¿Quién paga realmente la cuenta de la innovación farmacéutica?

En Colombia, comprar un medicamento de alto costo puede convertirse en una tragedia económica. Es común que las familias deban endeudarse para acceder a tratamientos esenciales, o que el sistema de salud público asuma cargas fiscales insostenibles por recobros millonarios ante la Corte Constitucional. En los barrios populares de Barranquilla, Cali o Medellín, no es raro oír historias de padres que luchan con tutelas en mano, buscando garantizar a sus hijos un medicamento que cuesta más que un carro usado. Detrás de cada caja de pastillas está no solo una molécula, sino una red compleja de intereses cruzados, economías globalizadas, y contradicciones éticas que poco se discuten, pero que nos afectan todos los días.

El discurso político suele repetir, como mantra, la necesidad de "garantizar el acceso universal a los medicamentos", pero raramente se entra en el debate más incómodo: ¿cómo se pagan los costos de la innovación? Porque desarrollar un nuevo medicamento no es un proceso mágico ni altruista. Detrás de cada fármaco exitoso hay un largo camino de fracasos científicos, pruebas fallidas, ensayos clínicos costosos y riesgos financieros colosales. Según la consultora Deloitte, el costo promedio de desarrollar un medicamento puede superar los 2.000 millones de dólares. Solo una pequeña fracción de las moléculas investigadas llega a las farmacias. Y, sin embargo, cuando lo hacen, se espera que el medicamento sea barato, accesible y de distribución inmediata. La tensión entre el derecho a la salud y los incentivos económicos necesarios para que la innovación ocurra es uno de los dilemas más profundos de nuestro tiempo.

En este panorama global, Colombia es un actor pequeño, pero afectado de forma desproporcionada. Con un sistema de salud mixto y frágil, sostenido por recursos públicos y regido por una compleja maraña de intermediarios, el país ha optado por mecanismos como la regulación de precios y la importación paralela para controlar el costo de los medicamentos. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos regula actualmente más de mil principios activos, y se ha reducido en más del 50% el precio de muchos de ellos entre 2014 y 2023. Pero, ¿qué ocurre cuando esa lógica se impone sobre medicamentos nuevos, en plena vigencia de patente? Las farmacéuticas globales responden con recortes de suministro, postergación del ingreso de medicamentos al país, o incluso con la decisión de no comercializar ciertos productos en mercados como el nuestro. Porque desde la lógica económica —nos guste o no— una empresa farmacéutica no es una ONG.

Aquí entra en juego un concepto poco comprendido pero vital: la discriminación de precios. En los mercados farmacéuticos globales, las multinacionales practican una forma de segmentación donde el mismo medicamento puede venderse a precios distintos según el poder adquisitivo del país. En teoría, Colombia se beneficiaría de esto: un tratamiento que cuesta 100.000 dólares en Estados Unidos puede llegar a costar 10.000 o incluso menos en nuestro país. Pero el sistema se rompe cuando, por vía de políticas públicas o presión internacional, se impide esta segmentación. Si el precio que se cobra en Colombia termina siendo referenciado en Alemania o Canadá, o si se permite que esos medicamentos reingresen al mercado estadounidense mediante importación paralela, la farmacéutica pierde el incentivo de ofrecer precios reducidos aquí. El resultado es una paradoja trágica: al intentar imponer precios más justos, los países en desarrollo terminan marginados del acceso a los medicamentos más recientes.

La ironía es que quienes verdaderamente pagan por la innovación farmacéutica global no son los países más pobres, ni siquiera los de ingreso medio como Colombia, sino los consumidores de Estados Unidos. El país norteamericano tiene el mercado más desregulado del mundo en términos de precios de medicamentos. Allá, las farmacéuticas pueden fijar precios libremente, sin la intervención de un regulador que imponga topes ni un sistema público de compras centralizadas. Esto genera, sin duda, una injusticia interna: millones de estadounidenses se ven obligados a hipotecar sus casas para pagar tratamientos, y el sistema de seguros colapsa bajo el peso de los precios de lista. Pero esa misma libertad de fijación permite que las farmacéuticas recuperen sus enormes costos de inversión y mantengan activa la maquinaria de investigación que desarrolla nuevos tratamientos. En términos reales, Estados Unidos financia gran parte de los avances médicos de los que se benefician los demás países. Nosotros, en Colombia, accedemos tarde, sí, pero accedemos. Accedemos porque hay un mercado que paga por la innovación antes que nosotros.

Esta dinámica plantea un dilema ético que rara vez se discute. ¿Es justo que los más ricos paguen más y los más pobres paguen menos? En términos morales, parecería que sí. Pero si las políticas públicas impiden que los ricos paguen más, porque exigen que los medicamentos tengan el mismo precio en todas partes, entonces el sistema deja de funcionar. En Colombia, por ejemplo, muchos de los medicamentos más innovadores, especialmente en áreas como oncología o enfermedades huérfanas, no ingresan al sistema sino hasta años después de su aprobación en mercados como la FDA o la EMA. Y cuando llegan, lo hacen bajo condiciones restrictivas, a través de tutelas o compras excepcionales, con procesos jurídicos que agotan tanto a los usuarios como a las finanzas públicas.

En los barrios populares, esta realidad se traduce en desconfianza. Las personas sienten que hay medicamentos que “no llegan”, que el sistema los discrimina. Y tienen razón: no llegan, porque no hay incentivos suficientes para que las empresas los traigan, o porque las EPS no pueden asumir su costo sin quebrar. En ese contexto, la judicialización del derecho a la salud —aunque justificada— se convierte en una herramienta desesperada que termina inflando aún más los costos. El sistema no premia la prevención ni la eficiencia, sino la capacidad de litigar. Y eso solo ahonda las brechas sociales.

La discusión pública, entonces, no puede seguir girando exclusivamente en torno a si los medicamentos son caros o baratos, sino a qué sistema de incentivos queremos construir. Si Colombia aspira a tener acceso oportuno y equitativo a la innovación médica, no puede basar su política exclusivamente en el control de precios. Necesita estimular la producción local de medicamentos, diversificar sus fuentes de aprovisionamiento, y sobre todo, participar en los mecanismos globales que permiten compartir el costo de la innovación. Pretender obtener los beneficios de la medicina moderna sin contribuir a sus costos es una ilusión peligrosa, que nos deja atrapados entre la escasez y la dependencia.

Tal vez ha llegado el momento de admitir que el acceso justo no se logra imponiendo precios, sino construyendo un sistema en el que todos los actores —empresas, estados y ciudadanos— compartan de manera proporcional los costos de vivir más y mejor. Porque la medicina del futuro ya existe, pero solo llegará a quienes entiendan que nada que salve vidas puede ser verdaderamente gratis.