilidad fiscal subyace a la incapacidad de muchas regiones para ofrecer bienes públicos de calidad, atraer inversión privada o sostener planes de desarrollo autónomos (World Bank; OECD, 2024). En ese contexto, una política centralizada ambiciosa —por ejemplo, aumentos generalizados de impuestos o intervenciones extensas en mercados urbanos— puede producir efectos homogéneos que castiguen la actividad productiva sin ofrecer alternativas locales que compitan y experimenten soluciones distintas.

La idea de competencia fiscal entre territorios —que para algunos suena cruda o incluso brutal— no es un exceso neoliberal descarnado; es un mecanismo disciplinador. En Estados Unidos hemos visto, de forma repetida, cómo flujos de población y capital responden a marcos fiscales y regulatorios. Entre 2020 y 2024, por ejemplo, existió un notable movimiento interno hacia estados con políticas fiscales menos gravosas (Tax Foundation; U.S. Census Bureau): Texas y Florida captaron grandes cuotas de migración interna en esos años, impulsadas por factores que incluyen impuestos más bajos, menores costos regulatorios y, en algunos casos, condiciones de mercado laboral y de vivienda más favorables (Tax Foundation, 2025; Census, 2024). Esa capacidad de «votar con los pies» obliga a los gobiernos locales a competir por residentes y empresas, y por ende a ofrecer mejores condiciones para la inversión y la vida cotidiana. En otras palabras: descentralización con competencia es un correctivo institucional a la complacencia pública.

Aplicado a Colombia, esto sugiere varias reformas concretas que conviene debatir sin caricaturas ideológicas. Primero, ampliar la autonomía tributaria de departamentos y municipios, acompañada de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que eviten la captura local. Segundo, rediseñar las transferencias intergubernamentales para que no reproduzcan dependencias estáticas —es decir, que incentiven la generación de base impositiva local y la inversión privada— y para que existan reglas claras que premien la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión pública (World Bank; OECD, 2024). Tercero, permitir mayores grados de experimentación en regulación laboral, productos agroindustriales y políticas de planeación urbana, de modo que regiones con ventajas comparativas puedan explorar modelos distintos de desarrollo sin que una política única imponga costos homogéneos a economías heterogéneas.

Estos cambios no son triviales ni exentos de riesgos. La evidencia empírica sobre la descentralización en Colombia muestra resultados mixtos: bien diseñada, puede mejorar la provisión de bienes públicos y el crecimiento regional; mal calibrada, puede agravar desigualdades y generar desequilibrios fiscales (Lozano y Julio; OECD). Por eso la receta no puede ser un simple mantra: «más autonomía». El diseño institucional debe acompañarse de normas que limiten externalidades: reglas para evitar la competencia depredadora —por ejemplo, exenciones fiscales agresivas que descargan la carga sobre otros territorios—; mecanismos de solidaridad horizontal que mitiguen asimetrías históricas; y sistemas que midan y premien el desempeño (DNP; BanRep). La polémica en torno a la descentralización en Colombia no es nueva: la reforma de transferencias propuesta en años recientes avivó justamente ese debate entre fortalecer el gasto territorial y preservar la sostenibilidad fiscal nacional (Américas Quarterly, 2024).

Conviene además aclarar un punto conceptual que con frecuencia distorsiona la discusión: descentralizar no equivale a debilitar el Estado o a renunciar a políticas redistributivas. Al contrario, puede fortalecer la legitimidad de la acción pública porque acerca la responsabilidad al ciudadano. Cuando un alcaldía o un gobernador decide políticas y luego rinde cuentas por ellas —con capacidad de variar impuestos, de diseñar regulaciones y de competir por inversión— la política deja de ser un monólogo tecnocrático desde una capital distante y se convierte en una conversación continua entre ciudadanos, empresas y gobiernos locales. Esa dinámica potencia la innovación institucional: municipios que logran atraer firmas tecnológicas experimentan modelos de planeación distintos a los de municipios cuya vocación es agroindustrial; en competencia, ambos sectores se ven forzados a mejorar.

La experiencia comparada también aconseja prudencia en la promesa de la descentralización como panacea. Países que crecieron a la sombra de federaciones exitosas tenían, además, instituciones de mercado robustas, acceso financiero profundo y un entramado legal que protege la inversión privada y la propiedad. Colombia necesitaría reforzar al mismo tiempo el acceso a crédito para las pymes regionales, la seguridad jurídica de los contratos y la modernización catastral para ampliar su base impositiva local (World Bank; BanRep). Sin esos complementos, la autonomía se reduce a competencia por renta fácil o a clientelismo local, y entonces la descentralización puede empeorar la inequidad.

¿Por qué todo esto es relevante frente a la aparición de figuras como Mamdani en grandes ciudades occidentales? Porque la política se mueve en dos planos: el simbólico y el institucional. En el plano simbólico, una victoria progresista en una metrópoli alimenta discursos sobre alternativas globales; en el plano institucional, el impacto real depende de la capacidad de los gobiernos locales para transformar promesas en políticas y de la resistencia o adaptabilidad del ecosistema económico. Si una ciudad con instrumentos fiscales y administrativos débiles decide congelar rentas, nacionalizar servicios o imponer impuestos a la inversión sin contrapartidas, los efectos serán agudos y podrían refractarse más allá de sus límites. Pero si las regiones compiten y los ciudadanos pueden elegir su ambiente regulatorio y fiscal, los errores locales se corrigen con mayor rapidez porque los agentes económicos y las personas se reubican o premian a aquellas jurisdicciones que funcionan mejor (Tax Foundation; Census).

En la coyuntura colombiana actual —marcada por debates sobre reformas, presión fiscal y una necesidad imperiosa de atraer inversión y empleo— proponer la descentralización es, sobre todo, proponer un cambio en las reglas del juego que devuelva sentido práctico a la libertad ciudadana: libertad de elección de dónde vivir, producir y emprender. Esto no elimina la necesidad de políticas nacionales que atiendan externalidades (como seguridad, infraestructura de escala y políticas macroeconómicas responsables), pero las complementa con la ventaja de la diversidad institucional. La competencia entre territorios no garantiza, por sí sola, que todos prosperen, pero sí pone a prueba la capacidad de los gobiernos para rendir cuentas y mejorar.

Finalmente, el debate debe trascender las etiquetas fáciles. Luchar contra la expansión de propuestas públicas que prometen resultados mágicos no es, necesariamente, odio al cambio; es un llamado a que el cambio esté anclado en instituciones que permitan innovación, corrección y libertad económica. Si los políticos colombianos que verdaderamente desean progreso adoptan la descentralización como eje —no como excusa para desatender la solidaridad ni para abdicar del diseño regulatorio— pueden convertirse en gestores de una competencia que premie la eficiencia y la calidad de vida. Si no lo hacen, el riesgo no será únicamente la llegada de un socialismo urbano aquí o allá, sino la persistencia de un Estado centralizado incapaz de generar soluciones localizadas y sostenibles.

La lección práctica es clara: construir vacunas institucionales es más eficaz que declarar virus imaginarios. La descentralización, bien diseñada, es esa vacuna. Pero requiere honestidad intelectual: medir riesgos, establecer reglas, proteger a los vulnerables y garantizar que la competencia no sea sinónimo de abandono. Ese es el verdadero debate que Colombia necesita hoy —no la histeria por una elección en Nueva York, sino la ambición de transformar nuestra arquitectura política para que la gente pueda elegir, con consecuencias reales, dónde vivir y cómo emprender.