Cómo el gasto en educación superior nos deja más pobres y menos preparados

Se nos ha dicho hasta el cansancio que la educación es la clave del progreso, el gran igualador social, el motor que impulsa el desarrollo de un país. Y aunque esta afirmación tiene mucho de verdad, hay un problema fundamental cuando el acceso a la educación superior se basa en un modelo de subsidios y financiamiento estatal sin control. Colombia ha seguido la receta de inyectar más y más recursos públicos en las universidades con la esperanza de mejorar la calidad y aumentar la cobertura, pero lo que hemos conseguido es precisamente lo contrario: un sistema universitario más caro, burocrático e ineficiente, con títulos devaluados que no garantizan movilidad social ni empleabilidad real.  

El problema no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Basta con mirar el fenómeno en Estados Unidos, donde décadas de préstamos estudiantiles subsidiados por el gobierno han disparado el costo de la educación sin una mejora proporcional en su calidad. En Colombia, la historia se repite con matices propios. Los esfuerzos por ampliar la cobertura han estado dominados por una lógica perversa: al haber más dinero público disponible, las universidades tienen un incentivo natural para incrementar sus costos sin preocuparse por la eficiencia ni la calidad. Los resultados están a la vista: matrículas cada vez más altas, un crecimiento desbordado de la nómina administrativa y académica, sindicatos universitarios con privilegios extraordinarios y una caída en los estándares de exigencia.  

Mientras en el discurso oficial se habla de educación como una prioridad nacional, en la práctica el dinero no está yendo a donde realmente se necesita. No hay mejor ejemplo que las condiciones en las universidades públicas del país. A pesar de los constantes aumentos presupuestales, las infraestructuras siguen en pésimo estado, los estudiantes enfrentan dificultades básicas como acceso a bibliotecas actualizadas, laboratorios adecuados o espacios dignos para el aprendizaje. Pero eso sí, las nóminas de administrativos han crecido exponencialmente y los salarios de muchos docentes sindicalizados han alcanzado niveles desproporcionados en comparación con los resultados que generan.  

Es particularmente ilustrativo observar cómo la burocracia ha engullido la educación superior. Cada vez hay más oficinas, más cargos directivos, más comités y más estructuras que, en lugar de aportar a la formación de los estudiantes, solo sirven para justificar presupuestos inflados. En universidades públicas y privadas, la proliferación de cargos administrativos ha convertido a muchas instituciones en organismos lentos y costosos, donde la prioridad no es el conocimiento ni la excelencia académica, sino la supervivencia de una estructura que se alimenta a sí misma.  

Pero el daño no se limita al desperdicio de recursos. La inflación en los costos educativos también ha llevado a una devaluación de los títulos universitarios. Durante años se promovió la idea de que cualquier joven debía ir a la universidad para asegurar su futuro, lo que generó una sobreoferta de profesionales en carreras saturadas y un desbalance en el mercado laboral. Hoy, miles de graduados enfrentan una realidad dura: tras endeudarse para obtener un título, se encuentran con un mercado que no valora su formación y que, en muchos casos, ni siquiera les ofrece empleo en su campo de estudio.  

Mientras tanto, las carreras técnicas y los oficios especializados, que en otros países son altamente valorados y bien remunerados, siguen siendo despreciados en Colombia. Nos encontramos con una paradoja: hay empresas que no consiguen técnicos en soldadura, mecánica o desarrollo de software, mientras que miles de abogados, administradores y comunicadores se ven obligados a aceptar trabajos precarios. Esto es lo que ocurre cuando se subsidia masivamente la educación sin tener en cuenta las necesidades del mercado y la calidad de la oferta académica.  

La falsa solución que muchos proponen es seguir aumentando el gasto, como si el problema fuera simplemente de recursos. Sin embargo, la realidad demuestra que más dinero no resuelve la crisis de calidad ni de pertinencia de la educación. Lo que se necesita es un cambio estructural en la forma en que financiamos y regulamos la educación superior. En lugar de subsidiar la ineficiencia y alimentar una burbuja universitaria insostenible, el sistema debería enfocarse en premiar la excelencia, reducir la burocracia y diversificar la oferta educativa para responder a las verdaderas demandas de la economía.  

No podemos seguir ignorando la verdad: un título universitario ya no es garantía de éxito ni de movilidad social si no está respaldado por una educación rigurosa y ajustada a la realidad del mercado. Si queremos que la educación sea un verdadero motor de desarrollo y no una fábrica de deudas y frustraciones, debemos abandonar la idea de que el dinero fácil es la solución y empezar a exigir resultados reales a quienes reciben esos recursos. Porque al final, cuando el estado gasta sin exigir eficiencia, quienes terminan pagando la cuenta son los ciudadanos.