El olvido de la propiedad: cómo se desvanece la civilización cuando todo parece de todos

 

En Colombia, como en muchas naciones que aún se debaten entre el subdesarrollo y la promesa de una institucionalidad sólida, la propiedad privada ha sido vilipendiada, relativizada, interpretada como un privilegio y no como lo que realmente es: la base estructural del orden civilizado. Este olvido no es menor. Cuando se erosiona el respeto a la propiedad privada, cuando se desdibuja su importancia en el discurso público y se presenta la redistribución forzada como justicia, se sienta el terreno fértil para el caos económico, la inseguridad jurídica y la descomposición social. No hay civilización posible sin propiedad, porque no hay posibilidad de cálculo racional, de competencia leal, de incentivos claros ni de progreso sostenido si el fruto del trabajo propio puede ser expropiado, confiscado o condicionado por la voluntad política de turno.

Producir no es, como muchos imaginan, simplemente mover una pala, operar una máquina o sembrar una semilla. Producir implica juicio, previsión, asumir riesgos y actuar hoy esperando un resultado mañana. Esa conducta solo es racional si quien produce tiene la seguridad de que lo producido le pertenece. No se trata de romantizar al propietario, sino de reconocer que sin esa figura no hay forma de que se organice una economía moderna. Lo decía Mises con total claridad: sin propiedad privada de los medios de producción, no es posible el cálculo económico. Y sin cálculo económico, no hay forma de asignar racionalmente los recursos. ¿Cómo sabe un agricultor si sembrar maíz es más rentable que criar ganado? ¿Cómo determina una empresa si expandirse a otra ciudad es una decisión acertada? Solo a través del sistema de precios, que a su vez solo puede existir en un mercado libre con propiedad privada, es posible conocer la escasez relativa de los bienes y actuar en consecuencia.

Esto no es teoría abstracta. En Colombia lo vivimos a diario. El pequeño comerciante que ve cómo las bandas criminales le cobran extorsión por operar en su propio local; el campesino que teme invertir en su tierra porque no sabe si será invadida bajo la bandera de una supuesta “reforma agraria”; el empresario que duda en expandirse porque cada nuevo activo parece una tentación para que el Estado le imponga más cargas, más controles, más amenazas de confiscación. Todos esos escenarios tienen algo en común: el debilitamiento del derecho de propiedad. Y cuando ese derecho se debilita, todo lo demás se desmorona. Porque, contrario a lo que predican los populistas, la propiedad no es el enemigo del pobre; es su única defensa real contra la miseria estructural.

Vivimos en un país donde la informalidad laboral supera el 56%, según cifras del DANE, y donde más del 40% de la población se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional. ¿Qué significa eso en términos de propiedad? Significa que millones de colombianos no poseen medios productivos, no acceden a crédito formal porque no tienen títulos de propiedad, y no pueden capitalizar su esfuerzo. En otras palabras: viven fuera del marco institucional que garantiza que producir valga la pena. Y, sin embargo, la discusión pública gira en torno a cómo redistribuir lo poco que hay, en vez de cómo generar más riqueza respetando los derechos individuales. La pregunta no debería ser cómo quitarle al que tiene, sino cómo hacer que todos puedan tener. Y la respuesta, lejos del estatismo o del asistencialismo clientelista, está en extender el acceso real a la propiedad privada, en fortalecer la seguridad jurídica, en permitir que los mercados funcionen y que los individuos tomen decisiones sin miedo a que sus logros sean desechos por decreto.

La competencia económica —tan satanizada por quienes idealizan la igualdad estática— es, en realidad, un proceso de mejora constante. Obliga a las personas a innovar, a adaptarse, a servir mejor a los demás si quieren prosperar. Pero esa competencia solo es posible si hay propiedad, porque solo quien tiene algo que proteger puede arriesgar algo para mejorar. Un ejemplo sencillo: el joven de barrio que decide montar una barbería en su casa, invierte en sillas, espejos, herramientas. Lo hace porque espera recuperar su inversión y ganar algo más. Pero si al poco tiempo aparece una pandilla que le exige “vacuna” por operar, o si la alcaldía le cierra el negocio por no cumplir con regulaciones imposibles para un informal, ese joven aprende la peor lección posible: que producir no vale la pena. Y si esa lógica se generaliza, no queda más que el asistencialismo o la criminalidad como opciones de vida.

La civilización, entendida como ese orden espontáneo donde millones de individuos cooperan sin conocerse, sin imponerse unos a otros, se basa en reglas que garantizan el respeto mutuo. La propiedad privada es una de esas reglas fundamentales. Cuando se respetan los límites del otro —cuando no puedes apropiarte del fruto del trabajo ajeno ni por violencia privada ni por decreto público—, se genera un espacio donde florecen la confianza, el emprendimiento, el ahorro y la inversión. En cambio, cuando se promueve la idea de que todo pertenece al colectivo, al Estado, a “todos”, en realidad lo que se está legitimando es que el más fuerte, el más ruidoso, el más cercano al poder, pueda decidir qué se hace con lo ajeno. Eso no es civilización; eso es barbarie envuelta en lenguaje técnico.

Colombia está en una encrucijada. El discurso político actual —cargado de resentimiento, de revancha y de utopías redistributivas— está socavando los cimientos sobre los que se construyen las sociedades prósperas. Cada vez que se justifica una expropiación, cada vez que se impone una regulación que asfixia al emprendedor, cada vez que se criminaliza la riqueza sin importar cómo se obtuvo, se está enviando un mensaje peligroso: producir es inútil, competir es injusto, y prosperar es sospechoso. Esa narrativa, si no se enfrenta con firmeza, terminará por empobrecer aún más a los que dice defender.

Si la historia nos enseña algo, es que donde desaparece la propiedad privada, pronto desaparecen también la libertad, la innovación, la paz. La propiedad es mucho más que un derecho individual: es la base del cálculo económico, la condición de la competencia creativa y el germen de toda civilización estable. Si queremos una Colombia próspera, no debemos avergonzarnos de defenderla. Al contrario: debemos reivindicarla como lo que realmente es, la única garantía duradera de que el esfuerzo humano tendrá sentido y recompensa, de que el caos puede ser orden, y de que la barbarie aún puede ser contenida.