¿Por qué el PIB no nos cuenta la verdad?

Vivimos en una época en la que los titulares económicos se llenan de optimismo cuando el Producto Interno Bruto (PIB) crece unas décimas. Desde los comunicados del Banco de la República hasta las ruedas de prensa del Ministerio de Hacienda, la narrativa es clara: si el PIB crece, vamos bien. En el debate público, esa cifra se convierte en un dogma. Los medios la amplifican, los políticos la instrumentalizan y la ciudadanía, sin quererlo, la normaliza como una medida del bienestar colectivo. Pero detrás de esa aparente objetividad técnica, se esconde una realidad más compleja, incómoda e incluso peligrosa: el PIB no mide lo que realmente importa. Y en el caso de Colombia, esa ceguera estadística perpetúa errores estructurales que impiden el desarrollo auténtico y sostenible.

Desde sus orígenes, el PIB fue diseñado para medir la producción económica formal, específicamente el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado. El enfoque del gasto —el más común— suma el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas. Así, el crecimiento del PIB depende, esencialmente, de cuánto dinero se mueve en la economía. Pero esta lógica contable, útil para ciertos análisis macroeconómicos, ha sido usada durante décadas como una vara absoluta para medir el progreso, sin considerar sus profundos vacíos éticos, sociales y estructurales.

Uno de los principales problemas es la confusión entre gasto y bienestar. Colombia puede aumentar su PIB si se dispara el consumo privado, incluso si ese gasto se basa en el endeudamiento masivo de los hogares. En 2023, según datos de la Superintendencia Financiera, la morosidad en créditos de consumo creció hasta niveles alarmantes, especialmente en tarjetas de crédito. Muchas familias en estratos medios y bajos terminaron el año con una carga financiera insostenible, mientras que los informes oficiales celebraban el “dinamismo del consumo interno” como un indicador de crecimiento. Esta paradoja revela una verdad incómoda: gastar más no significa vivir mejor.

Otra fuente importante de distorsión es el gasto público. En Colombia, este componente del PIB ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas, sin que eso haya implicado mejoras proporcionales en los servicios públicos, la infraestructura o la seguridad. Buena parte del gasto del Estado se va en funcionamiento —nómina, burocracia, subsidios mal focalizados, clientelismo— más que en inversión productiva. En el presupuesto general de la nación de 2024, el 72 % está destinado a gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. ¿Puede una economía crecer sanamente si la mayor parte del gasto público no genera valor ni productividad futura? El PIB dirá que sí. La realidad, sin embargo, se encarga de contradecirlo.

A este espejismo se suma una característica aún más perversa: el PIB contabiliza como crecimiento incluso los eventos negativos que obligan a gastar. Si un huracán destruye viviendas y el gobierno debe reconstruirlas, el gasto aumenta, y con él el PIB. Si se intensifican los conflictos armados —como los que vivimos recientemente en el Cauca o en el Catatumbo— y se incrementa el presupuesto militar, también sube el PIB. Si los ciudadanos gastan más en salud porque el sistema está colapsado y deben pagar de su bolsillo servicios básicos, ese gasto cuenta como "producción". En otras palabras, el PIB no distingue entre bienestar y deterioro, entre lo que mejora la calidad de vida y lo que apenas repara el daño.

Tampoco mide la economía informal, que en Colombia representa más del 40 % del empleo según el DANE. Millones de colombianos producen, intercambian, resuelven necesidades y generan ingresos por fuera de los registros oficiales. La mujer que vende arepas en una esquina de Barranquilla, el joven que hace entregas en bicicleta en Bogotá, el campesino que comercia productos en una plaza de mercado en Nariño: todos ellos aportan a la economía real, pero no cuentan en la medición del PIB. Esta exclusión estadística refuerza una lógica elitista del desarrollo, donde lo que no es formal, no existe.

Lo mismo ocurre con el trabajo no remunerado, especialmente el doméstico y de cuidado, que sigue siendo realizado de forma desproporcionada por mujeres. Según el DANE, si se incluyera este tipo de trabajo en la contabilidad nacional, representaría cerca del 20 % del PIB. Sin embargo, como no hay transacción monetaria, el sistema lo invisibiliza. En un país como Colombia, donde la desigualdad de género es estructural y la feminización de la pobreza sigue siendo una realidad, ignorar este aporte perpetúa las brechas y refuerza una narrativa falsa del crecimiento.

Pero el problema no se detiene en lo que el PIB excluye. También perpetúa una visión de desarrollo extractivista y de corto plazo. En Colombia, la minería y la explotación de hidrocarburos siguen siendo pilares de la economía nacional. Cuando el precio del petróleo sube, el PIB crece. Pero ese “crecimiento” se basa en agotar recursos no renovables, destruir ecosistemas y profundizar conflictos sociales en los territorios. La Amazonía arde, el agua escasea en La Guajira y los pueblos indígenas denuncian desplazamientos por proyectos extractivos. Nada de esto preocupa al PIB, mientras la contabilidad cuadre y las cifras luzcan bien.

Esta desconexión entre la métrica y la realidad tiene implicaciones políticas profundas. Si los gobiernos son evaluados por su capacidad de hacer crecer el PIB, entonces todas las políticas públicas se orientarán a inflarlo, sin importar si eso implica endeudamiento, destrucción ambiental, exclusión social o concentración de la riqueza. La trampa del PIB es que convierte un medio en un fin, una herramienta contable en un símbolo de legitimidad política.

Romper con esta lógica exige más que revisar las estadísticas. Supone replantear qué entendemos por desarrollo y qué queremos medir como sociedad. El crecimiento económico debe ser un medio para garantizar vidas dignas, libertades reales, sostenibilidad ambiental y equidad. Y para eso se requieren métricas que incluyan la calidad institucional, el respeto por los derechos humanos, la distribución del ingreso, la calidad de la educación, la salud mental, el acceso a oportunidades y el valor de los bienes comunes.

No se trata de desechar el PIB, sino de quitarle el trono. De comprenderlo como un indicador parcial, limitado, muchas veces engañoso. Es hora de construir un nuevo relato económico que no se conforme con sumar cifras, sino que se atreva a imaginar un país donde crecer no sea gastar más, sino vivir mejor.