¿El Parásito Somos Nosotros?

Desde la Inglaterra del siglo XX hasta la Colombia contemporánea, la tesis de Albert Jay Nock retumba con una precisión inquietante: el Estado no posee riqueza ni poder intrínsecos, sino que vive de la expropiación sistemática de la sociedad productiva. Esta no es una afirmación retórica, sino una constatación histórica: ningún Estado ha emergido legítimamente de un acuerdo voluntario; todos han brotado del saqueo organizado bajo eufemismos legales. Al contemplar el panorama colombiano de 2025, esta idea nos obliga a preguntarnos si seguimos subvencionando con nuestro trabajo un ente que, lejos de dotarnos de prosperidad, a menudo se erige en filtro ineficiente y parásito de nuestro esfuerzo.

Al examinar las cifras más recientes, queda claro que los colombianos entregamos alrededor del 22,2 % de nuestro PIB en impuestos, mientras la media de los países de ingreso alto supera el 33 %. Sin embargo, la proporción de gasto público en consumo final apenas alcanza el 14,6 % del PIB, muy por debajo del promedio mundial. Este desequilibrio sugiere que buena parte de los recursos recaudados no se destinan a servicios directos ni a inversión productiva, sino a cubrir costos administrativos, deuda y proyectos de imagen política que rara vez resuelven los problemas cotidianos de transporte, salud o educación.

La brecha entre lo que aportamos y lo que recibimos se amplía cuando observamos que el déficit fiscal creció del 2,7 % del PIB en 2023 al 4,8 % en 2024. Para sostener ese desequilibrio, el Estado colombiano ha incrementado su endeudamiento hasta más del 54 % del PIB, una cifra que continúa al alza ante la insuficiencia de ingresos. Esta dinámica de “confiscación diferencial” —tomar hoy lo que la sociedad producirá mañana para pagar gastos corrientes— refleja el uso político de los medios estatales en lugar de fomentar mecanismos voluntarios de cooperación y financiamiento ciudadano.

En este juego de suma negativa, la percepción social también se deteriora: Colombia obtuvo en 2024 apenas 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el puesto 92 de 180 países. Ciudadanos que pagan tributos elevados contemplan con desconfianza cómo grandes contratistas y burocracias locales capturan licitaciones, mientras alcaldías y gobernaciones carecen de recursos para satisfacer necesidades básicas. El caso más extremo de esta centralización extractiva es que el 89 % de los impuestos recaudados se queda en el nivel nacional, mientras municipios y departamentos solo retienen el 7 % y 4 %, respectivamente, lo que limita su capacidad de atender urgencias locales e impulsa la dependencia política de Bogotá.

Imaginemos una mañana cualquiera en Barranquilla. El usuario de Transmetro paga tarifas superiores al 10 % de sus ingresos mensuales para trasladarse en vagones abarrotados; el padre de familia espera horas en una cita médica pública que no cuenta con insumos esenciales; el joven agrónomo ve cómo la falta de infraestructura vial retrasa la comercialización de su cosecha mientras bypasses elegantes aparecen de pronto en la prensa nacional. Todos ellos, sin saberlo, sufragan un mecanismo que prioriza la expansión de la burocracia y el financiamiento de campañas políticas antes que el bienestar ciudadano.

La resistencia al parasitismo estatal no se traduce siempre en un levantamiento popular para abolir el Estado, pues, como advertía Nock, resulta más tentador apropiarse de sus engranajes que reemplazarlos por un sistema voluntario. En Colombia, los múltiples movimientos de protesta tienden a reclamar mejores condiciones dentro de la estructura existente (mejor salud, educación, pensiones), más que discutir la legitimidad del monopolio de la violencia o proponer alternativas de autogestión comunitaria. La deuda social se acumula y la esperanza de un pacto estatal renovador se desvanece ante la certeza de que, en el fondo, los ciudadanos somos clientes de un “parásito legal” cuyo sustento siempre depende de nosotros.

No obstante, la historia no es un camino unidireccional. Pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen sistemas de salud y de justicia propios, financiados en gran medida por la cooperación interna; cooperativas agrícolas cultivan la tierra en redes de mutuo apoyo sin mediación estatal directa; iniciativas de vivienda autogestionada en Medellín demuestran que lo comunitario puede resolver necesidades que el aparato público burocrático ignora. Estas experiencias son más que anécdotas: representan semillas de un modelo subsidiario y descentralizado, donde la sociedad civil ejerce su capacidad de producir, intercambiar y protegerse sin contaminarse con la corrupción estatal.

Si deseamos transformar a Colombia en un país más libre y próspero, debemos reconocer que la fuente real del poder no yace en muros de ministerios ni en acciones decreciales, sino en la energía creativa de los individuos y sus asociaciones voluntarias. El reto no es demoler el Estado mañana, sino construir hoy instituciones paralelas que demuestren con hechos que la solidaridad y el mercado libre producen más riqueza y cohesión social que la coacción tributaria y la burocracia extractiva. Solo así podremos revertir el viejo axioma de que “el Estado es necesario, pero parásito por definición” y refundar un contrato social que nazca de la colaboración genuina, no del chantaje fiscal.