La trampa de la justicia social: una reflexión sobre la redistribución en Colombia

En Colombia, la noción de "justicia social" ha sido una constante en los discursos políticos y sociales, presentándose como la solución a las profundas desigualdades que nos aquejan. La promesa de una distribución más equitativa de la riqueza y las oportunidades resulta seductora para una sociedad que anhela equidad. Sin embargo, es imperativo cuestionar si las políticas de redistribución realmente cumplen con sus promesas o si, por el contrario, perpetúan una ilusión que oculta realidades más complejas.

La idea de redistribuir la riqueza parte de la premisa de que, al detraer recursos de ciertos sectores para beneficiar a otros, se logrará una sociedad más justa. No obstante, este enfoque simplista omite considerar que la riqueza no es un recurso estático que puede transferirse sin consecuencias. Para que el Estado pueda redistribuir, primero debe recaudar, y esto se traduce en impuestos que afectan a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel económico.

Un ejemplo cotidiano de esta dinámica es el subsidio familiar otorgado por las cajas de compensación en Colombia. Aunque este subsidio busca aliviar las cargas económicas de los trabajadores, su financiación proviene de aportes empresariales que, en última instancia, pueden repercutir en los salarios o en la generación de empleo. Además, no todos los trabajadores cumplen con los requisitos para acceder a estos beneficios, lo que genera una sensación de inequidad entre quienes contribuyen al sistema y quienes se benefician de él. 

La situación se complica aún más cuando observamos que ciertos grupos, bajo el amparo de discursos de justicia social, buscan beneficios específicos que, en la práctica, no siempre favorecen al colectivo. Por ejemplo, movimientos que abogan por la inclusión y el reconocimiento de minorías pueden, en ocasiones, derivar en políticas que otorgan privilegios a unos pocos, sin abordar las causas estructurales de la desigualdad que afectan a la mayoría.

Es natural que las personas busquen mejorar su situación y aspiren a una vida más próspera. Sin embargo, cuando este anhelo se canaliza a través de discursos que promueven la redistribución sin una base sólida, se corre el riesgo de generar expectativas que no pueden ser satisfechas. Además, al no reconocer que la riqueza debe ser creada antes de ser distribuida, se fomenta una cultura de dependencia que desincentiva la innovación y el esfuerzo individual.

En Colombia, la persistente desigualdad es un problema real y apremiante. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país tiene una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo, lo que limita su capacidad para generar riqueza y bienestar. Sin embargo, abordar esta problemática requiere más que simples políticas de redistribución; es necesario implementar estrategias que promuevan la creación de riqueza y oportunidades para todos.

Un enfoque más efectivo podría centrarse en mejorar la educación, fomentar el emprendimiento y garantizar un entorno económico que permita a todos los ciudadanos desarrollar su potencial. En lugar de enfocarnos únicamente en cómo repartir el pastel, deberíamos preguntarnos cómo hacerlo más grande para que haya más para compartir.

La justicia social no debe ser una excusa para implementar políticas que, aunque bien intencionadas, terminan siendo contraproducentes. Es fundamental que las soluciones propuestas sean sostenibles y que promuevan la responsabilidad individual y colectiva. Solo así podremos construir una sociedad más justa y próspera para todos los colombianos.