El espejismo del madrugón

En Colombia parece que cada cierto tiempo nos dejamos seducir por soluciones fáciles que prometen cambios profundos, pero que en la práctica no transforman nada. El más reciente ejemplo es el proyecto de ley que pretende prohibir que las clases en colegios inicien antes de las siete de la mañana, con el argumento de que así se combate el madrugón que desgasta a miles de estudiantes. La medida, que a primera vista puede parecer progresista y hasta lógica si se piensa en el descanso de los adolescentes, encierra sin embargo una trampa política: nos invita a creer que retrasar la entrada al colegio mejorará la calidad de la educación. Y ahí radica el error. Ninguna sociedad ha alcanzado mejores resultados educativos simplemente moviendo las manecillas del reloj.

La calidad de la educación se mide en contenidos, en métodos de enseñanza, en formación docente, en infraestructura adecuada y en una inversión sostenida que garantice que todos los niños y jóvenes reciban las mismas oportunidades de aprendizaje. Hoy más de la mitad de los estudiantes en colegios oficiales en Colombia no alcanzan niveles satisfactorios en pruebas estandarizadas como las Saber 11, y en áreas como matemáticas y lectura crítica apenas cuatro de cada diez cumplen con el nivel mínimo esperado. Estos datos del propio Ministerio de Educación muestran con crudeza que el problema no está en la hora de entrada, sino en un sistema debilitado que carga con años de subfinanciación, improvisación y promesas incumplidas. Pensar que cambiar el horario resolverá esas fallas estructurales es un espejismo que distrae la atención pública de lo urgente.

Cuando se analizan los efectos prácticos, el panorama es todavía más contradictorio. Hoy muchos padres aprovechan que el ingreso de sus hijos al colegio no choca con su jornada laboral para llevarlos directamente antes de ir al trabajo. Si la entrada se retrasa, ese equilibrio se rompe y miles de familias tendrían que pagar transporte privado, contratar cuidadores o reorganizar sus rutinas con un costo adicional que pocos pueden asumir. Lo paradójico es que una medida que pretende mejorar la vida estudiantil puede terminar encareciendo la educación para los sectores más vulnerables y aumentando las desigualdades entre quienes tienen recursos y quienes dependen de un colegio oficial.

Si yo decido matricular a mi hijo en un colegio privado que queda a una hora de mi casa, ese es mi problema y mi elección. Estoy asumiendo el costo de tiempo y dinero porque considero que la calidad lo justifica y porque tengo los medios para hacerlo. Pero cuando un niño que vive en un barrio periférico debe cruzar toda la ciudad para llegar a un colegio público y perder una hora diaria en el transporte, ahí no se trata de una decisión personal, sino de un fallo estructural del Estado. Lo que está ocurriendo es que el sistema público no ha sido capaz de garantizar el derecho a la educación de manera equitativa y cercana a la residencia de los estudiantes. El problema se agrava porque muchas veces las escuelas oficiales se construyen más para cumplir indicadores de gestión o para mostrar cifras de inversión, que para responder a un verdadero diagnóstico de necesidades territoriales. Se inauguran instituciones en sectores donde no hay presión demográfica y, en cambio, barrios enteros con alta densidad poblacional siguen sin tener cobertura suficiente. Esto obliga a que miles de niños se desplacen largas distancias, expuestos a inseguridad, tráfico y desgaste físico y emocional, lo que contradice la promesa de acceso universal y cercano que debería garantizar el sistema educativo público.

A esto se suma la congestión vehicular. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, el tráfico se regula en parte porque los horarios de colegios, universidades y trabajos no coinciden del todo. Si se sincroniza la entrada escolar con la hora pico laboral, el resultado será mayor caos vial. Los estudiantes, lejos de dormir más, seguirán madrugando para salir antes de los trancones y pasarán más tiempo atrapados en buses o carros que en sus propias aulas. Lo que se vende como un alivio terminará siendo una carga adicional. En la práctica, los jóvenes no descansarán más; simplemente perderán ese tiempo en el transporte.

El trasfondo de este debate es que en Colombia hemos normalizado las soluciones simbólicas, aquellas que generan titulares pero no transforman realidades. Los maestros seguirán en huelga porque sus demandas están ligadas a salarios, contratación y recursos para el sistema, no a la hora de entrada. Los colegios públicos continuarán enfrentando techos que se caen, pupitres insuficientes y salones con cuarenta o cincuenta estudiantes, condiciones que imposibilitan un aprendizaje de calidad. La brecha con los colegios privados seguirá aumentando y las políticas seguirán acumulando maquillaje en lugar de atacar la raíz. Este proyecto de ley es un ejemplo de lo que Friedrich Hayek llamaba la ilusión de la ingeniería social: la idea de que pequeños ajustes regulatorios pueden alterar la complejidad de un sistema sin asumir reformas de fondo.

Algunos defensores de la iniciativa citan estudios internacionales que muestran que los adolescentes rinden mejor cuando duermen más y que en países como Estados Unidos o Finlandia las clases no empiezan tan temprano. Pero esos ejemplos se sostienen en contextos radicalmente diferentes: en Finlandia, el horario escolar se articula con un modelo educativo robusto, con maestros altamente cualificados y salarios dignos, con inversión pública que supera el 6% del PIB y con una cultura de respeto hacia la educación como motor de igualdad. Copiar el detalle del horario sin copiar las bases del modelo es como querer que un árbol crezca fuerte solo cambiándole la sombra en la que reposa, mientras la raíz sigue enferma.

Lo más grave es que este tipo de debates distraen al país de lo realmente urgente. En un escenario donde las pruebas PISA de 2022 mostraron que Colombia ocupa los últimos lugares de la OCDE en matemáticas y lectura, la pregunta central debería ser cómo invertimos más y mejor en educación, cómo reducimos las brechas entre lo urbano y lo rural, cómo damos formación continua a los docentes y cómo logramos que la jornada única sea una realidad sin excusas ni recortes. En lugar de discutir si los niños deben entrar a las seis o a las siete, deberíamos estar preguntándonos por qué seguimos teniendo escuelas sin agua potable, sin internet y sin bibliotecas.

El país necesita un pacto serio y profundo por la educación, uno que trascienda gobiernos y no se limite a proyectos vistosos que venden titulares pero no cambian las condiciones de aprendizaje. Creer que retrasar el ingreso a clases mejora la calidad educativa es caer en un autoengaño colectivo. Lo que realmente elevaría la calidad es una inversión decidida en maestros, en infraestructura, en materiales, en investigación pedagógica, en innovación tecnológica y en políticas que respondan a las necesidades de los niños y jóvenes del siglo XXI.

El madrugón, al final, no está en la hora en que suena el despertador, sino en la forma en que cada generación despierta a la realidad de un país que sigue aplazando la educación como prioridad. Mientras nos distraemos con el reloj, los problemas de fondo permanecen intactos. La verdadera estupidez no es madrugar, sino creer que con retrasar media hora la entrada al colegio resolveremos la crisis de un sistema que necesita reformas profundas, inversión real y voluntad política más allá de lo superficial.