El espejismo del Estado benefactor: ¿quién paga realmente la cuenta?

En Colombia, como en muchos países de América Latina, crece una narrativa política que presenta al Estado como el gran igualador de las desigualdades, el salvavidas de los excluidos, el protector omnipresente de los derechos y la dignidad. Esta idea se ha fortalecido especialmente en tiempos de crisis, donde la precariedad económica y la desesperanza empujan a millones de ciudadanos a buscar refugio en la promesa de un Estado que lo resuelva todo. Sin embargo, detrás de este relato bienintencionado se esconde un desequilibrio estructural: el desconocimiento de los límites del gasto público, de la procedencia de los recursos y, más grave aún, de los incentivos perversos que puede generar una administración desconectada de la realidad productiva.

Cuando se habla de empleos en el sector público, rara vez se menciona su verdadero origen: el bolsillo del contribuyente. Cada salario, cada contrato, cada programa estatal no proviene de una fuente abstracta o mágica, sino del esfuerzo cotidiano de millones de trabajadores y empresarios que producen riqueza y pagan impuestos. Mientras en el sector privado la creación de empleo está atada a la productividad, a la demanda real y a la disponibilidad de capital, en el sector público el crecimiento de la nómina suele responder a consideraciones políticas, clientelares o burocráticas, más que a una lógica de eficiencia o necesidad social.

En Colombia, este fenómeno no es nuevo, pero ha adquirido una nueva dimensión en los últimos años. Basta con observar la proliferación de cargos de libre nombramiento y remoción en las alcaldías y gobernaciones, que muchas veces se convierten en botines de campaña. Según datos de la Función Pública, entre 2020 y 2023, el número de empleados públicos aumentó en más de 40.000 personas, sin que ello se traduzca necesariamente en mejores servicios ni mayor cobertura. En departamentos como La Guajira, donde los índices de pobreza multidimensional superan el 60%, los contratos estatales se reparten como cuotas burocráticas, mientras las escuelas colapsan y los hospitales agonizan.

Lo más preocupante es que esta expansión del aparato estatal parece operar bajo una lógica inversa a la del mercado: mientras en el sector privado una empresa que pierde clientes y eficiencia debe reducir costos o cerrar, en el sector público una entidad puede duplicar su presupuesto a pesar de su inoperancia. Tomemos como ejemplo el sistema educativo público en algunas ciudades capitales. En Bogotá, el gasto en educación aumentó más de un 30% en la última década, mientras la matrícula pública cayó de 940.000 estudiantes en 2008 a menos de 750.000 en 2023. Más gasto, menos cobertura. Esto no es una opinión, es una tendencia documentada. ¿Qué empresa privada sobreviviría operando con esta lógica?

Esta desconexión entre resultados y recursos genera un incentivo perverso: en lugar de premiar la eficiencia, se premia el tamaño. Quien ejecuta más presupuesto es considerado exitoso, aunque el impacto real de ese gasto sea cuestionable. Y cuando el dinero no alcanza, se recurre a la solución más fácil para los gobiernos: subir impuestos. En Colombia, la presión fiscal ha aumentado sostenidamente, especialmente sobre las empresas formales, que hoy enfrentan una carga tributaria efectiva superior al 70%, según la OCDE. Mientras tanto, el Estado mantiene subsidios ineficientes, programas clientelistas y una estructura administrativa inflada que ahoga el crecimiento de la economía productiva.

No se trata de negar el papel social del Estado, ni de idealizar el sector privado. Nadie en su sano juicio propondría eliminar la educación pública, ni dejar a los ciudadanos sin acceso a salud o justicia. Pero sí es urgente abrir un debate honesto sobre el tamaño del Estado, la calidad del gasto y los verdaderos beneficiarios del aparato público. Porque cuando se dice que los empleos públicos existen para "beneficiar a la ciudadanía", hay que preguntarse: ¿a cuál ciudadanía? ¿A la que trabaja en el sector informal y paga IVA sin recibir servicios básicos, o a la minoría que logra ubicar a un familiar en un cargo público con salario asegurado y pocas exigencias?

En Colombia, el 60% de los trabajadores está en la informalidad, según el DANE. Estas personas no tienen contratos estables, no reciben prestaciones, ni cotizan para pensión. Sin embargo, son parte de la ciudadanía que financia el funcionamiento del Estado a través del consumo, los arriendos, las tarifas públicas. Paradójicamente, muchas veces estos ciudadanos pagan más proporcionalmente que quienes están bien posicionados en el engranaje estatal. La narrativa de que “todos somos iguales ante el Estado” se desmorona cuando se observa la realidad cotidiana: mientras unos enfrentan cortes de energía por no pagar el recibo, otros acceden a contratos millonarios por haber apoyado al político de turno.

En este contexto, urge replantear la ética fiscal. Los recursos del Estado no son "del Estado", son del pueblo, y como tales deben administrarse con la misma o mayor rigurosidad que se espera en el sector privado. La diferencia es que, mientras una empresa mal administrada quiebra, un Estado mal administrado sigue funcionando, pero cada vez a costa de más personas, más impuestos, más deuda. La sostenibilidad fiscal no es un tema técnico, es una cuestión de justicia intergeneracional. Cada peso malgastado hoy es una oportunidad perdida mañana.

Y no se trata solo de números. La cultura de “vivir del Estado” ha calado hondo en nuestra sociedad. Jóvenes que no sueñan con emprender, sino con “entrar a la planta”. Ciudadanos que no se organizan para exigir servicios, sino para buscar padrinos políticos. Esta mentalidad no solo perpetúa la ineficiencia, sino que atrofia la iniciativa, la autonomía y el sentido de responsabilidad individual. El Estado no puede ser la única aspiración de movilidad social. Necesitamos un país donde crear, innovar y competir sea más valioso que pertenecer al engranaje burocrático.

La crisis de legitimidad que hoy vive el Estado colombiano no se resuelve con más gasto, más subsidios o más leyes. Se resuelve con transparencia, eficiencia y una ciudadanía que entienda que el dinero público no es ajeno, es sagrado. Y que así como en el sector privado no se puede pagar un salario sin resultados, en el sector público tampoco debería permitirse el despilfarro, el clientelismo o la inoperancia sin consecuencias.

Porque al final, toda nómina pública se paga con dinero privado. La pregunta es: ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta balanza desequilibrada sin que colapse el motor que realmente mueve al país?