La cruda realidad del “estado de bienestar”

El término “estado de bienestar” siempre ha estado cargado de una promesa seductora: la idea de que el gobierno puede garantizar prosperidad, justicia social y seguridad material para todos sus ciudadanos. Su origen, que buscaba contraponerlo al “estado de guerra”, pretendía darle un aura de legitimidad moral, como si el fin último del aparato estatal no fuese ya la defensa de la vida y la libertad, sino la administración del bienestar económico. Sin embargo, Ludwig von Mises advertía que detrás de esa semántica atractiva se escondía una profunda contradicción. El Estado no produce riqueza propia, solo puede redistribuir lo que antes ha extraído de quienes la generan. Y ese acto, presentado como neutral o justo, no solo trastoca los incentivos de la economía, sino que redefine la política misma, convirtiéndola en un campo de batalla entre intereses particulares disfrazados de interés general.

En el caso colombiano, esta tensión es visible con claridad. El Congreso, que debería legislar en función del bien común, funciona en gran medida como un escenario donde cada representante busca asegurar transferencias, subsidios o proyectos para su región o su electorado, bajo la bandera de la justicia social o del desarrollo regional. Pero en el fondo, lo que predomina es la lógica de los beneficios concentrados frente a los costos dispersos. La llamada “mermelada” es apenas un eufemismo para describir cómo los recursos públicos se convierten en moneda de cambio política. Lo que Mises advertía en su tiempo no es un fenómeno lejano ni abstracto, sino un espejo que refleja con exactitud la forma en que la democracia colombiana se ha acostumbrado a funcionar: no como un pacto para fortalecer instituciones y garantizar libertad, sino como un sistema de favores donde cada grupo presiona por su tajada del pastel fiscal.

Lo más grave es que esta dinámica, que en un principio se justifica como un acto de equidad, termina debilitando la sostenibilidad de las finanzas públicas. Colombia ha visto cómo, en nombre del bienestar, se multiplican programas asistenciales que rara vez se miden por su efectividad real, pero que políticamente se presentan como triunfos inmediatos. Desde los subsidios a los combustibles que se mantienen para evitar el descontento ciudadano, hasta la presión por extender transferencias monetarias sin la debida planeación fiscal, todo apunta a una misma lógica: cada legislador o gobernante actúa para satisfacer las demandas de hoy, aunque el costo se traslade al mañana. Y en ese traslado, lo que emerge es lo que Mises predijo con precisión: la inflación como consecuencia inevitable de un sistema que gasta más de lo que produce y financia sus excesos con endeudamiento y manipulación monetaria.

No es casual que en Colombia, como en tantas economías de América Latina, la inflación se haya convertido en un fantasma recurrente. Aunque en los últimos años se ha intentado mantener una política monetaria más prudente, la realidad es que las presiones del gasto social ilimitado siempre acechan. Lo vimos con crudeza durante la pandemia, cuando el discurso del bienestar justificó un gasto público sin precedentes, y lo seguimos viendo con la reforma tributaria del actual gobierno, que bajo la retórica de la justicia social y la redistribución, busca extraer más recursos de los sectores productivos sin cuestionar la eficiencia del gasto ni la corrupción que lo atraviesa. El resultado es un Estado cada vez más grande, más caro y más incapaz de cumplir lo que promete.

Pero la crítica de Mises no se detiene en lo económico. Él comprendía que el mayor daño del estado de bienestar es político y moral. Una sociedad que espera del gobierno la solución a todos sus problemas termina debilitando la iniciativa individual y la responsabilidad personal. Colombia, con su fuerte cultura asistencialista, lo refleja en la dependencia creciente de millones de ciudadanos que condicionan su apoyo político a la continuidad de subsidios y transferencias. Esta mentalidad erosiona la noción misma de ciudadanía libre, porque la libertad se cambia por la seguridad aparente de una renta estatal. Y lo más irónico es que este espejismo de seguridad se sostiene sobre un terreno frágil que, tarde o temprano, se desploma bajo el peso de sus propias contradicciones.

Ejemplos internacionales confirman esta advertencia. En Europa, donde el estado de bienestar alcanzó niveles casi absolutos, países como Grecia vieron colapsar sus finanzas al no poder sostener la ficción de una prosperidad garantizada por decreto. En América Latina, Argentina ha vivido por décadas la ilusión de que el Estado podía repartir bienestar ilimitado, y el resultado ha sido hiperinflación, pobreza estructural y una crisis permanente de confianza en las instituciones. Colombia no está exenta de ese destino si insiste en expandir el gasto público y la intervención estatal como mecanismos para garantizar derechos sin asegurar previamente la generación de riqueza que los respalde.

Lo más inquietante es que la retórica del bienestar se convierte en una trampa ideológica difícil de desmontar. Ningún político gana elecciones prometiendo austeridad o responsabilidad fiscal; los votos se aseguran con promesas inmediatas de alivio material. Así, la política se degrada en populismo, donde lo importante no es la sostenibilidad de las medidas, sino el efecto emocional que generan. Mises entendió que esta tendencia llevaba a la destrucción de la moneda y de la confianza en el orden jurídico, pero también a algo peor: a la erosión del carácter de los pueblos, que dejan de concebir la libertad como su patrimonio más valioso y se acostumbran a esperar todo del Estado.

Colombia enfrenta hoy ese dilema con mayor urgencia. Entre la presión por financiar un sistema de salud en crisis, las demandas crecientes de subsidios, la expectativa de gratuidad en la educación superior y las promesas de mayor gasto en pensiones, el país se encuentra atrapado en la lógica del bienestar imposible de sostener. Y sin embargo, la discusión pública rara vez se centra en la pregunta esencial: ¿de dónde saldrán los recursos reales para cumplir todo lo prometido? La respuesta, aunque incómoda, es la misma que Mises señaló hace casi un siglo: cuando el Estado promete más de lo que puede financiar con ingresos genuinos, el resultado inevitable es inflación, endeudamiento y, en última instancia, crisis política.

El espejismo del bienestar sigue siendo seductor porque ofrece soluciones fáciles a problemas complejos, porque apela a la emoción de la justicia social y porque se presenta como un acto de solidaridad nacional. Pero la verdad es que ninguna nación puede prosperar si su política se reduce a distribuir rentas y su economía a esperar favores del Estado. La verdadera justicia solo puede nacer de un sistema que respete la libertad de producir, de intercambiar y de competir, y que limite al Estado a garantizar reglas claras y estables. Lo demás es una ilusión que, como toda ilusión, tarde o temprano se desvanece dejando tras de sí un costo enorme que siempre pagan los más vulnerables.