El malentendido que nos empobrece: por qué seguimos ignorando la ley de Say

En economía, hay errores que se repiten no por ignorancia sino por conveniencia. Uno de ellos, quizás el más persistente y peligroso, es la tergiversación de la ley de Say, una de las ideas más potentes que ha producido el pensamiento económico clásico y que, sin embargo, sigue siendo blanco de ataques, desdén o simple desinformación. Esta vieja disputa académica parece anacrónica a simple vista, pero hoy, más que nunca, exige ser desenterrada, no por nostalgia doctrinaria, sino porque la comprensión —o incomprensión— de esta ley sigue moldeando las políticas económicas de nuestro tiempo, con consecuencias palpables en la vida cotidiana de millones de personas. Y Colombia no es la excepción. Al contrario, es un caso de estudio.

Jean-Baptiste Say jamás afirmó que toda oferta crea su propia demanda en el sentido simplista en que muchos lo interpretan. Lo que Say argumentaba —y lo hacía con una profundidad que sus críticos rara vez reconocen— es que la producción es la fuente de la demanda, no su consecuencia. En otras palabras, para demandar algo, primero debemos haber producido algo que intercambiar. Esta afirmación tiene una fuerza lógica imbatible en una economía basada en el intercambio voluntario. Y sin embargo, ha sido sistemáticamente malinterpretada, especialmente por la escuela keynesiana, que ha promovido durante casi un siglo la idea de que la demanda agregada es el motor último de la economía, y que cuando esta se debilita, el Estado debe intervenir inyectando gasto público, sin importar si hay una base productiva que lo sustente.

Durante la pandemia de COVID-19, el keynesianismo encontró una nueva oportunidad para imponerse como ortodoxia. Los gobiernos del mundo, incluido el colombiano, respondieron con paquetes de estímulo fiscal, subsidios generalizados, transferencias monetarias, aplazamientos tributarios y ayudas sectoriales. El discurso era claro: sostener la demanda para evitar un colapso económico. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue una ruptura estructural en las cadenas productivas, escasez de insumos, inflación descontrolada y un estancamiento del aparato productivo. El gobierno colombiano aumentó su deuda pública, el déficit fiscal se disparó y el gasto social se expandió como respuesta política, no como solución económica. Y al final, el resultado fue un país más endeudado, más frágil, más pobre.

Es aquí donde la ley de Say revela su relevancia actual. La producción no es simplemente un medio para generar ingreso, es la condición de posibilidad de todo consumo. Y cuando se interrumpe la producción —por regulación, por impuestos excesivos, por rigideces laborales, o simplemente por falta de incentivos a la inversión—, el consumo no puede sostenerse artificialmente por mucho tiempo. En Colombia, esto se manifiesta con crudeza: la informalidad supera el 58%, el desempleo ronda el 11%, y la inversión privada ha caído dramáticamente ante un clima de incertidumbre jurídica y hostilidad regulatoria. Mientras tanto, se mantiene la narrativa de que más gasto público solucionará estos problemas estructurales. Como si el dinero pudiera imprimirse sin consecuencias. Como si se pudiera demandar sin antes haber producido.

El problema no es solo técnico. Es profundamente filosófico. Say entendía que los mercados son espacios de interacción humana, y que el valor no lo determina una fórmula matemática ni una política pública, sino el deseo de los individuos de intercambiar aquello que valoran. Por eso insistía en que para que un producto tenga valor de cambio, debe responder a una necesidad o un deseo real del mercado. Esta perspectiva, profundamente humana, es lo que la teoría keynesiana pierde de vista cuando transforma a los agentes económicos en autómatas sin preferencias, sin tiempo, sin escasez. En esa visión, el consumidor es pasivo y el Estado es el gran estimulador de la economía. Say, en cambio, nos recuerda que el productor es, antes que todo, consumidor de lo producido por otros. Y que sin producción, no hay consumo posible.

En Colombia, la desconexión entre producción y política económica es cada vez más evidente. Las reformas estructurales impulsadas en los últimos años han castigado la inversión privada, aumentado la incertidumbre legal, debilitado la confianza empresarial y encarecido los costos de producir. En sectores como el agro, la minería y la construcción —claves para generar empleo y valor agregado— las señales del gobierno han sido ambiguas o abiertamente hostiles. Mientras tanto, se multiplican los programas asistencialistas y los subsidios sin condiciones claras. Se produce menos, se consume con dinero del Estado, se ahoga al que invierte y se subsidia al que no produce. Todo esto en nombre de una "justicia social" que, en la práctica, perpetúa la dependencia, el desempleo y la informalidad.

Pero esto no es nuevo. La historia económica de Colombia está plagada de ciclos en los que el gasto público pretendió reemplazar la productividad. Y siempre termina igual: inflación, devaluación, pérdida de poder adquisitivo, fuga de capitales, y una sociedad más polarizada. Hoy, incluso con una inflación que se resiste a bajar y una economía que crece por debajo del 1%, la narrativa oficial sigue atrapada en el dogma del estímulo fiscal. No se trata solo de ignorar la ley de Say, sino de ignorar la realidad.

Es momento de dejar de tratar la economía como una máquina que se arregla con botones desde el Estado. No estamos ante una falla de "demanda agregada", sino ante una erosión de las condiciones que permiten producir con libertad. Necesitamos más emprendedores, más empresas, más innovación, más mercados abiertos. Y para eso, se requieren reglas claras, impuestos razonables, y una comprensión profunda de que la riqueza no la crea el gobierno repartiendo dinero, sino la sociedad produciendo bienes y servicios que otros valoran.

La ley de Say no es una reliquia del pasado. Es una advertencia permanente contra el ilusionismo económico. Nos dice, con la claridad de una ley natural, que nadie puede consumir lo que no se ha producido, y que ninguna economía puede sostenerse sobre el espejismo del gasto sin creación de valor. Ignorar esto no solo es un error teórico. Es un crimen contra el futur