El Estado Parásito

El Estado ha sido presentado en la historia como una institución imprescindible, como un orden necesario para garantizar la convivencia y evitar el supuesto caos que resultaría de una sociedad sin autoridad central. Esa imagen ha sido repetida durante siglos, desde Hobbes hasta nuestros días, y se ha instalado en la conciencia colectiva como si fuera un dogma. Sin embargo, la evidencia histórica y la reflexión crítica permiten sostener una tesis distinta: que el Estado no surge como expresión de la cooperación social, sino como la institucionalización de un parasitismo colectivo, una forma de dominación en la que una minoría se beneficia sistemáticamente del trabajo de la mayoría. Esta interpretación, lejos de ser una exageración ideológica, se conecta con planteamientos académicos sólidos que han descrito al Estado como una evolución del bandidaje estacionario, donde un grupo dominante decide asentarse y cobrar tributos a cambio de protección en lugar de saquear de manera intermitente. La diferencia con un ladrón o un pirata radica en la estabilidad del dominio y en la construcción de una narrativa que justifica el sometimiento.

Lo más sorprendente de esta dinámica es que el grupo que ejerce ese poder es siempre una minoría frente a la masa a la que explota. La pregunta central no es cómo logra imponerse, sino por qué las mayorías aceptan su dominación. La respuesta es incómoda: el Estado sobrevive no solo por la fuerza, sino por la ideología. Necesita convencer a los dominados de que su existencia es indispensable. Por ello, la historia política está plagada de mitos y relatos legitimadores, siendo el más poderoso el hobbesiano, que describe un estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos y coloca al Leviatán como garante de paz. Sin embargo, esa tesis nunca ha sido comprobada empíricamente; por el contrario, múltiples estudios muestran que las sociedades humanas han generado órdenes espontáneos y sistemas normativos sin necesidad de un monopolio absoluto de la fuerza. Pueblos, tribus y comunidades han resuelto conflictos y han desarrollado cooperación sin recurrir a una autoridad centralizada, lo cual desmonta la supuesta inevitabilidad del Estado.

Al trasladar esta reflexión a la realidad colombiana, los argumentos adquieren una nitidez preocupante. Los niveles de desconfianza en las instituciones políticas son alarmantes, con partidos y Congreso ubicados de manera constante entre las instituciones con menor credibilidad según encuestas nacionales. La corrupción aparece como un fenómeno estructural que acompaña la vida pública, y el ciudadano común percibe que el pago de impuestos no se traduce en bienes colectivos proporcionales, sino en el sostenimiento de una burocracia ineficiente y de privilegios que benefician a unos pocos. La relación parasitaria se manifiesta en el desfase entre lo que se exige y lo que se devuelve. De hecho, las últimas discusiones fiscales han mostrado con crudeza este dilema: la recaudación sigue siendo insuficiente para cubrir un Estado en expansión, mientras que la disposición social a aceptar más impuestos se erosiona debido a la desconfianza en el manejo de los recursos. En un país donde la presión fiscal es menor que la de los países de la OCDE, el ciudadano no percibe eficiencia ni retorno en la inversión de sus tributos, lo que convierte al Estado en un recaudador visto más como amenaza que como garante de bienestar.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero aquí se agudiza por la fragilidad institucional y por una historia marcada por clientelismo, redes partidarias y pactos informales de poder. En la práctica, el Estado termina funcionando como un mecanismo de redistribución selectiva, en el que los beneficios se concentran en quienes tienen capacidad de influencia política. Esa relación clientelar, disfrazada de inclusión social, refuerza la aceptación pasiva de la mayoría, porque algunos perciben ventajas puntuales aunque el sistema en su conjunto opere de manera extractiva. Así se reproduce el círculo: la sociedad tolera la exacción porque algunos sectores reciben migajas de beneficios, mientras la narrativa oficial insiste en que sin el Estado la violencia y el caos arrasarían con todo.

La paradoja resulta evidente cuando se observa que la violencia, la inseguridad y la corrupción persisten precisamente bajo la custodia del Estado. El mito de la protección se tambalea cada vez que un ciudadano sufre la extorsión, el secuestro o la inseguridad cotidiana sin que el aparato estatal logre garantizar justicia. Entonces el discurso del Leviatán pierde sustento, y lo que queda a la vista es un aparato que consume recursos gigantescos sin resolver los problemas básicos de convivencia. De ahí que algunos autores sostengan que el Estado no es la solución al desorden, sino parte fundamental de la perpetuación de ese desorden, en la medida en que su propia existencia depende de mantener a la sociedad en un estado permanente de dependencia y miedo.

No obstante, sería ingenuo pensar que la sociedad permanece sometida solo por ignorancia. La ideología es un mecanismo sofisticado que se refuerza desde la educación, los medios y la cultura política. Desde las aulas se inculca la idea de que el Estado es la base de la vida social, que fuera de él solo hay barbarie, y que cualquier crítica radical es sinónimo de anarquía o de caos. Ese adoctrinamiento explica por qué, incluso en contextos de corrupción escandalosa, amplios sectores prefieren seguir apelando a más intervención estatal en lugar de pensar en formas alternativas de cooperación y organización social.

El gran desafío es entonces ideológico y cultural. Mientras los ciudadanos no logren romper con la idea de que el Estado es un destino inevitable, seguirán aceptando su papel parasitario. La reflexión académica y el debate público deberían abrir espacios para imaginar un orden social basado en la cooperación voluntaria, en la descentralización de la justicia, en la responsabilidad individual y en la construcción de instituciones horizontales. No se trata de caer en la ingenuidad de un mundo sin reglas, sino de comprender que la verdadera cooperación surge de la libertad y de los incentivos mutuos, no de la imposición de un monopolio territorial que, en la práctica, se traduce en privilegios para pocos y cargas para muchos.

En el caso colombiano, esta discusión es urgente porque la sostenibilidad fiscal del Estado está cada vez más comprometida, los intentos de reforma despiertan resistencias crecientes y la ciudadanía empieza a desconfiar no solo de los políticos de turno, sino de la institución misma. Ese es el momento en que el mito se resquebraja y aparece la posibilidad de un debate profundo sobre el papel del Estado. O se insiste en el camino del parasitismo legitimado, o se comienza a pensar en formas innovadoras de organización social que reduzcan la dependencia y aumenten la autonomía de las comunidades.

La reflexión no es cómoda, porque obliga a cuestionar siglos de legitimación cultural y a desafiar a quienes se benefician del statu quo. Pero justamente por eso es necesaria: porque el poder del Estado no se sostiene solo por las armas, sino sobre todo por las ideas. Y mientras la sociedad crea que su sometimiento es indispensable para sobrevivir, el parasitismo seguirá disfrazado de orden. La verdadera pregunta, entonces, no es si podemos vivir sin Estado, sino cuánto tiempo más aceptaremos vivir bajo un orden que consume la energía de quienes producen y que devuelve menos de lo que promete.