Colombia: la nación devorada por sus propios burócratas

En la Colombia contemporánea, hablar del Estado como un ente neutral, servidor público y garante de derechos, se ha convertido más en una ilusión romántica que en una descripción objetiva. Lo que alguna vez fue concebido como una estructura institucional para facilitar el orden y promover el bienestar, ha mutado en un aparato disfuncional, hipertrofiado y voraz que parece vivir exclusivamente para sí mismo. Nos enfrentamos a una burocracia que ha dejado de ser medio para transformarse en fin, que no actúa como herramienta de progreso, sino como una maquinaria de poder que, bajo la apariencia de lo técnico y lo legal, paraliza la nación, impone su voluntad y vive del esfuerzo ajeno. Colombia está siendo devorada desde adentro por una clase burocrática que se comporta como una casta parasitaria, blindada contra el cambio, el control ciudadano y la exigencia de resultados.

No se trata de una crítica superficial al empleado público individual, sino de una reflexión sobre el sistema en el que opera: un sistema que castiga el mérito y recompensa el fracaso; que gasta sin producir, que regula sin entender, que ordena sin obedecer, y que multiplica sus tentáculos en nombre de un Estado que ya no representa al pueblo, sino a sus propios operadores. La reforma del servicio civil, promovida como una garantía de profesionalismo y continuidad administrativa, ha sido, en muchos casos, la coartada perfecta para consolidar una burocracia inamovible, autorreferencial y desconectada de la realidad nacional. Bajo la bandera de la estabilidad laboral y la “carrera administrativa”, miles de cargos públicos se han convertido en feudos personales, impermeables a la crítica y refractarios a la innovación.

En los ministerios, secretarías y entidades descentralizadas, no es raro encontrar funcionarios con décadas en el cargo, pero sin resultados verificables. El clientelismo ha encontrado en la burocracia una fortaleza inexpugnable: se alimenta del presupuesto público, se reproduce mediante concursos manipulados o nombramientos temporales prolongados hasta el infinito, y se justifica a través de una normatividad tan densa que solo sus propios arquitectos pueden navegarla. Cuando un colombiano acude a una oficina estatal a resolver un trámite, no se encuentra con una solución, sino con un laberinto: fotocopias innecesarias, formatos absurdos, turnos eternos y respuestas evasivas. La burocracia no está allí para servir, sino para validar su existencia a través de la complejidad. Cada obstáculo justifica un nuevo procedimiento, cada retraso legitima una nueva contratación.

El caso del Sisbén IV, por ejemplo, refleja esta lógica perversa. Lo que se prometió como una modernización para focalizar mejor los subsidios, terminó en una confusión masiva, con miles de hogares perdiendo beneficios sin explicación coherente. Mientras tanto, las oficinas locales reportaban colapsos, funcionarios desinformados, y una población empobrecida atrapada entre la necesidad urgente y la negligencia técnica. A este ejemplo se suman los lentos procesos para acceder a salud, las demoras en el pago de maestros y personal médico, o los cuellos de botella para obtener licencias o registros. La ineficiencia no es una falla, sino una función: sin caos, la burocracia no tiene excusa para crecer.

Y en medio de esta debacle, los burócratas siguen cobrando puntualmente. Las cifras del Departamento Administrativo de la Función Pública muestran que Colombia cuenta con más de 1.2 millones de empleados públicos. El presupuesto general de la nación asigna miles de millones de pesos anuales al pago de nómina y funcionamiento del Estado, incluso por encima de lo que se destina a inversión en infraestructura o ciencia y tecnología. Paradójicamente, mientras el país clama por hospitales dignos, educación de calidad y justicia eficiente, los recursos son absorbidos por el mantenimiento de una estructura que no rinde cuentas, que opera con una lógica interna desconectada de las urgencias sociales. La burocracia es la única entidad que sobrevive, incluso cuando todo a su alrededor colapsa.

El problema es más profundo que el exceso de trámites o la lentitud administrativa. Estamos frente a la consolidación de un Estado profundo, una red de tecnócratas, asesores, consultores y funcionarios que trascienden los cambios de gobierno y dictan el rumbo de la nación sin haber sido elegidos por nadie. Esta élite burocrática actúa como un poder paralelo, protegido por normas, sindicatos y pactos de silencio. Cualquier intento de reforma verdadera es neutralizado desde dentro, con la excusa de la “institucionalidad”. La democracia se vuelve entonces una fachada: los ciudadanos votan, pero los que realmente mandan son aquellos que controlan los procedimientos, los informes, los presupuestos y los sellos.

La retórica progresista ha servido como gasolina para esta expansión del aparato estatal. Cada nueva “crisis” justifica un nuevo programa, una nueva dependencia, un nuevo equipo técnico. El asistencialismo, en lugar de empoderar, ha generado dependencia, y la supuesta “protección” del Estado ha servido para justificar una invasión de normas, restricciones y controles que hacen inviable emprender, innovar o incluso trabajar con autonomía. El empresario es visto con sospecha, el independiente es acosado por la DIAN, el agricultor es ahogado en trámites, y el ciudadano común es convertido en súbdito. Mientras tanto, la burocracia avanza, multiplicando funciones, apropiándose de competencias, reclamando más recursos. Como un cáncer institucional, crece por todas partes y no reconoce límites.

En los territorios, la situación es aún más grotesca. Gobiernos locales capturados por redes burocráticas que reparten contratos, manipulan procesos y perpetúan el subdesarrollo. No hay municipio que no esté plagado de oficinas innecesarias, asesores sin función real o programas que solo existen en el papel. Los Planes de Desarrollo se convierten en catálogos de promesas que nadie ejecuta, mientras los presupuestos se diluyen entre sueldos, viáticos y estudios de consultoría. La política pública se ha convertido en un negocio para burócratas, no en una solución para ciudadanos.

Colombia necesita una revolución ética, institucional y cultural que cuestione el modelo mismo de burocracia que hemos naturalizado. No se trata de privatizar todo, ni de eliminar por completo la presencia del Estado. Se trata de recordar que el Estado está para servir, no para gobernar desde la sombra. Que el funcionario público debe ser un servidor, no un privilegiado blindado contra la crítica. Que el presupuesto es sagrado porque proviene del esfuerzo del pueblo, y no del aire. Que no hay justicia social posible si quienes administran lo público no rinden cuentas, no producen valor, y no entienden que el poder público es un préstamo, no un derecho hereditario.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que mientras más Estado tenemos, menos libertad disfrutamos. Y mientras más presupuesto se le asigna, más pobre se vuelve el país. La burocracia no solo no ha resuelto nuestros problemas: los ha profundizado. Ha cultivado una cultura de mediocridad, de miedo al riesgo, de desprecio por la iniciativa privada y de resignación ante el abuso institucional. Si no ponemos límites a este monstruo que se alimenta de su propio fracaso, corremos el riesgo de convertirnos en una república administrada por burócratas para burócratas. Una nación donde el Estado ya no es un medio, sino un fin en sí mismo. Y donde el ciudadano solo existe para financiar su propio sometimiento.