¿Es posible cárceles sin INPEC?

Hablar de cárceles en Colombia es hablar de una institución en crisis permanente. El INPEC se ha convertido en un símbolo de corrupción, impunidad y colapso administrativo. Cada año conocemos escándalos de funcionarios capturados por ingresar celulares, armas o drogas a los penales, mientras las cárceles se convierten en verdaderos centros de operación criminal desde adentro. Las cifras no son menores: en 2024, cerca de 98 funcionarios fueron capturados por corrupción, más de 3.700 estaban bajo investigación y se decomisaron miles de celulares en operativos. Esto no es un caso aislado, es la radiografía de un sistema que dejó de cumplir su función esencial: custodiar, rehabilitar y garantizar que la justicia se ejecute. El INPEC, tal como existe hoy, no representa una solución sino un problema enquistado que alimenta la inseguridad.

Es inevitable entonces plantear una pregunta que incomoda, pero que cada vez parece más urgente: ¿por qué seguir insistiendo en un modelo estatal que ha fracasado de forma reiterada, cuando el camino de la privatización ha mostrado resultados distintos en otros países? Quienes rechazan de plano la idea de la participación privada lo hacen desde la sospecha ideológica, bajo la premisa de que el mercado no puede tocar la justicia. Sin embargo, la evidencia comparada muestra que hay experiencias donde la colaboración con el sector privado ha generado infraestructuras modernas, reducción de costos y estándares más altos de servicios, mientras en Colombia los penales siguen siendo centros de hacinamiento, violencia y corrupción. Francia, Chile, Japón e incluso México han apostado por modelos híbridos de gestión delegada, en los que el Estado conserva la seguridad pero transfiere la administración de servicios logísticos y de infraestructura a empresas privadas con contratos de desempeño. Lo relevante aquí no es el dogma, sino la eficiencia y el control real que se logra.

Claro, Estados Unidos ofrece un caso extremo en el que grandes corporaciones manejan prisiones completas, con todos los riesgos que eso implica, desde incentivos perversos por mantener altas tasas de encarcelamiento hasta escándalos de derechos humanos. Pero incluso allí, la eficiencia en costos y capacidad ha sido reconocida en determinados estados, mientras el sector público enfrentaba crisis presupuestarias. No se trata de copiar mecánicamente un modelo, sino de entender que privatizar no significa entregar la justicia al mercado, sino diseñar esquemas contractuales que exijan resultados, auditen servicios y cierren puertas a la improvisación estatal que ya conocemos de sobra.

Un argumento recurrente contra la privatización es que genera desigualdad en el trato a los reclusos. Sin embargo, ¿acaso hoy en Colombia no existe esa desigualdad? Las llamadas “celdas VIP” en La Modelo son la mejor prueba: unos pocos gozan de lujos y comodidades gracias a sobornos, mientras la mayoría sobrevive en condiciones de hacinamiento inhumanas. La corrupción estatal ya genera privilegios para quienes pueden pagar, y lo hace en la oscuridad, sin auditorías y sin responsabilidad clara. Un modelo privado, correctamente regulado, obligaría a establecer parámetros de calidad y condiciones mínimas verificables por organismos externos, en lugar de seguir dependiendo de un INPEC carcomido por sus propios vicios.

Vale la pena detenerse en la dimensión ideológica de este debate. Personajes como Milton Friedman han defendido históricamente que la función del Estado debe reducirse a lo esencial, y que la eficiencia del mercado puede resolver lo que la burocracia distorsiona. En contraste, líderes como Evo Morales o Nicolás Maduro han promovido el control estatal absoluto incluso en áreas donde la evidencia de fracaso es palmaria. En Colombia, este choque ideológico se refleja en la retórica de quienes, con un discurso de justicia social, prefieren mantener un sistema podrido antes que considerar mecanismos innovadores. Se trata de una contradicción: quienes se dicen progresistas suelen defender al INPEC, cuando en la práctica el INPEC reproduce desigualdad, violencia y violaciones a los derechos humanos.

Mirar la situación de forma pragmática implica reconocer que Colombia necesita cárceles seguras, modernas y enfocadas en la rehabilitación. No podemos seguir siendo el país donde las extorsiones más sofisticadas se ordenan desde penales, donde la vida de los guardias está en permanente riesgo y donde las mafias tienen más poder que los directores. Acabar con el INPEC y abrir paso a un modelo de gestión privada no es un capricho, es una alternativa frente a una institución irremediablemente fallida. Quienes sostienen que esto es “entregar la justicia al mercado” pasan por alto que, en la práctica, hoy la justicia ya está entregada: no al mercado, sino a las mafias que corrompen a funcionarios y convierten los penales en su oficina central.

El verdadero debate no es si privatizar o no, sino cómo diseñar un modelo que imponga disciplina institucional. La clave está en contratos con indicadores de desempeño, auditorías externas, prohibición de cláusulas que incentiven el hacinamiento y participación de la sociedad civil en la vigilancia. No se trata de poner un precio a la justicia, sino de entender que la eficiencia también salva vidas, reduce delitos y protege a las víctimas. En un país donde el INPEC es incapaz de contener la criminalidad desde las cárceles, insistir en sostenerlo solo garantiza más de lo mismo: corrupción, violencia y fracaso.

Colombia tiene ante sí una decisión histórica. Puede continuar alimentando la retórica de quienes ven en el Estado un ente sagrado aunque esté podrido, o puede dar un salto hacia un modelo donde la gestión privada, sometida a estricta regulación, reemplace a un INPEC que ya perdió toda legitimidad. El debate no es fácil, pero es necesario. No se trata de ideología, sino de resultados. Y lo cierto es que hoy, mantener al INPEC equivale a garantizar que los capos sigan mandando desde prisión, que la corrupción sea la regla y que la justicia sea una farsa. Tal vez la única forma de acabar con esa farsa sea aceptar que el Estado, por sí solo, ya fracasó, y que ha llegado la hora de entregar las llaves a un modelo distinto, uno que rinda cuentas y que deje de esconder la podredumbre tras los barrotes.