La dictadura de la igualdad: el espejismo que amenaza la libertad

Vivimos tiempos extraños. En Colombia, como en buena parte del mundo, las palabras han comenzado a perder su significado. Libertad ya no es autonomía, es "capricho"; mérito ya no es esfuerzo, es "privilegio"; desigualdad ya no es una condición natural, sino una falla moral. Y así, bajo una retórica edulcorada de justicia, inclusión y equidad, muchos promueven una peligrosa inversión de valores que pone en riesgo la base misma de una sociedad libre: el respeto por el individuo.

Cuando hablamos de construir una sociedad justa, lo primero que deberíamos preguntarnos es qué significa justicia. Si por justicia entendemos que todos partamos del mismo punto, entonces desconocemos que los seres humanos no somos iguales. No lo somos en talento, ni en aspiraciones, ni en disciplina, ni en el entorno en el que nacimos. Esa es una realidad. Pero más aún, no queremos lo mismo. Algunos sueñan con un negocio propio, otros con una carrera académica. Hay quienes desean una vida tranquila y quienes buscan reconocimiento. Esa diversidad no es un problema; es, de hecho, el combustible de la civilización.

El verdadero milagro de la vida en sociedad no es que todos lleguemos al mismo lugar, sino que podamos convivir siendo distintos. La libertad, lejos de ser un obstáculo para la justicia, es su precondición. En una sociedad libre, cada quien puede perseguir su idea de felicidad sin dañar al otro. Pero para eso necesitamos reglas claras: propiedad privada, libre asociación, contratos voluntarios y un Estado que garantice la seguridad, no que administre nuestros sueños.

Sin embargo, hoy en Colombia presenciamos un creciente desprecio por esa visión. Desde el discurso oficial hasta la cultura popular, se ha instalado la idea de que la desigualdad es, por sí misma, una injusticia. No se pregunta cómo surgió, ni qué factores la explican. Se parte del hecho de que si alguien tiene más que otro, entonces debe haber ocurrido una injusticia estructural. Y así, se legitima un tipo de intervención estatal que no busca garantizar libertades, sino igualar resultados.

Es el discurso del igualitarismo radical: el que confunde pobreza con injusticia, riqueza con crimen, y desigualdad con opresión. Pero este discurso no solo es falaz; es peligroso. Porque para igualar resultados hay que controlar las decisiones individuales. Si uno trabaja más, estudia más o emprende con más riesgo, inevitablemente generará un resultado distinto. Y si ese resultado se considera ilegítimo, entonces habrá que intervenir para redistribuirlo. ¿Quién decide cuánto es justo que ganes? ¿Quién calcula cuál es el punto óptimo de equidad? Un burócrata, un comité, un planificador central. La libertad individual desaparece cuando el ideal colectivo se impone por decreto.

Basta observar la tendencia reciente en Colombia. Propuestas de reformas que desincentivan la inversión, criminalizan el éxito empresarial o castigan el ahorro con más impuestos bajo el lema de “solidaridad”. Funcionarios que hablan de “desmercantilizar” derechos como si el mercado fuera un demonio y no una red voluntaria de cooperación entre individuos. Jóvenes universitarios que repiten eslóganes sobre justicia social sin entender que el modelo que los inspira ha generado miseria y represión en todos los países donde se ha implementado. Venezuela está a una frontera de distancia, pero parece a un océano de reflexión.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie, ese que madruga a vender empanadas en un semáforo o se endeuda para abrir un salón de belleza en el barrio, enfrenta cada vez más obstáculos para salir adelante. No pide subsidios, pide que no lo asfixien con trámites, que no le cobren por cada papel, que no lo traten como delincuente por no facturar electrónicamente. Quiere oportunidades reales, no discursos. Pero el sistema lo castiga por no encajar en los programas estatales, por no ser parte de una categoría vulnerable oficial, por querer avanzar sin intermediarios. El Estado no lo protege, lo atrapa.

Todo esto sucede mientras se nos dice que la justicia está más cerca. Pero, ¿justicia para quién? ¿Para el que quiere trabajar, ahorrar, emprender y decidir por sí mismo? ¿O para el que exige que otros carguen con su destino? La justicia no puede ser la excusa para institucionalizar la envidia. Porque si el mérito ya no cuenta, si el esfuerzo no genera recompensa, si la propiedad privada está siempre en disputa, entonces ¿qué incentivo queda para construir, crear o innovar?

No se trata de ignorar la pobreza ni de negar las enormes brechas sociales que aún existen. Pero la pregunta esencial es cómo resolverlas. ¿Con más centralismo, más asistencialismo, más controles? ¿O con más libertad, más competencia y más respeto por el emprendimiento individual? La historia enseña, aunque pocos quieran escucharla, que los países que han superado la pobreza no lo han hecho repartiendo lo que no hay, sino permitiendo que se genere riqueza. No lo han hecho igualando hacia abajo, sino liberando el potencial de cada ciudadano.

Colombia necesita menos discursos y más libertad. Menos política de resentimiento y más instituciones que promuevan el mérito. Menos Estado empresario y más ciudadanos empoderados. Porque cuando dejamos de confiar en las decisiones individuales para entregar todo a la planificación central, no solo renunciamos a la libertad; también enterramos la creatividad, la responsabilidad y la dignidad. Esas no son simples palabras: son los pilares que sostienen una sociedad verdaderamente justa.

Hoy, más que nunca, debemos defender el derecho a ser diferentes, a vivir sin que el Estado nos dicte cómo pensar, producir o consumir. Porque la igualdad impuesta es solo el disfraz amable de un autoritarismo que ya no llega con botas, sino con eslóganes y decretos. Y si no despertamos a tiempo, lo pagaremos no solo con menos oportunidades, sino con menos humanidad.