El impuesto al ingenio: cómo la coacción estatal asfixia el progreso en Colombia

La historia de las naciones puede contarse, en gran medida, a través de sus tributos. Allí donde la creatividad floreció, donde el trabajo se convirtió en sinónimo de dignidad, donde la acumulación de capital fue el resultado de la innovación y el mérito, los impuestos fueron bajos o prácticamente inexistentes en los albores del desarrollo. Por el contrario, en aquellas geografías donde el poder político se arrogó el derecho de decidir cómo y en qué se debía gastar la riqueza de otros, el progreso se vio interrumpido, el talento emigró y la miseria se institucionalizó. Colombia, a pesar de su exuberante diversidad natural y humana, no ha sido ajena a esta segunda narrativa. Y es urgente ponerla en cuestión.

La tributación en nuestro país no es solo excesiva, sino profundamente injusta y destructiva. Quien se atreve a emprender en Colombia pronto se encuentra con un aparato normativo confuso, una carga fiscal asfixiante y un sistema sancionatorio voraz. No se castiga al que defrauda, se castiga al que produce. De acuerdo con la OCDE, Colombia es uno de los países donde más se tributa por tener una empresa formal activa, pero uno de los que menos retorno social percibe por ese esfuerzo. Se grava al comerciante pequeño y mediano como si se tratara de un potentado, mientras grandes evasores y burócratas continúan impunes, blindados por su cercanía al poder.

Esta realidad resulta aún más indignante cuando observamos la calidad de los servicios prestados por el Estado. Las EPS colapsan, los hospitales públicos agonizan, las escuelas oficiales luchan con goteras y escasez de pupitres, las vías terciarias parecen cicatrices de guerra y la seguridad en muchas regiones está tercerizada de facto en grupos armados ilegales. ¿Para qué tributamos, entonces? ¿Qué lógica puede sostener un sistema en el que el ciudadano debe pagar por servicios privados —salud, educación, vigilancia— mientras es forzado a sostener con sus impuestos una estructura paralela e ineficiente que no lo representa ni lo protege?

El problema no es solo de eficiencia, sino de principio. El tributo, en su forma actual, es una confiscación disfrazada. El Estado no solicita, impone; no persuade, obliga; no propone, decreta. ¿Qué legitimidad tiene una autoridad que se arroga el derecho de decidir sobre el fruto del trabajo ajeno sin consentimiento explícito del ciudadano? Algunos dirán que vivimos en democracia, que elegimos a quienes legislan y administran esos recursos. Pero el consentimiento colectivo jamás puede usarse como excusa para pisotear los derechos individuales. Ni la mayoría tiene derecho a decidir cómo gastar el salario de un individuo que no ha agredido a nadie ni violado ley alguna.

En medio de este panorama, es legítimo preguntarse: ¿no podrían los particulares hacer mejor las cosas que el Estado? La respuesta está en nuestras calles, nuestros barrios, nuestras veredas. Miremos al tendero de la esquina que ofrece crédito sin intereses y conoce a cada uno de sus clientes. Observemos al transportador informal que presta un servicio más rápido, más económico y más personalizado que el sistema estatal de transporte. Pensemos en los jardines infantiles comunitarios que enseñan con cariño y rigor a pesar de no tener "licencia oficial". El colombiano común resuelve cada día, con creatividad y sentido práctico, lo que el Estado no logra solucionar ni con presupuesto multimillonario.

Pero cada una de esas soluciones espontáneas y efectivas está bajo amenaza constante: impuestos, regulaciones, permisos, inspecciones, sanciones. El Estado no compite, persigue. En vez de aprender de los particulares que sí entienden las necesidades reales de la gente, los reprime por no seguir el protocolo burocrático. Se convierte así en enemigo del progreso, celoso guardián de un monopolio ineficaz. Y lo más grave: muchas veces, quienes hacen cumplir estas reglas arbitrarias ni siquiera comprenden su sentido ni consecuencias, actuando como autómatas del poder.

Esto no es una defensa de la anarquía ni del caos, como suelen caricaturizar quienes creen que sin Estado colapsa la civilización. Es, más bien, una apuesta por la libertad con responsabilidad, por la competencia abierta, por un orden en el que los servicios públicos no se asignen por decreto, sino por elección. Es una apuesta por un modelo donde cada colombiano pueda decidir cómo gastar su dinero, a qué educación quiere acceder, qué salud quiere recibir, qué seguridad necesita. Un país donde los recursos se asignen en función del mérito y la utilidad, no de la ideología o el clientelismo.

Imaginemos por un momento una Colombia en la que el 70% del esfuerzo de cada trabajador no sea arrebatado por el Estado a través de IVA, retenciones, aportes, impuestos municipales, prediales, renta, peajes y demás formas de extracción. Imaginemos ese país donde ese capital quede en manos del ciudadano y este pueda ahorrar, invertir, contratar, innovar. Las consecuencias serían revolucionarias: surgimiento masivo de pequeñas empresas, bancarización voluntaria, creación de empleos reales, acceso a servicios de calidad, movilidad social auténtica. La riqueza no se reparte: se crea. Y para crearla, hace falta libertad.

La actual narrativa que justifica los impuestos como un "acto solidario" o un "pacto social" es falaz cuando se impone por la fuerza. La solidaridad verdadera es voluntaria, nace del corazón, no del código tributario. El pacto social solo existe si cada uno de sus miembros puede decidir si lo firma o no. Lo demás es servidumbre disfrazada de civilización. En nombre del orden, estamos sacrificando el alma de una nación que quiere emprender, que quiere producir, que quiere crecer.

Colombia no necesita más reformas tributarias. Necesita una reforma moral profunda que entienda que el ciudadano no es súbdito del Estado, sino su soberano. Necesita un nuevo contrato, basado no en la coacción sino en la cooperación, no en la expoliación sino en la confianza. Porque cada peso que se le arrebata al individuo es un ladrillo que se le quita al futuro. Y no hay Estado, por eficiente que sea, que valga más que la libertad de un pueblo para construir su propio destino.