El mito del superávit

El mito del superávit fiscal suele repetirse como un dogma en el discurso público, como si el hecho de que el Estado no gaste todo lo que recauda equivaliera automáticamente a fortalecer los cimientos de la economía. La contabilidad lo presenta como ahorro público, y por extensión se cree que se trata de ahorro nacional. Pero el ahorro, en sentido económico, no es simplemente retener recursos, sino posponer consumo para destinarlos a inversión productiva que aumente la capacidad futura de producir. Cuando un hogar decide guardar parte de sus ingresos para adquirir una máquina que le permitirá trabajar mejor, lo que está haciendo es crear capital. Cuando el Estado retiene ingresos en forma de superávit, lo único que está haciendo es acumular recursos extraídos de manera coercitiva al sector privado. No se trata de creación de riqueza, sino de redistribución forzada.

La diferencia no es un tecnicismo menor, es el núcleo del debate sobre cómo se crea prosperidad. La riqueza surge cuando individuos y empresas, motivados por la expectativa de ganancia y disciplinados por la posibilidad de pérdida, organizan recursos en actividades que los consumidores valoran. Esa es la lógica del cálculo económico que describió Ludwig von Mises: el mercado asigna capital hacia donde se maximiza el bienestar porque el mecanismo de precios transmite información dispersa que ningún burócrata puede centralizar. Cuando el Estado asume la función de decidir en qué proyectos invertir lo recaudado, lo hace bajo criterios políticos, no bajo las preferencias individuales expresadas en el mercado. De allí se deriva lo que Frédéric Bastiat explicaba con su metáfora de “lo que se ve y lo que no se ve”: vemos el puente construido, la carretera inaugurada o la pirámide levantada, pero no vemos las inversiones privadas que nunca se materializaron porque el capital fue absorbido en esos proyectos. Lo visible seduce, lo invisible es la oportunidad sacrificada.

Colombia enfrenta este dilema en carne propia. Los niveles de deuda pública bordean el 60% del PIB, y cada presupuesto aprobado refleja la tensión entre la necesidad de financiar programas sociales y el creciente costo de la deuda. Se celebran ocasionalmente cifras de mejora fiscal, pero esas aparentes victorias suelen sostenerse en incrementos tributarios que recaen sobre un sector productivo cada vez más asfixiado. Los recursos que en otras circunstancias podrían destinarse a innovación, capitalización de empresas o ahorro de los hogares terminan canalizados hacia un Estado cuya eficiencia está permanentemente en entredicho. El problema no es que existan bienes públicos por financiar, sino que la lógica de extracción y redistribución sustituya a la lógica de creación de riqueza.

El ejemplo cotidiano lo encontramos en cualquier pequeño empresario que, enfrentado a una nueva carga impositiva, debe aplazar la compra de equipos, renunciar a contratar personal o limitar su expansión. Esa decisión invisible no aparece en los discursos sobre justicia fiscal, pero es la que erosiona silenciosamente la capacidad productiva del país. Mientras tanto, las obras públicas, aunque necesarias en muchos casos, no siempre responden a una evaluación rigurosa de costo-beneficio, sino a cálculos electorales. Lo que en la contabilidad estatal aparece como ahorro o inversión pública, en la vida real representa capital privado que no se invirtió donde habría generado más valor.

No se trata de negar la existencia de un rol estatal. La educación, la infraestructura básica o la seguridad jurídica son condiciones necesarias para el funcionamiento de cualquier economía moderna. La cuestión central es cómo se financian y con qué criterios se ejecutan. Si los recursos se asignan a proyectos que de verdad aumentan la productividad y las oportunidades de la población, el sacrificio privado puede encontrar una justificación racional. Pero cuando el resultado es un Estado que financia consumo corriente, burocracia ineficiente o proyectos de baja prioridad social, el superávit o el déficit son apenas indicadores contables que poco dicen de la verdadera capacidad de ahorro de la nación.

Lo que debe preocuparnos en Colombia es que la narrativa de la prudencia fiscal muchas veces enmascara la pérdida de libertad económica y de oportunidades productivas. Un superávit logrado a punta de más impuestos puede ser celebrado en las calificadoras de riesgo, pero en la práctica significa menos inversión privada, menos ahorro voluntario y, por lo tanto, menos crecimiento futuro. Y un déficit sostenido que se cubre con deuda no es más que consumo adelantado a costa de generaciones futuras que pagarán con mayores impuestos o con inflación. En ambos casos, la capacidad de los colombianos para elegir libremente en qué usar sus recursos queda mermada.

La verdadera discusión no está en las cifras de déficit o superávit, sino en la forma como entendemos el ahorro nacional. El ahorro solo existe en sentido pleno cuando es voluntario y se traduce en capital productivo. Todo lo demás es una ilusión contable que ignora las pérdidas ocultas. Colombia necesita menos discusiones sobre balances fiscales que sirvan para maquillar realidades y más debate sobre cómo liberar recursos para que los hogares y empresas decidan ahorrar e invertir. Porque el dilema que enfrentamos no es técnico, es moral y político: ¿preferimos un Estado que administra pirámides visibles pero ineficientes o una economía donde cada ciudadano pueda acumular y decidir su propio futuro productivo? La respuesta a esa pregunta marcará si construimos prosperidad sostenible o si seguimos atrapados en el espejismo del superávit.