El precio oculto del proteccionismo: una trampa para la economía colombiana

 


En el discurso político, la promesa de proteger la industria nacional resuena con fuerza. Los aranceles, se nos dice, son un escudo necesario contra la competencia extranjera, un mecanismo que permite a los productores locales prosperar sin la amenaza de bienes importados que inundan el mercado. Y a simple vista, la lógica parece sólida: si encarecemos los productos extranjeros, los consumidores se verán obligados a comprar lo que se produce en casa, incentivando la producción y protegiendo el empleo. Pero en economía, como nos enseñó Frédéric Bastiat, lo que se ve casi nunca es toda la historia. Lo que no se ve, lo que permanece oculto tras la fachada de las buenas intenciones, es un costo silencioso que se infiltra en todos los rincones de la economía y termina por frenar el desarrollo.

Colombia no es ajena a este fenómeno. A lo largo de los años, diversas industrias han gozado de la protección del Estado, ya sea a través de aranceles o de restricciones a la importación. Sin embargo, los resultados han sido siempre los mismos: precios más altos para los consumidores, menor competitividad para las empresas que dependen de insumos importados y una estructura productiva que se acomoda a la protección en lugar de esforzarse por mejorar. Lo que inicialmente se presenta como una ventaja para algunos sectores, se convierte en una barrera para el crecimiento económico en su conjunto. Y en un país donde la informalidad sigue siendo la norma y la productividad es baja, el daño de estas políticas es aún más profundo.

Cuando una familia colombiana decide comprar un electrodoméstico, por ejemplo, rara vez se detiene a pensar en el peso de los aranceles. Sin embargo, cuando el precio de una nevera o una lavadora es mucho más alto que en otros países, no es solo por la tasa de cambio o los costos de importación; es porque el gobierno ha decidido que esos productos deben pagar un sobreprecio para proteger a los fabricantes nacionales. El resultado es evidente: el consumidor gasta más por un producto que podría haber conseguido a menor precio, reduciendo su capacidad de ahorro o de consumo en otras áreas. La clase media y los sectores populares son los más afectados, pues sus presupuestos no tienen margen para absorber estos sobrecostos sin consecuencias.

El problema se agrava cuando analizamos el impacto en las empresas. Colombia no es un país autosuficiente en materia prima ni en tecnología. La mayoría de las industrias dependen de insumos importados para poder operar con eficiencia. Cuando se imponen aranceles a estas importaciones, los costos de producción se disparan, afectando la competitividad del producto final. Esto es particularmente evidente en sectores como el textil, donde muchas fábricas dependen de hilos y telas extranjeras, o en la industria de alimentos, donde ciertos ingredientes y equipos solo pueden conseguirse en el exterior. Lo que empieza como una medida de protección termina siendo un freno al desarrollo empresarial, pues obliga a las compañías a operar con costos inflados o a buscar alternativas de menor calidad que terminan por afectar su desempeño en el mercado.

Pero la historia no termina allí. En un mundo interconectado, las medidas proteccionistas rara vez se quedan sin respuesta. Cuando Colombia decide imponer aranceles a ciertos productos extranjeros, los países afectados pueden tomar represalias con medidas similares. Así, los exportadores nacionales encuentran barreras inesperadas en mercados clave, reduciendo sus oportunidades de crecimiento y expansión. Esto se ha visto con claridad en sectores como el cafetero, donde cualquier restricción en el comercio internacional puede tener efectos devastadores. Lo que en principio parecía una estrategia para fortalecer la economía local se convierte en un boomerang que golpea las posibilidades de exportación y debilita las relaciones comerciales del país.

La paradoja del proteccionismo es que, lejos de fortalecer a las industrias nacionales, las condena a la mediocridad. Sin la presión de competir con actores globales, las empresas locales pierden incentivos para innovar, mejorar su eficiencia o buscar nuevas formas de reducir costos. Se conforman con el mercado protegido que el Estado les garantiza, pero esa comodidad es una trampa. Eventualmente, cuando las barreras comerciales se vuelven insostenibles o cuando los consumidores exigen mejores productos a precios competitivos, esas mismas industrias que una vez fueron privilegiadas se encuentran incapaces de enfrentar la realidad del mercado. La historia económica de Colombia está llena de ejemplos de sectores que, tras años de protección, no lograron consolidarse y desaparecieron cuando la competencia finalmente tocó sus puertas.

El daño estructural que generan los aranceles es silencioso pero profundo. Los recursos se asignan de manera ineficiente, favoreciendo sectores que dependen de la protección estatal en lugar de aquellos con verdadero potencial de crecimiento. Se desincentiva la inversión extranjera, pues ningún inversionista serio quiere operar en un mercado donde las reglas pueden cambiar en cualquier momento según las necesidades políticas del momento. Se perpetúa un círculo de dependencia en el que las industrias no crecen por su propio mérito, sino por la continua intervención del Estado. Y, lo más grave, se limita el desarrollo de una economía que debería estar abierta al mundo, aprovechando sus ventajas comparativas en lugar de encerrarse en un proteccionismo artificial.

La solución no es sencilla, porque el proteccionismo suele venderse como una panacea fácil de entender y políticamente atractiva. Pero la historia nos demuestra que el camino al desarrollo sostenible no está en las barreras comerciales, sino en la apertura, la competencia y la eficiencia. Colombia necesita políticas que incentiven la productividad, que fomenten la innovación y que permitan a sus ciudadanos acceder a bienes y servicios a precios justos. Solo así podremos romper con el ciclo del proteccionismo y construir una economía verdaderamente fuerte y resiliente, capaz de competir en el escenario global sin depender de muletas artificiales. La verdadera protección no está en los aranceles, sino en la capacidad de un país para generar riqueza sin trampas ni atajos.

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