Estado Agresor

El mayor engaño de la historia ha sido hacerle creer a la gente que el Estado existe para protegerlos. Nos han repetido hasta el cansancio que es el garante de la seguridad, el promotor del bienestar y el administrador del bien común. Sin embargo, si miramos con detenimiento, lo que encontramos es la institución más organizada y eficiente en la violación de derechos individuales, la expoliación de la riqueza ajena y la administración arbitraria de la vida de las personas. En Colombia, esta realidad se hace más evidente con cada día que pasa, cuando observamos el crecimiento descontrolado del aparato estatal, su intervencionismo asfixiante y su incapacidad para resolver los problemas que él mismo genera.

Pensemos en la forma en que el Estado colombiano se ha convertido en un agresor sistemático. La narrativa oficial insiste en que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en sociedad, pero la realidad es que son una forma de saqueo legalizado. Se nos obliga a entregar parte de nuestro trabajo y esfuerzo bajo la amenaza de sanciones, multas y hasta prisión, todo con la promesa de servicios que rara vez cumplen con los estándares más básicos de eficiencia. Caminamos por calles llenas de huecos, nos enfrentamos a hospitales sin insumos, escuelas en ruinas y sistemas de justicia que favorecen a los criminales sobre las víctimas, mientras los burócratas viven en la opulencia, blindados por privilegios que la mayoría ni siquiera podría imaginar.

Pero la violencia del Estado no se limita a la expropiación fiscal. Se infiltra en cada aspecto de la vida cotidiana con regulaciones arbitrarias que estrangulan la iniciativa privada y la creatividad de los ciudadanos. Si un emprendedor quiere abrir un negocio, debe enfrentarse a un laberinto de permisos, licencias, trámites y tasas que solo benefician a los burócratas y a quienes han aprendido a lucrarse del sistema. Y si a pesar de todo logra prosperar, será visto como un objetivo a exprimir a través de más impuestos y fiscalizaciones interminables que le dificultan cada vez más el ejercicio de su derecho a generar riqueza.

La propaganda estatal ha sido tan efectiva que muchas personas han internalizado la idea de que sin la intervención del gobierno, la sociedad colapsaría en el caos. Pero la evidencia apunta en la dirección contraria: las épocas y lugares con menor intervencionismo estatal son las que han experimentado mayores niveles de desarrollo y bienestar. Por el contrario, en Colombia, donde el Estado se infiltra en cada aspecto de la vida económica y social, lo único que ha producido es pobreza, dependencia y una sociedad incapaz de avanzar sin esperar primero la autorización de un funcionario público.

Mientras tanto, la inseguridad sigue siendo una plaga que afecta a cada ciudadano de bien. Nos dicen que el Estado está allí para protegernos, pero la realidad es que en muchas zonas del país, los criminales gobiernan con total impunidad. La policía parece tener más interés en recaudar dinero con multas de tránsito que en perseguir a los delincuentes. Las leyes son diseñadas para favorecer a quienes violan la norma y castigar a quienes intentan defenderse. La situación es tan absurda que si un ciudadano decide tomar justicia por su cuenta ante un robo o una agresión, es más probable que termine enfrentando cargos que el mismo criminal que lo atacó.

Y cuando hablamos del deterioro institucional, encontramos un patrón preocupante: los políticos que administran el Estado no buscan resolver problemas, sino perpetuarse en el poder. Su objetivo no es crear riqueza, sino redistribuir la ajena en beneficio de sus propios intereses y de sus redes clientelistas. Promesas de gratuidad y bienestar se multiplican en cada elección, pero la realidad es que la deuda pública crece, la inflación carcome el poder adquisitivo y las políticas de subsidios solo generan más dependencia y menos productividad.

En esta realidad, el ciudadano común es visto como un simple engranaje en la maquinaria de expoliación estatal. Se le inculca la idea de que debe trabajar duro, pagar sus impuestos y obedecer las reglas, mientras los que viven del Estado se dedican a dilapidar los recursos que con tanto esfuerzo se generan. Y cuando alguien osa cuestionar este sistema, se le acusa de "insolidario", "enemigo del pueblo" o incluso de "extremista". Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué ha hecho el Estado por nosotros que no hubiéramos podido hacer mejor por nuestra cuenta?

Es momento de desmontar la gran mentira del Estado protector y reconocerlo por lo que es: un aparato de coerción que existe para beneficiar a unos pocos a costa del esfuerzo de muchos. No necesitamos más regulaciones, ni más impuestos, ni más intervención; necesitamos libertad para trabajar, emprender y prosperar sin que un parásito gubernamental interfiera en cada paso del camino. Colombia no avanzará mientras sigamos esperando que sea el Estado quien nos salve, porque la realidad es que el Estado no es el salvador, es el problema. Y hasta que no lo entendamos, seguiremos atrapados en este ciclo de dependencia, expoliación y pobreza inducida.