El espejismo de la justicia social y el avance del intervencionismo en Colombia

La palabra "igualdad" se ha convertido en un arma de doble filo en el discurso político contemporáneo. Con ella, los gobiernos han justificado innumerables intervenciones en la sociedad, convenciendo a la ciudadanía de que cada nueva regulación, cada subsidio, cada redistribución forzada es un paso necesario hacia un mundo más justo. Se ha instalado la idea de que la desigualdad es el gran problema a resolver, sin detenerse a pensar si la medicina que se prescribe es peor que la enfermedad. La igualdad ante la ley, pilar fundamental de la libertad, ha sido reemplazada por una versión adulterada que, en nombre de la justicia social, otorga privilegios a unos y castigos a otros. Se ha pasado de una sociedad donde todos deberían ser iguales en derechos y deberes, a un escenario en el que la ley es utilizada como un instrumento de arbitrariedad para crear castas protegidas y grupos sacrificables.

La política colombiana ha sido víctima de esta trampa. Desde hace décadas, los gobernantes han construido sus discursos alrededor de la promesa de nivelar las diferencias sociales mediante la intervención estatal. Cada nuevo presidente, alcalde o legislador proclama su voluntad de reducir la brecha entre ricos y pobres, de ofrecer un punto de partida igualitario, de corregir las injusticias del mercado. Sin embargo, en cada intento de "nivelar el terreno", el Estado se arroga el derecho de decidir quién debe ganar y quién debe perder. La idea de que todos los ciudadanos sean tratados de manera imparcial ante la ley se desvanece, y en su lugar emerge un sistema donde unos son favorecidos y otros castigados en función de criterios arbitrarios, determinados por la burocracia del momento.

El problema radica en que el ideal igualitario, cuando se implementa a través de la coacción, no solo es inalcanzable sino destructivo. La realidad colombiana lo demuestra con claridad. Tomemos, por ejemplo, la obsesión con la "equidad de género" en la contratación pública. Aunque la intención inicial pueda parecer loable, el efecto real es que el Estado deja de contratar a los mejores profesionales para privilegiar cuotas impuestas por criterios políticos. O consideremos la educación, donde los gobiernos han intentado reducir la desigualdad con subsidios masivos y gratuidad en universidades públicas, olvidando que sin calidad ni exigencia académica lo único que se logra es una inflación de títulos sin valor en el mercado. Los esfuerzos por "nivelar el terreno" terminan produciendo el efecto contrario: más mediocridad, menos incentivos para el esfuerzo individual y un sector productivo que cada vez desconfía más del talento generado por el sistema educativo estatal.

La misma lógica se aplica en el ámbito laboral. La legislación colombiana ha creado un entramado de normas que, en nombre de la equidad, han encarecido tanto la contratación formal que millones de colombianos quedan excluidos del empleo digno. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se ven obligadas a operar en la informalidad o a reducir sus nóminas para sobrevivir. Así, lo que empezó como un esfuerzo por proteger a los trabajadores termina perjudicándolos, ya que el exceso de regulaciones impide la generación de empleo estable. No es casualidad que el país tenga una de las tasas de informalidad más altas de América Latina: la obsesión por la igualdad ha paralizado la movilidad social, ha hecho imposible el emprendimiento para muchos y ha obligado a los ciudadanos a depender cada vez más del asistencialismo estatal.

Pero el igualitarismo no solo se manifiesta en políticas económicas o laborales. Se infiltra en todos los aspectos de la vida cotidiana. La cultura de la victimización ha calado profundamente en la sociedad colombiana, donde se premia al que se declara oprimido y se castiga al que, por mérito propio, logra sobresalir. Se ha convertido en una norma ver con sospecha a quien prospera, bajo la idea de que su éxito solo puede haber sido producto de la explotación o el privilegio. Esta mentalidad ha sido alimentada por un aparato estatal que, en lugar de fomentar la iniciativa y la autonomía, refuerza la dependencia y el resentimiento. Los políticos, expertos en manipular estas emociones, presentan al Estado como el gran redistribuidor de justicia, cuando en realidad solo consolidan su propio poder mediante el control de los recursos y la perpetuación de la pobreza como un problema siempre vigente, siempre justificador de nuevas intervenciones.

El punto más peligroso de este proceso es que, al otorgar al Estado el rol de nivelador social, se erosiona la libertad individual. Cuando el gobierno se convierte en el árbitro de la justicia distributiva, la sociedad se desliza hacia el colectivismo, donde los derechos individuales se subordinan a los designios de una élite burocrática que decide quién merece qué. En este contexto, la propiedad privada deja de ser un derecho inviolable y se convierte en un recurso a disposición del poder político, que lo usa para mantener su dominio bajo el disfraz de la equidad. Las expropiaciones disfrazadas de reformas, los impuestos progresivos que castigan el esfuerzo y las regulaciones que ahogan la innovación son todas manifestaciones de un intervencionismo que se justifica en el espejismo de la igualdad.

Colombia está atrapada en este círculo vicioso. Cada nuevo gobierno promete corregir las injusticias del anterior con más intervención, más regulaciones y más gasto público. Sin embargo, la verdadera solución no está en profundizar el control estatal, sino en reducirlo. La única igualdad que realmente promueve la prosperidad es la igualdad ante la ley, aquella que garantiza que nadie reciba trato preferencial ni discriminación por parte del Estado. En lugar de imponer la equidad por decreto, lo que realmente necesita Colombia es un sistema que valore la libertad, la propiedad y el mérito individual. Solo cuando dejemos de buscar la justicia a través de la coacción y empecemos a defender la autonomía del individuo sobre su propia vida, podremos romper con la trampa igualitaria y construir una sociedad verdaderamente próspera.