El imperio invisible: cómo la burocracia coloniza la libertad en nombre del pueblo

En la historia de las civilizaciones, los imperios no siempre se han construido con ejércitos, conquistas o banderas ondeando en tierras ajenas. Algunos se erigen en silencio, bajo la sombra de decretos, formularios, licencias, comités y discursos mesiánicos. Son imperios domésticos, donde el poder no se proyecta hacia el exterior sino que se incrusta en cada rincón de la vida cotidiana. El Estado moderno, cuando se deja capturar por una burocracia con apetitos imperiales, convierte el territorio que dice gobernar en una colonia de sí mismo. Y Colombia, en este momento de su historia, parece caminar peligrosamente por ese sendero.

La burocracia totalitaria no necesita un dictador con uniforme ni un partido único que adoctrine. Le basta con una crisis. Mejor aún: con una serie de crisis encadenadas que justifiquen su expansión y permanencia. Porque donde hay una urgencia, hay una excepción; y donde hay una excepción, hay concentración de poder. Así, el aparato burocrático se alimenta del miedo, del caos, de la promesa de salvación. Su lógica no es la de la eficiencia, ni la del servicio, sino la de la supervivencia institucional: multiplicar oficinas, reglamentos, cupos, permisos, trabas. Se convierte en un organismo parasitario que ya no responde al interés público sino a su propia reproducción.

Colombia vive hoy en estado de crisis perpetua. Crisis de seguridad, crisis económica, crisis educativa, crisis ambiental, crisis de salud mental, crisis de representación. Pero lo más grave no es la existencia de las crisis —muchas son reales y profundas— sino la forma en que se gestionan. Cada una se convierte en una oportunidad para crear más Estado, más control, más burocracia. Los programas sociales no se piensan para desaparecer en la medida en que resuelven el problema, sino para instalarse como estructuras permanentes que perpetúan la dependencia y aseguran clientelas políticas. La pobreza se administra como un capital electoral; el hambre se convierte en el insumo de discursos redentores; el campesinado es convertido en masa manipulable para justificar reformas que no buscan liberarlo, sino someterlo a nuevas cadenas institucionales.

La burocracia en Colombia se ha vuelto un fin en sí mismo. Según cifras del DANE, en 2023 el país contaba con más de 1.2 millones de empleados públicos, sin contar contratistas, asesores y cargos indirectos. Lo escandaloso no es solo el número, sino la forma en que se usa ese poder: no para facilitar la vida del ciudadano, sino para someterlo a un laberinto administrativo que convierte cualquier emprendimiento en una odisea. Abrir un negocio puede tomar meses, entre licencias, certificaciones, requisitos ambientales, usos del suelo, registros tributarios, conceptos técnicos y permisos municipales. En lugar de impulsar la creatividad, la burocracia la estrangula. En lugar de incentivar la legalidad, la empuja hacia la informalidad.

Pero la burocracia no solo coloniza la economía; también captura la moral. Los discursos gubernamentales ya no se limitan a gestionar bienes públicos, sino que pretenden moldear conciencias, establecer qué es lo correcto, lo justo, lo verdadero. Se persigue al disidente no con balas, sino con sanciones administrativas, vetos culturales, exclusión de fondos o estigmatización desde el púlpito del Estado. La censura ya no necesita quemar libros: basta con que un comité decida qué contenido es “violento” o “discriminatorio” para bloquearlo. En nombre de la inclusión se excluye. En nombre de la paz se silencia. En nombre de los derechos humanos se niega el derecho a disentir.

Esta lógica es peligrosa porque convierte al Estado en un ente moralizante, omnipresente, paternalista. Ya no se limita a garantizar libertades, sino que se cree llamado a redimirnos. Y esa redención siempre exige sacrificios: de propiedad, de libertad de expresión, de iniciativa privada. El individuo se convierte en sospechoso por defecto; el empresario, en evasor potencial; el ciudadano, en súbdito encuestado. Todo debe ser regulado, supervisado, acompañado, certificado. Pero, al final, nadie responde. Las instituciones se vuelven castillos de papel donde todos los trámites se remiten a otro funcionario, a otro nivel, a otra oficina.

El “imperio” de la burocracia es invisible, pero asfixiante. Y como todo imperio, necesita enemigos. En el pasado fueron los “oligarcas”, los “paramilitares”, los “neoliberales”. Hoy el enemigo puede ser un tendero que no usa datáfono, una escuela que enseña libre pensamiento, una fundación que no comulga con la ideología oficial, o un agricultor que se niega a ceder su tierra a un proyecto estatal. La narrativa del poder necesita constantemente una figura del mal que justifique su intervención salvadora. Y en esa dinámica, el pueblo termina siendo el principal campo de batalla: dividido, confundido, infantilizado.

El problema de fondo no es que haya burocracia, sino que se haya convertido en la estructura dominante del poder. Cuando el Estado se transforma en un aparato que todo lo regula pero nada soluciona, que todo lo promete pero nada cumple, estamos ante una patología institucional. Y como toda patología, puede llegar a naturalizarse. En Colombia, muchos jóvenes ya no sueñan con crear empresas, sino con conseguir un contrato estatal. El éxito se mide en conexiones, no en logros. La carrera más rentable no es la que innova, sino la que accede al presupuesto público.

Pero esta situación no es irreversible. La historia demuestra que los imperios burocráticos colapsan cuando pierden legitimidad, cuando ya no pueden ocultar su ineficiencia ni maquillar su fracaso. El desafío es que ese colapso no arrastre consigo al país entero. Por eso urge volver a lo esencial: a un Estado limitado, funcional, al servicio del ciudadano, no al revés. Un Estado que facilite la vida, no que la capture; que proteja libertades, no que las dosifique según el color político del momento.

La libertad no muere de un disparo, sino de mil formularios. Y en Colombia, esa muerte burocrática avanza día tras día, bajo el silencio de quienes creen que más Estado es siempre la respuesta. Pero como bien lo advirtió Tocqueville, el despotismo más temible no es el que oprime brutalmente, sino el que cuida tanto, que convierte a los hombres en niños eternos, incapaces de valerse por sí mismos. La burocracia totalitaria es ese despotismo suave, envolvente, adictivo. Y si no lo enfrentamos con valentía, terminará por devorar lo poco que aún nos queda de república.