Cuando el Estado se come el almuerzo de los niños

En Colombia, la indignación ante la miseria y la corrupción no es una paradoja menor: es una herida abierta que late cada vez que una política pública diseñada para proteger a la infancia termina coronada por titulares de escándalo. Hablo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las banderas más visibles de la política social, cuyo objetivo formal —garantizar una ración diaria y nutritiva a niñas, niños y adolescentes— choca de frente con una realidad que, en demasiadas ocasiones, demuestra ser la antítesis de su propósito. Los recursos existen en los papeles, en los actos administrativos, en el presupuesto aprobado. Pero en el plato del estudiante muchas veces no aparece aquello que debería llegar. Esta discrepancia no es una falla técnica accidental: es un síntoma de cómo los incentivos institucionales y las redes clientelistas convierten un programa social en un botín.

No pretendo negar el problema real del hambre o la vulnerabilidad en comunidades rurales y urbanas; por el contrario, acepto que el Estado debe responder por la protección de la infancia. Lo que discuto es la arquitectura institucional que hoy hace al PAE vulnerable a la captura política. El sistema actual —dinero público que viaja desde el Ministerio a gobernaciones, alcaldías y contratistas— crea un corredor de opacidad donde el control efectivo se diluye. En cada eslabón aparecen incentivos perversos: reducir la calidad para aumentar márgenes, contratar proveedores vinculados a redes políticas o diseñar pliegos a la medida de empresas amigas. El resultado es conocido: alimentos en mal estado, raciones insuficientes o ausencia de operación en territorios enteros.

Quienes defienden la continuidad del PAE tradicional suelen apelar a la idea de que el gasto público es la única forma confiable de asegurar cobertura universal y equidad. Esa defensa tiene una lógica política comprensible, pero falla si se evalúa por resultados y por costos institucionales. Según la Contraloría General de la República, entre 2018 y 2023 más del 40% de los departamentos presentaron irregularidades en la ejecución del PAE. En algunos casos se han hallado contratos con sobrecostos superiores al 30%, y en otros, alimentos vencidos o inexistentes. El escándalo más recordado, en La Guajira, reveló que las raciones prometidas jamás se entregaron, mientras los contratistas acumulaban fortunas. No es un caso aislado, es un patrón. Los niños no están recibiendo comida, pero los políticos sí están recibiendo contratos.

Pero antes de abrazar la tesis maximalista de “eliminar el PAE”, es útil desagregar la propuesta: lo que se plantea no es la negación del deber social, sino la reconceptualización de la prestación. Cancelar un programa mal diseñado no significa abandonar a los niños; significa replantear cómo se aseguran sus derechos. Las alternativas técnicas no son utópicas: transferencias monetarias directas a las familias, bonos canjeables por alimentos en proveedores certificados, alianzas con bancos de alimentos y organizaciones comunitarias o modelos de co-gestión donde las juntas de padres y las organizaciones locales administren la compra y la preparación con auditoría social. Experiencias comparadas en América Latina han mostrado que las transferencias bien diseñadas reducen fugas administrativas y mejoran la focalización cuando se implementan junto con sistemas robustos de identificación y control.

Los defensores del statu quo argumentarán que las transferencias pueden estimular el mercado de alimentos (subsidios indirectos) y que no hay garantías de que la familia destine el dinero a la alimentación escolar. Esta preocupación es legítima, pero ignora dos realidades. La primera es que la política pública debe medirse por eficiencia y resultados, no por rituales administrativos: si una transferencia condicionada o un bono garantizan que el niño reciba nutrientes, entonces cumplen con la finalidad del gasto público. La segunda es técnica: los sistemas modernos de pago y verificación permiten diseñar condicionamientos que obliguen a la familia a reportar la utilización o a asociar el beneficio a la permanencia escolar. Además, los modelos híbridos pueden incorporar cláusulas que orienten la compra hacia productores locales, fortaleciendo cadenas alimentarias y reduciendo el riesgo de monopolios de contratistas ligados a la política. Esto transformaría el problema: de un botín centralizado a una red de oportunidades económicas locales con transparencia y responsabilidad directa.

También debemos mirar el tema desde la ética pública: el ciudadano colombiano no puede ser doblemente penalizado. Hoy se le exige pagar impuestos para sostener un programa y, al mismo tiempo, soportar la pérdida económica derivada de la corrupción que aquel posibilita. Esa “doble carga” no solo erosiona la confianza en el Estado, sino que destruye tejido cívico: las buenas intenciones públicas se traducen en cinismo y en resignación. Un Estado que incumple con la función esencial de proteger a su infancia, y que además deja evidencia de mala gestión, pierde legitimidad moral y política. En ese sentido, la discusión técnica se convierte en una demanda ética: justicia distributiva y responsabilidad fiscal deben converger. La transparencia y la auditoría social son indispensables, pero no suficientes si el diseño institucional sigue privilegiando la concentración de decisiones en manos de funcionarios permeables a la política clientelar.

Es importante reconocer la heterogeneidad territorial. La crisis del PAE no se manifiesta igual en Bogotá que en La Guajira o en municipios rurales con poblaciones indígenas. En regiones donde la pobreza extrema y la falta de infraestructura agravan el hambre, el fracaso institucional es aún más evidente. El Estado colombiano parece olvidar que la centralización de los contratos castiga la autonomía local y el conocimiento de las realidades específicas. La respuesta pública no puede ser homogénea: requiere instrumentos flexibles que permitan soluciones locales, lideradas por comunidades, con garantías nacionales de financiamiento y monitoreo. Esa subsidiariedad, sin embargo, demanda marcos claros de transparencia y sanción efectiva para los malos gestores.

Podrán objetar que esta postura abre la puerta a la privatización de un derecho: no es así. Replantear el mecanismo de entrega no es privatizar la alimentación; es desmonopolizar su provisión y someterla a reglas públicas de rendimiento y control. En sociedades donde el Estado ha sido capturado por redes clientelares, abrir la gestión a mecanismos privados, cooperativos o comunitarios puede ser un antídoto contra la corrupción. Pero incluso sin llegar a eso, hay una alternativa poderosa: invertir directamente en capacidades locales —bancos de alimentos, cooperativas escolares, huertas comunitarias, compras públicas a pequeños productores— acompañadas por auditoría ciudadana y tecnología que garantice trazabilidad. No es una salida mágica, pero reduce el número de intermediarios y pone el foco en la entrega efectiva del bien público.

Finalmente, todo cambio requiere un pacto político y social. El debate no es simplemente técnico; es un desafío a la cultura política colombiana: ¿queremos perpetuar programas que sirven más a la lógica del poder que a la urgencia humana, o preferimos rediseñar la política social para que su corazón sea el derecho y no la rentabilidad política? Cambiar el PAE implica enfrentar resistencias —desde contratistas hasta gestores locales que se benefician del statu quo—, pero también abre la posibilidad de reconstruir confianza. Para avanzar, se necesitan pasos concretos: auditorías independientes, pilotos de transferencias en contextos controlados, fortalecimiento de sistemas de información, incentivos para la compra local y participación activa de comunidades y familias en el control. No es una receta sencilla, pero preferiría mil veces un experimento auditable que la continuidad ciega de un mecanismo que alimenta la corrupción.

No se trata de celebrar el “fin” del PAE por el puro placer de la polémica. Se trata de reubicar la preocupación moral donde debe estar: en garantizar que cada peso destinado a la infancia cumpla su objetivo. Si la política pública no trae resultados medibles —niños mejor nutridos, mayor retención escolar, fortalecimiento de economías locales— entonces estamos simplemente perpetuando un rito que disfraza la transferencia de riqueza hacia redes privadas. En Colombia, donde la desigualdad y la protección de la infancia son temas constitucionales, cualquier defensa del programa debe estar sustentada en evidencia y en responsabilidad. Si el diseño actual no lo garantiza, la opción responsable no es aplaudirlo, sino rediseñarlo o remplazarlo por mecanismos que realmente pongan el plato, la dignidad y la equidad por delante de los intereses políticos.