No idolatres al Estado

Hace dieciséis siglos, San Agustín relató una escena tan poderosa como vigente. Un pirata capturado por Alejandro Magno fue interrogado por el rey, quien le preguntó qué pretendía al apoderarse del mar. El pirata respondió con audacia: “¿Qué pretendes tú al apoderarte de toda la tierra? A mí me llaman ladrón porque lo hago con un pequeño barco; a ti te llaman emperador porque lo haces con una gran flota”. En una sola frase, Agustín condensó una verdad que trasciende los siglos: el poder político no transforma moralmente los actos de coerción, solo los institucionaliza. Los gobiernos, decía, no se caracterizan por eliminar la codicia, sino por añadirle impunidad.

Aceptar la existencia del Estado por razones prácticas es distinto a venerarlo como si fuera fuente de virtud. San Agustín no negaba la necesidad de un gobierno civil para contener el caos, pero nunca confundió esa necesidad con santidad. Sin embargo, en nuestro tiempo, esa distinción parece desdibujarse. Muchos ciudadanos no solo toleran al Estado como un mal necesario, sino que lo exaltan como un ente redentor, capaz de solucionar todas las carencias, incluso las que nacen del propio orden político. Esa tendencia —que podríamos llamar estatismo moral— es cada vez más común en Colombia, donde la política se ha vuelto una disputa por quién promete más intervención, más subsidios o más control, como si el tamaño del Estado fuera proporcional a la justicia de sus actos.

Esa creencia, tan extendida como peligrosa, olvida que el poder público no es virtuoso por naturaleza. Colombia lo demuestra con hechos. En los últimos años, los escándalos de corrupción se han multiplicado con nombres diferentes pero con la misma esencia: el uso del poder estatal como botín. Casos de sobrecostos en la contratación pública, desviación de fondos en programas sociales y manejos opacos de recursos territoriales confirman lo que Agustín advirtió hace siglos: que el Estado, cuando se le exime de crítica, se convierte en un pirata de tierra firme. Según índices internacionales, la percepción de corrupción en Colombia se mantiene en niveles preocupantes. No es un problema de ideología, sino de estructura. No importa si el gobierno se dice de izquierda, de derecha o de centro: cuando la ciudadanía sustituye la vigilancia por la devoción, la corrupción florece.

El ciudadano promedio, sin embargo, vive una contradicción. Desconfía del Estado, pero le exige que lo solucione todo. Quiere menos corrupción, pero más programas; menos impuestos, pero más subsidios; menos burocracia, pero más presencia institucional. Este círculo vicioso refleja una cultura política paternalista que se resiste a la autonomía. Nos acostumbramos a pensar que cada problema social tiene una respuesta pública, y que cada fracaso individual o colectivo debe ser compensado con una nueva ley, un ministerio o un decreto. Así, el Estado deja de ser un árbitro y se convierte en protagonista de todo, un padre al que se le teme, pero también se le implora.

El ejemplo más reciente está en el debate sobre la reforma a la salud. Quienes la impulsan sostienen que el Estado debe recuperar el control total del sistema; quienes se oponen temen que esa centralización termine sacrificando la eficiencia y la libertad de elección. Más allá de la discusión técnica, el fondo es ideológico: se trata de decidir si confiamos en que una estructura política imperfecta puede administrar de manera moralmente superior lo que antes gestionaban actores mixtos. Es el mismo dilema que divide a los países latinoamericanos: entre quienes creen que el Estado es la solución y quienes lo ven como parte del problema.

Pero el debate no puede reducirse a slogans. Un Estado más grande no es necesariamente un Estado más justo. En Colombia, el gasto público ronda el 15% del PIB, una cifra significativa para una economía en desarrollo. Sin embargo, el tamaño del gasto no se traduce en calidad de vida, ni en eficiencia ni en reducción de la desigualdad. Cada peso adicional que se asigna sin transparencia ni evaluación fortalece el poder del político, no el bienestar del ciudadano. Lo que debería importarnos no es cuánto interviene el Estado, sino con qué resultados y bajo qué controles lo hace. La expansión sin rendición de cuentas es, en sí misma, una forma moderna de piratería.

Ludwig von Mises advertía que la idolatría del Estado conduce al servilismo. Friedrich Hayek, por su parte, explicó cómo la planificación centralizada, incluso cuando nace con buenas intenciones, termina erosionando las libertades individuales y consolidando una élite burocrática que decide por los demás. Ambos coincidían en algo esencial: el Estado no puede ser juez y parte de la moral social. Su papel debe ser limitado, funcional y controlado. Cuando se le concede una autoridad moral superior, se convierte en el sustituto de la conciencia individual. Y una sociedad que delega su responsabilidad moral en el gobierno termina perdiendo tanto su libertad como su capacidad de juicio.

Colombia necesita un Estado fuerte en lo institucional, pero modesto en sus pretensiones. Fuerte para garantizar seguridad, justicia, infraestructura y respeto por la ley; modesto para no pretender dirigir la economía, la moral o la vida privada de las personas. Necesitamos instituciones que funcionen, no salvadores vestidos de autoridad. La fortaleza del Estado no se mide por la cantidad de decretos que emite, sino por su capacidad de someterse al escrutinio público, de corregir sus errores y de ser fiscalizado sin represalias.

La historia reciente demuestra que cada vez que el Estado colombiano ha sido elevado a la categoría de redentor —ya sea con discursos de “cambio social” o de “seguridad democrática”—, el resultado ha sido el mismo: concentración de poder, burocracia inflada y una ciudadanía cada vez más dependiente. Los populismos de izquierda y de derecha se parecen más de lo que admiten, porque ambos se alimentan de la misma premisa: el culto a la autoridad.

Por eso, no se trata de destruir el Estado, sino de desmitificarlo. De recordar que los gobernantes son administradores, no sacerdotes. Que los impuestos no son limosnas, sino el pago por servicios que deben ser evaluados. Que la política no debe ser un acto de fe, sino de razón. En una democracia sana, el ciudadano no se arrodilla ante el poder, lo vigila. No idolatrar al Estado es una forma de patriotismo; es creer que el país no se salva obedeciendo ciegamente, sino pensando críticamente.

El desafío de nuestro tiempo no es decidir si queremos más o menos Estado, sino si somos capaces de controlar al que ya tenemos. Colombia no necesita una cruzada moral en nombre del poder público; necesita instituciones confiables, ciudadanos exigentes y gobiernos conscientes de sus límites. El Estado puede ser necesario, pero nunca debe ser adorado. Porque cuando el poder político se convierte en religión, la libertad deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión.