Deja de celebrar impuestos

Cada vez que un político promete quitar un impuesto en Colombia, el ciudadano prudente debería desconfiar. En la historia fiscal de nuestro país, la eliminación de un tributo rara vez ha significado una reducción real en la carga impositiva. Casi siempre, esa eliminación viene acompañada de otro impuesto con distinto nombre, diferente justificación o apariencia de equidad. En el fondo, el Estado colombiano ha consolidado una práctica silenciosa pero constante: nunca pierde. Si no cobra por un lado, encuentra rápidamente cómo hacerlo por otro. Esta lógica no es un error de cálculo, es una forma de control. En Colombia, el Estado se ha acostumbrado a ser un socio obligatorio en todos los negocios, un tercero que siempre debe ganar, aun cuando no produzca nada.

Durante décadas, los gobiernos —sin importar su ideología— han utilizado el discurso de la justicia social para justificar la creación de nuevos tributos. Cada nuevo impuesto se presenta como una medida de equidad, como un esfuerzo colectivo para corregir las desigualdades del mercado o financiar el gasto público en beneficio de los más vulnerables. Pero en la práctica, esa narrativa esconde un mecanismo de dominación política y económica: recaudar más para mantener los privilegios de la burocracia, sostener estructuras clientelistas y distribuir favores disfrazados de programas sociales. Los impuestos en Colombia no son instrumentos de desarrollo, sino la gasolina de un modelo político que necesita gastar cada vez más para justificar su existencia.

En los últimos años, mientras el país enfrenta un crecimiento económico inestable, inflación persistente y un déficit fiscal que supera los límites prudentes, el gobierno ha insistido en que aumentar la recaudación es el único camino hacia la equidad. Sin embargo, los datos muestran una paradoja evidente: aunque la DIAN ha incrementado significativamente el recaudo, la percepción de bienestar no mejora. Los servicios públicos se deterioran, la inversión extranjera disminuye y la informalidad laboral se mantiene por encima del 55 %. Si el Estado fuese eficiente, esos recursos adicionales deberían traducirse en mejores escuelas, hospitales y carreteras. Pero no ocurre así. La corrupción, la ineficiencia administrativa y la falta de evaluación del gasto convierten los impuestos en un tributo al desperdicio.

Los políticos defienden sus reformas fiscales prometiendo que afectarán a los más ricos, pero en la práctica la carga termina sobre los hombros de la clase media y los sectores productivos. Cuando suben los impuestos a las empresas, éstas trasladan el costo al consumidor. Cuando aumentan los tributos a la renta, el capital busca otros destinos. Y cuando se gravan los aranceles o se imponen nuevos impuestos al consumo, son los hogares de ingresos medios y bajos los que pagan la cuenta. Es un círculo vicioso: el Estado dice buscar justicia, pero termina castigando la productividad, el ahorro y la inversión, es decir, las tres bases que sostienen el crecimiento económico.

El problema es que la ciudadanía ha sido entrenada para aceptar esta lógica. Nos han convencido de que más impuestos significan más justicia, y que quien se opone a ellos es egoísta o insensible. Pero la verdadera insensibilidad es la de una clase política que administra el dinero ajeno con despreocupación y exige sacrificios a los demás mientras mantiene sus privilegios intactos. Es más fácil crear un nuevo impuesto que desmontar un gasto innecesario; más rentable recaudar que reformar; más cómodo prometer que gestionar. Por eso, cuando un gobierno anuncia que eliminará un tributo y lo reemplazará por otro, lo que en realidad comunica es que no está dispuesto a reducir el tamaño del Estado ni a renunciar al poder que le da controlar el dinero de los demás.

En el fondo, el debate no es técnico, es ético. ¿Debe el Estado tener derecho ilimitado a intervenir en las relaciones voluntarias entre los ciudadanos para apropiarse de una parte de lo que producen? Adam Smith advertía en el siglo XVIII que la riqueza de una nación no depende de lo que recauda el Estado, sino de lo que permite producir a su gente. Milton Friedman, en el siglo XX, insistía en que cada dólar que el gobierno gasta fue antes ganado por alguien más y que, por tanto, el gasto público debe justificarse como si cada peso saliera del propio bolsillo. Ambos coincidirían en que la función del gobierno no es administrar la economía, sino garantizar las condiciones para que la libertad y la productividad florezcan.

Sin embargo, en Colombia, la política tributaria se ha convertido en una herramienta de poder, no de progreso. Las llamadas “reformas estructurales” terminan siendo remiendos de corto plazo que mantienen intacta la raíz del problema: un Estado que gasta más de lo que produce y que necesita cobrar más para sostener su ineficiencia. En lugar de revisar el gasto, se castiga al que produce; en lugar de simplificar el sistema tributario, se multiplica; y en lugar de fortalecer la transparencia, se normaliza el despilfarro. Mientras tanto, los ciudadanos se acostumbran a la resignación: pagan, se quejan y siguen pagando.

Pero hay una alternativa posible. Colombia podría avanzar hacia un modelo más racional si se concentrara en reducir los impuestos a la renta y los aranceles, simplificar el sistema tributario y exigir eficiencia en el gasto público. Esto implicaría una transformación institucional profunda, capaz de limitar la expansión burocrática y priorizar la inversión productiva sobre el asistencialismo. No se trata de eliminar el Estado, sino de redefinirlo. De exigirle que cumpla con lo esencial —educación, justicia, seguridad e infraestructura— sin invadir todos los espacios de la vida económica.

La verdadera justicia social no se logra aumentando impuestos, sino generando condiciones para que más personas produzcan, emprendan y progresen sin depender del favor estatal. Cada peso que se queda en el bolsillo del ciudadano es un voto de confianza en su libertad y en su capacidad de decidir qué hacer con el fruto de su trabajo. Cada impuesto nuevo, en cambio, es una confesión de desconfianza: el Estado asume que sabe gastar mejor que quienes producen.

Por eso, dejar de celebrar la eliminación de un impuesto no significa resignarse, sino despertar. Significa entender que los gobiernos nunca renuncian al poder de recaudar, solo lo reorganizan. Que detrás del discurso del bien común suele esconderse el interés político. Y que un país no progresa cuando el Estado crece, sino cuando sus ciudadanos son libres de crear riqueza sin miedo a ser castigados por hacerlo.

En Colombia, debemos empezar a exigir algo más ambicioso que una simple reforma tributaria: una reforma moral. Un cambio de mentalidad que entienda que el dinero público no es del Estado, sino del pueblo, y que el deber del gobierno no es buscar nuevas fuentes de recaudo, sino aprender a gastar con decencia, responsabilidad y resultados. Solo así podremos dejar de aplaudir los falsos actos de generosidad fiscal y empezar a construir un país donde la libertad económica sea, al fin, el verdadero motor del bienestar.