¿Por qué los cárteles no desaparecerán con un decreto?

 

Es una idea seductora pensar que la violencia generada por el narcotráfico es el resultado exclusivo de la prohibición y que, al legalizar las drogas, las mafias perderán su razón de ser y se disolverán como un castillo de arena bajo la marea. Este argumento ha sido repetido hasta el cansancio en ciertos círculos libertarios y progresistas, convencidos de que un mercado libre y regulado de sustancias psicoactivas pondría fin a las guerras de cárteles y la corrupción que las acompaña. Sin embargo, esta idea, aunque intuitiva y reconfortante, es peligrosamente ingenua y no resiste un análisis serio. Colombia, país que ha sido epicentro de la guerra contra las drogas por décadas, nos ofrece evidencia suficiente para desmontar esta falacia.  

Cuando se habla de la violencia del narcotráfico, se suele decir que esta ocurre porque los vendedores y compradores no pueden acudir a la policía en caso de robo, fraude o incumplimiento de acuerdos. Bajo este razonamiento, si las drogas fueran legales, los actores del mercado podrían resolver sus disputas mediante tribunales en lugar de balas, del mismo modo en que los comerciantes resuelven diferencias contractuales en cualquier otra industria. Sin embargo, este enfoque reduce la violencia del narcotráfico a un simple problema de acceso a mecanismos legales de resolución de conflictos, ignorando la estructura misma de los grupos criminales que dominan este negocio. Los cárteles no son simplemente comerciantes privados operando en la sombra, sino organizaciones con estructuras paramilitares cuyo poder se basa, no en la venta de drogas en sí, sino en su capacidad para ejercer coerción y control territorial.  

Pensar que la legalización desactivará automáticamente la violencia es asumir que los cárteles son meros intermediarios obligados a actuar en la ilegalidad. Pero en Colombia, la realidad es otra. Estas organizaciones no solo trafican con cocaína, sino que han diversificado sus operaciones hacia el secuestro, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión a pequeños y medianos empresarios. La cocaína puede haber sido su punto de entrada al mundo criminal, pero su permanencia está asegurada por la capacidad de imponer su dominio mediante el miedo y la fuerza. Legalizar las drogas no haría desaparecer esta maquinaria de violencia; al contrario, simplemente la redirigiría hacia otras actividades igual de destructivas.  

Un ejemplo claro de cómo la legalidad no implica la eliminación del crimen organizado lo tenemos en industrias completamente legítimas. En Colombia, sectores como el transporte de carga, la construcción y la seguridad privada han sido infiltrados por grupos criminales que imponen su ley con amenazas y asesinatos. Empresas de mensajería han tenido que pagar "vacunas" a bandas que controlan rutas estratégicas, y pequeños comerciantes han sido extorsionados hasta el punto de verse obligados a cerrar sus negocios. Si esto ocurre en sectores perfectamente legales, ¿qué nos hace pensar que un mercado de drogas regulado estaría exento de estas dinámicas?  

Incluso si la legalización eliminara el incentivo económico del narcotráfico en su forma actual, lo que es dudoso, los cárteles no desaparecerían. Simplemente cambiarían de piel. Donde antes se luchaba por el control de rutas de exportación de cocaína, ahora se lucharía por el control de los canales de distribución de drogas legales. Donde antes se asesinaba a quienes intentaban disputar una plaza de microtráfico, ahora se asesinaría a quienes intentaran vender sin pagar tributo a la mafia que controle el territorio. La legalización, en sí misma, no impide que los grupos armados sigan imponiendo su poder.  

Para entender por qué este problema no se resuelve con un simple cambio de legislación, hay que mirar la verdadera razón por la que los cárteles tienen tanto poder: la falta de competencia real y la ausencia de un Estado de derecho sólido. No es la prohibición en sí lo que fortalece a los cárteles, sino las barreras de entrada que impiden que un mercado sea realmente libre. En un entorno donde la violencia es la norma, solo los más despiadados pueden operar. Si mañana se legalizaran las drogas en Colombia pero se impusieran regulaciones estrictas, permisos costosos y un sistema burocrático asfixiante para los nuevos empresarios del sector, ¿quiénes creen que seguirían dominando el negocio? Exacto: los mismos cárteles, pero con un barniz de legalidad.  

El problema de fondo no es si las drogas son legales o no, sino cómo impedir que el crimen organizado controle sectores enteros de la economía a través de la coerción. No es casualidad que en países con instituciones débiles y sistemas judiciales corruptos, la legalidad de una industria no signifique ausencia de mafias. México, por ejemplo, tiene un mercado legal de aguacates, pero eso no ha evitado que los cárteles controlen la producción y exportación mediante la extorsión y la violencia. En Italia, la mafia siciliana sigue dominando sectores de la economía perfectamente legales como la construcción y la recolección de basura.  

Si de verdad queremos debilitar a los cárteles, la solución no es simplemente legalizar las drogas y esperar a que el mercado haga su magia. La verdadera estrategia debe ser asegurar que la violencia no sea una ventaja competitiva en ningún sector económico. Para ello, es fundamental eliminar las barreras que impiden que cualquier empresario pueda entrar a competir en igualdad de condiciones, reducir la burocracia que solo fomenta la corrupción y fortalecer el Estado de derecho para que nadie, ni el Estado ni los cárteles, tenga la capacidad de imponer su voluntad mediante la fuerza.  

La idea de que la legalización resolverá el problema del narcotráfico es una ilusión peligrosa porque genera la falsa esperanza de que la violencia puede erradicarse con un simple cambio normativo. Pero mientras en Colombia sigan existiendo regiones enteras donde la ley no se aplica, donde la policía y los jueces están comprados o amenazados, donde la extorsión es parte del costo de hacer negocios, ninguna legalización cambiará el hecho de que el crimen organizado siempre encontrará la manera de ejercer su control.  

El verdadero camino hacia la libertad no es un decreto que legalice las drogas, sino un marco institucional que garantice que el único mecanismo legítimo para resolver disputas es el derecho y no la violencia. Sin eso, cualquier intento de "liberar" el mercado de drogas solo servirá para cambiar la forma del problema, sin tocar el fondo de la cuestión.