La burocracia que manda en la sombra: por qué el problema no son los corruptos, sino el sistema que los produce

En Colombia, la desconfianza hacia las instituciones no es una moda reciente ni una consecuencia exclusiva de la polarización política: es una conclusión empírica a la que llega cualquier ciudadano que haya lidiado con el Estado más allá de la ventanilla. Quienes han intentado emprender, licitar, denunciar, investigar, o simplemente hacer valer sus derechos, saben que el problema no es tanto la mala voluntad de algunos funcionarios, sino un sistema que funciona para sí mismo, en una lógica cerrada, autorreferencial y desconectada de cualquier noción de eficiencia o servicio. Ese sistema, que en apariencia actúa bajo las reglas de la democracia, pero que opera bajo lógicas propias, es lo que algunos llaman el Estado profundo. Pero no se trata de una teoría de la conspiración, sino de una realidad institucional producto de incentivos distorsionados, estructuras inamovibles y una cultura política que premia la opacidad.

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de economía, el principal problema no es la corrupción entendida como desviación de la norma, sino el hecho de que las reglas del juego mismas están hechas para impedir el cálculo económico racional. Ludwig von Mises demostró que, en ausencia de precios de mercado libres —es decir, donde no hay propiedad privada ni competencia—, el Estado no puede tomar decisiones eficientes. Las burocracias, que manejan recursos ajenos sin estar sometidas al escrutinio del mercado ni a la posibilidad de quiebra, simplemente no tienen cómo saber si sus decisiones agregan valor o destruyen riqueza. Esto aplica perfectamente en un país como Colombia, donde buena parte del gasto público se ejecuta sin evaluación de impacto, sin transparencia real, y sin consecuencias cuando fracasa. Programas sociales, megaproyectos de infraestructura, compras estatales, subsidios: todos operan en un entorno donde no hay precios reales que guíen la acción, sino presupuestos asignados por razones políticas, clientelistas o simbólicas.

Este aislamiento estructural se agrava cuando hablamos de sectores como la defensa o la seguridad, donde la lógica del “interés nacional” se utiliza para blindar decisiones de toda evaluación crítica. Colombia ha sido históricamente uno de los países con mayor gasto en defensa de América Latina. En 2023, según cifras del SIPRI, el presupuesto militar del país superó los 10.000 millones de dólares, con un crecimiento sostenido pese a los llamados al desarme y la paz total. Pero, ¿cómo se decide qué se compra, a quién, en qué condiciones? Nadie lo sabe realmente. Las adquisiciones de helicópteros, sistemas de radar, tecnología israelí, armamento antidisturbios o servicios de inteligencia privada no están sujetas al escrutinio del ciudadano común. Lo preocupante no es tanto que haya sobrecostos o corrupción —aunque también los hay—, sino que el sistema está diseñado para operar en la sombra, sin señales de precios, sin competencia, y sin el tipo de transparencia que una sociedad verdaderamente libre exigiría. Como diría Hayek, el problema no es la mala fe de los actores, sino la arrogancia de creer que un pequeño grupo puede centralizar toda la información dispersa de la sociedad sin consecuencias destructivas.

Pero el Estado profundo no solo compra armas: también compra narrativas. En Colombia, los medios de comunicación masivos han sido históricamente dependientes de la pauta estatal. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló que durante 2022, cerca del 37% de los ingresos de los principales medios provenía de contratos con el Estado. Esta relación financiera convierte a los medios en aliados tácitos de quienes gobiernan, limitando su capacidad crítica y moldeando la opinión pública en función de intereses burocráticos más que del interés ciudadano. Las voces disidentes, especialmente las que cuestionan los fundamentos económicos del sistema, son tachadas de radicales o peligrosas, mientras las narrativas oficialistas se repiten con disciplina. La lógica de la competencia de ideas, que debería regir en una sociedad democrática, es sustituida por una hegemonía narrativa financiada con recursos públicos.

Aquí es donde el enfoque austríaco vuelve a ser útil: cuando los medios se alinean con el poder político, dejan de responder a las preferencias del consumidor y se convierten en productores de ideología oficial. Ya no se trata de informar, sino de justificar decisiones, encubrir errores, amplificar logros dudosos o desviar la atención. El conocimiento descentralizado, que Hayek veía como la clave del progreso social, es reemplazado por una visión planificada desde arriba, que desactiva el juicio individual y el pensamiento crítico. Esta captura de los medios no requiere censura explícita: basta con los incentivos correctos. Y esos incentivos son creados por el propio Estado profundo que financia, regula y premia a quienes le son útiles.

Esto explica por qué en Colombia hay escándalos que duran un par de días y luego desaparecen, mientras otros se inflan artificialmente según la conveniencia del momento. La verdad es secundaria cuando el sistema premia la obediencia y castiga la disidencia. Las agencias de control, en teoría diseñadas para limitar los excesos del poder, se convierten en parte de ese mismo poder, porque también operan en entornos sin competencia, sin sanciones reales y sin contrapesos institucionales eficaces. Procuraduría, Contraloría, Defensoría: estructuras cuya independencia formal no impide que funcionen como piezas del engranaje, más preocupadas por proteger a los suyos que por corregir el rumbo.

La gran tragedia de este modelo no es solo la ineficiencia, sino su capacidad de simular legitimidad. Mientras el ciudadano cree vivir en una democracia, lo que realmente enfrenta es un aparato estatal autorreferencial, autosostenido y profundamente resistente al cambio. Las elecciones sirven para legitimar a los nuevos administradores del sistema, pero no para transformar su lógica. Porque los verdaderos decisores no están en el Congreso ni en la Casa de Nariño: están en los órganos técnicos, en los despachos intermedios, en las unidades de contratación, en los comités asesores, en las oficinas de presupuesto. El Estado profundo es el Estado que nadie elige, pero que todos sufrimos.

La solución, desde la perspectiva austríaca, no es moralizar a los actores ni exigirles ética, porque el problema no es su carácter sino los incentivos que enfrentan. Mientras el poder político controle los recursos económicos, mientras las decisiones se tomen al margen del mercado y mientras la información esté centralizada, el sistema seguirá reproduciendo disfuncionalidades. Lo que se necesita es una descentralización radical, una apertura real al mercado, y una reducción drástica del tamaño del aparato estatal. Solo así será posible que el Estado deje de ser una máquina de extraer riqueza y producir privilegios, para convertirse en un marco mínimo de legalidad que permita florecer la cooperación voluntaria, la innovación y la verdadera libertad.

En última instancia, el Estado profundo en Colombia no es un monstruo oculto, sino una estructura visible que se alimenta de nuestra resignación. Y mientras sigamos creyendo que el problema son los corruptos y no el sistema que los crea, seguiremos atrapados en un ciclo de frustración, escándalo y olvido. No se trata de cambiar las caras, sino de cambiar las reglas del juego.