Colombia no necesita más Estado: necesita más libertad

En Colombia hemos aprendido a vivir con el Estado como un padre maltratador. Nos golpea con su ineficiencia, nos promete amor en cada elección, y aun así volvemos a él esperando que esta vez sí cumpla. Esta dependencia emocional se refleja en cada rincón del país: clamamos por subsidios, soluciones mágicas, decretos salvadores y programas asistenciales, mientras nos quejamos —con razón— del clientelismo, la corrupción y el abandono estatal. No advertimos, sin embargo, que lo que nos destruye no es la ausencia del Estado, sino su exceso, su intromisión constante en la vida del individuo, su capacidad para decidir sobre lo que no le pertenece y para fallar allí donde más prometió.

Este país no sufre por falta de normas, sino por exceso de ellas. Desde el momento en que un joven en el Caribe quiere montar una barbería o una joven en el Cauca decide emprender con repostería, se enfrenta a una montaña de permisos, trámites, impuestos, normas, visitas de inspección, extorsión legalizada y legalismos innecesarios. El mensaje implícito es claro: emprender en Colombia no es un derecho, es un privilegio para quien tiene amigos o capital suficiente para resistir la burocracia. Según el informe *Doing Business* del Banco Mundial (2020), Colombia ocupaba el puesto 67 entre 190 países en facilidad para hacer negocios, pero en temas como la apertura de empresas y cumplimiento regulatorio sigue rezagada frente a economías más libres. Y mientras el discurso oficial habla de “economía popular” y “emprendimiento social”, el sistema sigue aplastando la iniciativa privada con una mezcla de desconfianza, parasitismo y arrogancia tecnocrática.

Muchos asumen que el libre mercado es un capricho ideológico o una receta extranjera, cuando en realidad es el mecanismo más eficiente que ha conocido la humanidad para sacar a millones de personas de la pobreza sin violencia. En Colombia, lo poco que funciona lo hace gracias al mercado, no al Estado. Desde las aplicaciones móviles que entregan comida hasta las soluciones privadas de salud, educación y transporte, los ciudadanos buscan todos los días salidas al colapso institucional con innovación, redes informales y cooperación espontánea. Sin embargo, el discurso dominante sigue tratando al empresario como enemigo, al emprendedor como evasor y al comerciante informal como amenaza.

En el campo de la seguridad, la realidad es aún más dolorosa. ¿Quién se atrevería a confiar su vida a la Policía Nacional en las zonas más calientes del país? ¿A qué autoridad puede acudir un campesino en el Catatumbo o una familia en Buenaventura cuando sufre una extorsión? El Estado ha demostrado una y otra vez su incapacidad para garantizar la vida, libertad y propiedad de los ciudadanos. Y, sin embargo, mantiene un férreo monopolio sobre el uso de la fuerza, prohibiendo que comunidades organizadas gestionen su propia defensa, limitando la acción legítima de la autodefensa civil y criminalizando la seguridad privada fuera de su control. En lugar de soluciones eficaces, nos entrega presencia simbólica, operativos mediáticos y reformas judiciales que ignoran la desesperación de las víctimas.

Y aquí es cuando aparece la falacia favorita de los planificadores: si hay inseguridad, más Estado; si hay pobreza, más subsidios; si hay corrupción, más regulaciones. Pero como señaló Friedrich Hayek, los sistemas centralizados no pueden procesar la información que dispersan millones de seres humanos en sus decisiones diarias. Lo que necesitamos no es más Estado, sino más libertad para organizarnos sin él. En vez de que el Estado maneje la tierra, debería garantizar títulos de propiedad claros a los campesinos que la trabajan. En vez de gastar miles de millones en programas sociales clientelistas, debería dejar de obstaculizar la creación de riqueza. En vez de monopolizar la educación con sindicatos ideologizados, debería permitir a las familias elegir con libertad y responsabilidad cómo y dónde educar a sus hijos.

Un ejemplo que ilustra esta tragedia es el caso de las invasiones urbanas: en lugar de facilitar la regularización y titulación de la propiedad, el Estado criminaliza a los ocupantes, o los convierte en votos cautivos a cambio de promesas nunca cumplidas. No entiende que donde hay propiedad segura, hay ahorro, inversión y comunidad. Pero donde la propiedad depende del capricho político, hay miedo, dependencia y estancamiento. Esto no es teoría. En países como Perú, el trabajo de Hernando de Soto demostró que formalizar la propiedad de los más pobres les permite integrarse a la economía de mercado, acceder a crédito y romper el círculo de marginalidad.

La corrupción, por su parte, no es una falla del sistema: es una consecuencia inevitable de un Estado grande con poder discrecional. Mientras más recursos concentra el gobierno, más incentivos tienen los grupos de interés para capturarlo. Por eso las reformas anticorrupción fallan: atacan síntomas, no causas. No se trata de crear más entes de control, sino de limitar las funciones del Estado. Un político no puede robar recursos que no administra, ni puede entregar contratos si no tiene poder para adjudicarlos. La mejor transparencia no es un código ético: es la competencia en un mercado libre y la descentralización del poder.

Incluso en temas como el medio ambiente, donde muchos asumen que se requiere intervención estatal masiva, el libertarismo ofrece respuestas sensatas. Si los recursos naturales son de todos —y por tanto de nadie—, nadie los cuida. Pero si se otorgan derechos de propiedad bien definidos sobre bosques, ríos o tierras, los propietarios tienen incentivos para protegerlos y conservar su valor a largo plazo. De hecho, gran parte de la deforestación en Colombia ocurre en zonas donde el Estado ha prohibido la propiedad privada, creando incentivos perversos para la extracción ilegal y la destrucción acelerada.

Y en medio de todo esto, seguimos hablando de “más Estado”, como si la fórmula que ha fracasado durante 200 años de historia republicana fuera a funcionar por arte de magia en este nuevo ciclo. El Estado colombiano no ha sido neutral ni benefactor: ha sido un instrumento de concentración del poder político y económico en pocas manos, una maquinaria de favores y exclusiones, una barrera constante a la movilidad social real. Su crecimiento ha venido a costa de nuestras libertades, de nuestra creatividad y de nuestra dignidad.

La solución no es abolir el Estado, pero sí ponerlo en su lugar. El Estado debe estar al servicio del individuo, no al revés. Debe limitarse a sus funciones esenciales: proteger derechos, garantizar justicia, facilitar intercambios voluntarios. Todo lo demás —educación, salud, desarrollo económico, innovación, cultura— debe emanar de una sociedad libre, capaz de cooperar sin coacción, de crear sin permiso, de prosperar sin depender.

Hoy más que nunca, Colombia necesita una revolución de pensamiento. Una ruptura con la fe ciega en el paternalismo estatal. Una apuesta decidida por la libertad individual como fuente de dignidad, orden y prosperidad. Necesitamos menos discursos políticos y más instituciones abiertas, menos reglamentos absurdos y más competencia libre, menos subsidios condicionados y más propiedad segura.

Porque si queremos un país realmente libre, justo y próspero, el primer paso es simple, pero radical: dejar de pedir permiso para serlo. ¿Nos atreveremos?