Cuando el autoritarismo se disfraza de revolución: el paso silente hacia un totalitarismo petrista

En una democracia, la palabra “autoritarismo” suele encender alarmas inmediatas, pero ¿qué sucede cuando esas alarmas quedan silenciadas bajo el discurso del cambio y la justicia social? Según Yuval Noah Harari, en el prólogo de Nexus, los totalitarismos del siglo XX descansan en un aparato tripartito —el Estado, el Partido y la Policía Secreta— fuertemente interconectados para someter toda disidencia y consolidar una verdad única. Aunque Colombia mantiene sus instituciones democráticas, las acciones del Gobierno Petro apuntan a un autoritarismo que bien podría considerarse el paso previo a un régimen totalitario.

Hoy, el Ejecutivo ha reforzado su núcleo de poder con una alta rotación ministerial y decisiones cada vez más verticales, mientras el Pacto Histórico actúa como un partido de cuadro cerrado, movido por lealtades más que por la deliberación democrática. El resultado ha sido un debilitamiento de los contrapesos: el Legislativo tropieza con bloqueos ideológicos y el Judicial ve cuestionada su independencia cada vez que emite fallos contrarios al Ejecutivo. Esta concentración autoritaria apenas disfraza un principio esencial: el poder se ejerce antes que se explique.

El contexto actual de Colombia confirma esta deriva. El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 sitúa al país en apenas 39 puntos sobre 100, cayendo un puesto respecto al año anterior y retrocediendo cinco posiciones en el ranking global (ahora 92° de 180). Esa sensación de clientelismo y falta de rendición de cuentas, lejos de menguar, se ha profundizado cuando los primeros indignados —aquellos jóvenes que clamaron por transparencia— hoy guardan silencio ante los escándalos más graves de un gobierno que prometió limpiar la corrupción.

En un giro inquietante, la “Primera Línea” de mayo de 2021 —ese grupo de jóvenes excluidos que tomaron las calles para denunciar la brutalidad policial— fue rápidamente cooptada y financiada por figuras del petrismo, entre ellas Gustavo Bolívar, reconocido por una recolección de fondos para comprar escudos y cascos a sus integrantes. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria formal contra Bolívar por este apoyo, evidenciando que esa fuerza de choque operó como un brazo de presión política más que como defensora genuina de los derechos ciudadanos. Una milicia ideológica que ahora, lejos de autoconvocarse contra la corrupción, continúa siendo aplaudida y hasta integrada en proyectos de “reinserción social” del mismo Gobierno.

Sin embargo, lo más inquietante es la metamorfosis de quienes antes se indignaban por todo. Hoy, ni un solo líder de la coalición petrista —tantos veces hostil a la politiquería— ha alzado la voz contra el amiguismo de altos funcionarios ni contra el clientelismo descarado que ranquea a Colombia como ejemplo de prácticas autoritarias de élite. Jorge Enrique Robledo lo resumió con crudeza en Cambio Colombia: “Ha sido tal la corrupción, el clientelismo y la politiquería en este Gobierno, que sirven de ejemplo los familiares de Petro y dirigentes nacionales de la Colombia Humana como Olmedo López, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González”. Aquellos portavoces de la protesta permanente hoy guardan un silencio cómplice, validando un statu quo que pisotea la transparencia.

Mientras tanto, la militarización de la política acaba de recibir un impulso inesperado. El pasado 18 de abril, el Gobierno dio por terminado el cese al fuego con las disidencias de las FARC y elevó en un 70 % las operaciones militares entre enero y abril de 2025, recurriendo a bombardeos y ofensivas terrestres como si la guerra fuera la única solución posible. No se discute el valor de la seguridad ni la protección de la ciudadanía; se debate la transformación impositiva de la fuerza pública en herramienta de intimidación política.

Los rasgos del autoritarismo se consolidan cuando el Estado delega sus funciones de coacción a milicias informales y oculta esa realidad bajo el manto del “pueblo movilizado”. La policía política, tal como la entiende Harari, no siempre usa uniforme: basta con imaginar una red de operadores civiles que, financiados y legitimados por el poder, garantizan la lealtad ideológica y el disciplinamiento social. Así se cierra el círculo: un Ejecutivo cuasi omnipotente, un partido unificado en su discurso y una fuerza de choque articulada desde la clandestinidad aparente.

La democracia no se derrumba de un día para otro; se erosiona cuando el poder degrada la crítica, anula la pluralidad y naturaliza la intimidación. Quienes defendimos la protesta ciudadana frente a la represión hoy vemos cómo la misma protesta se institucionaliza y se transforma en precursor de un control más sutil y, por ello, más peligroso. El autoritarismo petrista no necesita decretos de emergencia para funcionar: emplea el clientelismo, el nepotismo y la milicia ideológica como sus instrumentos más eficaces.

En el umbral de un posible totalitarismo, cabe preguntarnos si aún existe espacio para la disidencia auténtica, si las instituciones pueden rescatar su independencia y si la sociedad abandonará el silencio que acaba de conceder al autoritarismo un campo fértil para germinar. La respuesta determinará si Colombia vuelve a ser un ensayo de democracia robusta o se convierte en un laboratorio donde la revolución, en el fondo, sólo perfeccionó las técnicas del control absoluto.