El arte de domesticar conciencias: cuando pensar por cuenta propia es subversivo

Desde tiempos remotos, el poder ha entendido que no basta con imponerse por la fuerza. Gobernar exige algo más sutil, pero infinitamente más efectivo: domesticar las conciencias. Quien controla las ideas, controla la legitimidad. Quien escribe la historia, define al enemigo. Quien interpreta el mundo, lo gobierna. Por eso, en toda estructura estatal moderna, hay un ejército de intelectuales, asesores, tecnócratas, académicos, líderes de opinión y expertos que cumplen una tarea menos visible, pero no menos peligrosa: convencer a la ciudadanía de que el Estado es sabio, necesario, justo y, en ocasiones, incluso benevolente. Que fuera de él solo hay caos, barbarie, violencia o explotación.

Murray Rothbard fue certero al afirmar que los intelectuales al servicio del Estado constituyen una casta sacerdotal moderna. Ya no portan túnicas ni ofician rituales en templos, pero escriben columnas, dan cátedra en universidades, asesoran ministerios, diseñan políticas públicas y, sobre todo, legitiman la intervención constante del aparato estatal en la vida de las personas. Hoy, como ayer, no basta con que el Estado coaccione: debe convencer. No basta con que imponga: debe persuadir. Y esa tarea la realizan los expertos que, sin mancharse las manos, construyen discursos sobre la necesidad de más impuestos, más regulación, más vigilancia, más moral pública, más control, más Estado. En nombre del bienestar, la seguridad o la igualdad, todo se justifica.

En Colombia, esta alianza entre poder e intelectuales no es una anomalía: es parte del diseño. Desde las universidades públicas hasta los tanques de pensamiento que giran alrededor de partidos, fundaciones y organismos multilaterales, se construye un consenso en torno a ciertas verdades que no se cuestionan: que el Estado es el principal motor de desarrollo, que los empresarios deben ser vigilados con sospecha, que las comunidades no pueden autogestionarse sin el tutelaje del gobierno, que la redistribución es más importante que la creación de riqueza. Quien disienta es señalado de insensible, reaccionario o enemigo de lo público. Se crea así un marco simbólico que sofoca el pensamiento autónomo.

Este fenómeno no es abstracto. En el debate tributario, por ejemplo, se repite como mantra que los ricos deben pagar más, pero rara vez se cuestiona cómo gasta el Estado esos recursos o qué incentivos perversos se generan al financiar ineficiencias estructurales. La conversación nunca se centra en el límite legítimo de la intervención estatal, sino en cómo expandir su alcance. Lo mismo ocurre con la educación: se exige más inversión, pero se evita el debate sobre el adoctrinamiento ideológico en muchas instituciones donde no se promueve el pensamiento crítico, sino la obediencia a ciertos dogmas progresistas.

Esta realidad se agrava cuando se criminaliza la libertad de disentir. Pensar por cuenta propia se convierte en un acto subversivo. H. L. Mencken lo entendió con claridad: el hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel que no necesita de sus verdades. En Colombia, esa figura es vista con sospecha. El empresario que no depende del favor político es tachado de egoísta. El ciudadano que exige menos gobierno y más libertad es acusado de ignorar la desigualdad. El joven que cuestiona la narrativa dominante en su facultad es silenciado por la presión social o institucional. Así, la inteligencia crítica se convierte en disidencia, y la disidencia, en amenaza.

Mientras tanto, los intelectuales oficialistas —algunos bienintencionados, otros simplemente cómodos en su rol— repiten el discurso de que el Estado es el garante de derechos. Pero omiten que ese mismo Estado es responsable de miles de homicidios sin resolver, de procesos judiciales eternos, de corrupción institucionalizada, de niños indígenas que mueren por desnutrición en regiones donde abundan los planes de desarrollo y los “acompañamientos comunitarios”. La brecha entre el discurso y la realidad es tan grotesca que solo una dosis constante de propaganda puede sostener la ilusión. Y esa es precisamente la función de la casta intelectual: mantener la ilusión.

No se trata de negar el papel de lo público en una sociedad democrática, ni de caer en la ingenuidad del “Estado cero”. Se trata de advertir que todo poder necesita límites y que esos límites no se establecen con aplausos, sino con crítica. En Colombia, esos límites han sido borrados con el consentimiento de quienes deberían advertirnos de los excesos: los académicos, los expertos, los líderes de opinión. A veces por miedo, a veces por conveniencia, muchas veces por el prestigio que otorga estar cerca del poder. Es más fácil ser premiado que perseguido. Es más rentable repetir que cuestionar.

Pero hay otro tipo de intelectuales: los herejes, los que incomodan, los que escriben desde la periferia del consenso, los que no reciben contratos ni invitaciones ministeriales. Son pocos, pero necesarios. Ellos son los que mantienen viva la posibilidad de pensar un país diferente, donde la ciudadanía no sea súbdita, donde la libertad no sea sospechosa, donde el Estado no sea el único actor legítimo para organizar la vida en común. Ellos encarnan esa figura que Mencken describía: la del hombre peligroso, porque piensa por sí mismo, sin pedir permiso, sin esperar aplausos.

Hoy, Colombia necesita más de esos hombres y mujeres peligrosos. No porque deseen incendiar el país, sino porque se rehúsan a vivir en un incendio de ideas muertas. Porque no aceptan como dogma lo que debería ser objeto de discusión. Porque no se arrodillan ante la autoridad del experto que nunca ha emprendido, del burócrata que jamás ha producido riqueza, del político que solo conoce la vida desde un curul.

Pensar por cuenta propia es, quizás, el acto más revolucionario en tiempos de consenso obligatorio. Y es también el más necesario. Porque solo desde la duda nace la libertad. Y solo desde la libertad se puede construir una sociedad verdaderamente digna.