La rebelión de las monedas: cuando el mercado castiga al monopolio estatal del dinero

Durante años, en países como Colombia o Argentina, se nos enseñó que el Estado debía garantizar la estabilidad económica, que el peso debía ser protegido a toda costa y que solo el Banco Central tenía el poder legítimo de emitir moneda. Esta narrativa, heredada del keynesianismo estatista y fortalecida por décadas de intervencionismo, convirtió a las monedas nacionales en símbolos patrióticos más que en instrumentos funcionales. Pero ¿qué ocurre cuando la moneda deja de cumplir su papel esencial como reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos, por la fuerza de la realidad y no por decreto, comienzan a abandonar esa moneda impuesta por el Estado? La respuesta se está escribiendo, en tiempo real, con lo que hoy ocurre en Argentina… y que resuena con fuerza en los hogares colombianos.

Lo que propone Javier Milei en Argentina no es una ocurrencia excéntrica ni una extravagancia ideológica. Es, en esencia, una rebelión contra el monopolio estatal del dinero. La idea de que las monedas deben competir libremente es una declaración de guerra al privilegio histórico de los bancos centrales de erosionar el valor del dinero vía emisión. La libre competencia de monedas, como lo explicó Friedrich Hayek en La desnacionalización del dinero, permitiría que los ciudadanos decidan cuál moneda usar, forzando a los emisores —sean bancos centrales o privados— a mantener el poder adquisitivo de su moneda si desean que esta sea utilizada. En otras palabras, la moneda buena desplaza a la mala… pero solo si dejamos que compitan.

En Argentina, esa competencia se ha vuelto práctica cotidiana. A pesar de que el peso argentino sigue siendo la moneda de curso legal, los ciudadanos piensan en dólares, pactan contratos en dólares, ahorran en dólares y, cuando pueden, fijan precios en esa divisa. El mercado ya eligió. La diferencia ahora es que Milei decidió dejar de pelear contra esa realidad y, en cambio, la ha abrazado como mecanismo disciplinador del sistema monetario. Con ello, la confianza se ha disparado, la inflación empieza a ceder y, paradójicamente, el propio peso comienza a estabilizarse. No por decreto, sino porque ha dejado de ser una herramienta política.

En Colombia, no estamos tan lejos de ese escenario. Aunque la inflación ha sido más controlada, los episodios de devaluación del peso frente al dólar —como los ocurridos entre 2022 y 2023— nos recuerdan cuán vulnerable es nuestra moneda cuando la política fiscal y monetaria no gozan de credibilidad. Hoy, en barrios de ciudades como Cúcuta, Maicao o Ipiales, se comercia libremente en dólares, bolívares o soles, según la cercanía geográfica. En plataformas digitales, freelancers colombianos prefieren cobrar en USDT o Payoneer. Incluso, muchos comercios aceptan criptomonedas como forma de pago sin mediar ley que lo exija. Esto no es ilegalidad; es mercado puro. Es el ciudadano promedio buscando protección ante la volatilidad, usando la moneda como un medio y no como un fin.

Pero esta transformación de abajo hacia arriba molesta profundamente a quienes aún creen que el dinero debe estar bajo el control exclusivo del Estado. En su visión, permitir que circulen libremente otras monedas sería “renunciar a la soberanía”. Sin embargo, como nos enseña la historia económica, la verdadera soberanía del dinero no la define el decreto de un burócrata, sino la confianza de quien lo usa. Y si el Estado no ofrece confianza, el mercado la buscará por su cuenta.

Este debate es urgente en Colombia. Hoy presenciamos una expansión desmedida del gasto público, un apetito creciente por financiar déficits con deuda y una intención abierta de intervenir precios, sectores y mercados con criterios ideológicos. Si seguimos este camino, el peso colombiano se verá sometido a tensiones que podrían, eventualmente, llevar a los ciudadanos a desconfiar de su estabilidad. Entonces, la competencia de monedas dejará de ser una teoría y se volverá una necesidad práctica.

Pero no todo está perdido. Precisamente porque aún conservamos cierta autonomía institucional, Colombia podría tomar un rumbo distinto: abrir el debate sobre la legalización de monedas paralelas, permitir transacciones en otras divisas, desincentivar el uso forzoso del peso en vez de imponerlo, y permitir que sea el mercado —y no la política— quien decida qué moneda es confiable. Esta medida no implica renunciar a la soberanía, sino reforzarla desde la libertad. La confianza no se impone; se gana. Y un Estado que permite competir a su moneda está dando la señal más poderosa de confianza en sí mismo.

La libre competencia de monedas es, en el fondo, una herramienta de empoderamiento ciudadano. Es permitir que las personas tomen el control de su dinero, de su ahorro, de su futuro. Es reconocer que no hay nada más soberano que el derecho a elegir con qué moneda proteger lo que uno ha construido. Y si ese derecho molesta a los burócratas, es porque pone al descubierto lo que más temen: que el monopolio estatal del dinero ha sido, durante años, la forma más silenciosa de empobrecernos.

Hoy, cuando en Colombia discutimos sobre subsidios, gasto público, impuestos y déficits, deberíamos también discutir sobre quién debe tener el poder del dinero. Porque mientras debatimos sin tocar ese punto, la gente ya ha empezado a decidir por su cuenta. Y cuando el ciudadano se adelanta al Estado, el cambio ya es irreversible.

¿Nos atrevemos a abrir esa puerta? ¿O seguiremos aferrados a una moneda que no compite, que no convence y que, poco a poco, está perdiendo su razón de ser? Tal vez, como dijo Hayek, el verdadero camino hacia una sociedad libre comienza cuando liberamos también al dinero. Y quizá entonces, como en Argentina, incluso el peso colombiano podría empezar a ganarse nuestro respeto.