Democracia en venta

En el corazón del ideal democrático late una promesa: la igualdad política. Cada ciudadano, sin importar su fortuna o estatus social, debería tener el mismo peso en las decisiones colectivas. Sin embargo, esa premisa se quiebra cuando la riqueza se convierte en una llave para abrir puertas que permanecen cerradas para la mayoría. En la práctica, lo que presenciamos es una democracia donde unos votan y otros compran, donde la voluntad ciudadana compite con el poder del dinero, y casi siempre termina perdiendo. La política, que debería ser el espacio de deliberación pública, se ve secuestrada por élites económicas que no necesitan ocupar cargos ni presentarse a elecciones, pues ya cuentan con un capital suficiente para moldear las instituciones a su favor.

La influencia de estas élites no es nueva ni exclusiva de Colombia. En Estados Unidos, el fenómeno del lobby corporativo ha sido objeto de crítica constante. Millonarios como los hermanos Koch o grandes corporaciones farmacéuticas y tecnológicas han demostrado que las campañas electorales, la redacción de leyes y hasta las decisiones de política exterior pueden torcerse según los intereses de quienes financian con generosidad a los políticos profesionales. En Europa, las puertas giratorias entre la Comisión Europea y los grandes bancos han generado escándalos que ponen en evidencia cómo un comisario que ayer regulaba puede convertirse en el ejecutivo de la empresa que regulaba al día siguiente. El patrón se repite porque la dinámica es universal: la democracia permite redistribuir poder, pero el dinero concentra siempre más capacidad de influencia.

En Colombia, la realidad no es distinta. Familias empresariales, conglomerados financieros y multinacionales han encontrado en la política un terreno fértil para blindar sus privilegios. La financiación de campañas es quizá el ejemplo más evidente: los candidatos que acceden a cuantiosos recursos para propaganda, logística y maquinaria electoral tienen mayores posibilidades de llegar al poder, y quienes los financian cobran esa inversión en forma de contratos, leyes a la medida o nombramientos estratégicos. Los escándalos de Odebrecht o las revelaciones sobre la financiación ilegal de campañas son solo la superficie de un sistema que se sostiene en un principio tácito: sin dinero, no hay política viable, y quien pone el dinero dicta, en gran medida, las condiciones del juego.

Más preocupante aún es el papel de la llamada “puerta giratoria”. Exministros de Hacienda que terminan en la banca internacional, excomisionados de energía que luego asesoran a empresas eléctricas, exdirectores de la DIAN que terminan en firmas de consultoría tributaria. Este tránsito, que podría considerarse normal en sociedades donde se valora la experiencia técnica, se convierte en un problema cuando el interés público queda subordinado a la lógica del beneficio privado. El político profesional, con salarios y recursos limitados, ve en esta puerta giratoria la promesa de estabilidad económica futura y, consciente o inconscientemente, legisla con ese horizonte en mente. Así, las reformas tributarias nunca tocan de manera estructural a los más ricos, las concesiones de infraestructura favorecen a los mismos contratistas, y los programas sociales se diseñan como paliativos que no alteran las estructuras de desigualdad.

El ciudadano común observa estas dinámicas con escepticismo. Vota cada cuatro años, escucha promesas de cambio, pero descubre que las decisiones de fondo nunca se transforman. Es como asistir a una obra de teatro donde los actores cambian, pero el guion permanece intacto, porque quienes lo escriben no son los electores, sino los plutócratas que garantizan la financiación. En los barrios populares de Barranquilla, Medellín o Bogotá, la política se vive como un espectáculo distante, pero sus consecuencias son inmediatas: servicios públicos privatizados que encarecen la vida, impuestos indirectos que castigan más a los pobres que a los ricos, y una justicia que parece más ágil para perseguir al deudor de un crédito que al defraudador de un contrato público.

Vale la pena detenerse en la contradicción que supone este modelo. La democracia nació como un mecanismo para limitar las jerarquías, para darle voz a los muchos frente a los pocos. Pero cuando la política se convierte en el terreno de los más adinerados, se pervierte su esencia. Alexis de Tocqueville advertía en el siglo XIX que la democracia corre el riesgo de caer bajo el dominio de una “tiranía suave”, aquella en la que las instituciones existen, pero están capturadas por minorías poderosas que mantienen el control sin necesidad de ejercer violencia abierta. Hoy, esa tiranía se manifiesta en balances fiscales que favorecen al capital financiero, en regulaciones que protegen monopolios disfrazados de libre competencia, y en una ciudadanía que siente que su voz tiene un eco cada vez más débil.

El debate entonces no es si necesitamos más o menos democracia, sino qué tipo de democracia estamos dispuestos a defender. Regular la financiación de campañas, limitar el lobby, exigir transparencia en los contratos o prohibir la puerta giratoria son medidas que pueden contribuir, pero no serán suficientes mientras la ciudadanía no asuma que el poder político no puede ser un espacio delegado únicamente a profesionales de la política. La desafección ciudadana es el mejor caldo de cultivo para que el dinero compre sin resistencia. Allí donde la gente renuncia a vigilar, a exigir y a incomodarse, florece el dominio de quienes ya controlan los resortes económicos.

En Colombia, donde las desigualdades son históricas y profundas, el riesgo de una democracia capturada por plutócratas es aún mayor. El país necesita que los debates sobre reforma tributaria, reforma laboral o redistribución de la tierra no sean monopolizados por quienes tienen más que perder en un cambio real. La discusión sobre el futuro de la salud, la educación y la seguridad social no puede estar determinada por los gremios que ven en estos sectores un negocio y no un derecho. Y la política no puede seguir siendo la inversión más rentable para quienes entienden que unos cuantos millones en una campaña se traducen en billones en contratos estatales.

El verdadero desafío es romper el círculo que convierte la democracia en una fachada y devolverle su sentido de comunidad. Mientras la riqueza siga comprando silenciosamente la voluntad política, los ciudadanos serán espectadores de una obra donde ya se sabe quién gana, y los plutócratas seguirán siendo los vencedores definitivos de una lucha que, irónicamente, se libra en nombre del pueblo.