La promesa de la planificación central en Colombia

La promesa de la planificación central ha sido siempre la misma: un modelo de organización económica que garantice la equidad, la justicia y la prosperidad para todos. Bajo esta idea se han erigido regímenes, se han escrito constituciones y se han justificado reformas radicales en la estructura productiva de los países. Sin embargo, cada vez que esta visión se ha puesto en práctica, el resultado ha sido el mismo: pobreza, caos y represión. Colombia, en la actualidad, no es la excepción. El intento de moldear la economía desde un escritorio, a través de regulaciones excesivas, expropiaciones disfrazadas de reformas y un desprecio sistemático por el libre mercado, está teniendo consecuencias devastadoras en todos los aspectos de la vida nacional.

El mecanismo de precios, piedra angular de cualquier economía funcional, ha sido ignorado o manipulado por quienes creen que el Estado puede determinar mejor que millones de ciudadanos cómo deben asignarse los recursos. En un mercado libre, los precios reflejan la realidad económica: la escasez, la demanda y la productividad. Pero cuando la intervención gubernamental distorsiona estas señales, los efectos son inmediatos y catastróficos. La escasez de medicamentos en hospitales públicos, la crisis energética y el aumento del costo de vida son manifestaciones de un problema más profundo: el afán de controlar lo incontrolable. Cuando el Estado fija precios o decide qué sectores deben crecer a expensas de otros, no está resolviendo problemas, los está creando. Los productores reducen su oferta porque no es rentable, los inversionistas huyen porque no hay seguridad jurídica y los consumidores pagan las consecuencias con inflación y desabastecimiento.

En la práctica, el socialismo, en cualquiera de sus variantes, requiere de una burocracia todopoderosa que actúe como intermediaria entre el Estado y los ciudadanos. No es casualidad que los regímenes que abrazan la planificación central terminen aumentando exponencialmente la nómina estatal, creando entidades innecesarias y cargos destinados más a la lealtad política que a la eficiencia administrativa. El costo de esta hipertrofia burocrática lo paga el ciudadano común, que ve cómo se drenan los recursos en gastos improductivos mientras la infraestructura pública colapsa y los servicios esenciales se deterioran. Es la paradoja del estatismo: cuanto más se centraliza el poder, más ineficiente se vuelve el sistema.

El eslogan de la equidad y la justicia social, que ha servido de bandera para justificar la intervención económica en Colombia, ha terminado beneficiando solo a una élite política que administra la pobreza en lugar de combatirla. El aumento de subsidios indiscriminados, en lugar de fomentar el emprendimiento y la creación de riqueza, ha generado una cultura de dependencia que destruye los incentivos para el trabajo y la innovación. Al eliminar la competencia y sofocar la iniciativa privada con regulaciones y tributos desbordados, se condena al país a un ciclo de estancamiento donde la única salida parece ser el exilio económico. Cada vez son más los empresarios, profesionales y jóvenes emprendedores que buscan oportunidades en otros países porque el entorno colombiano se ha vuelto hostil para la creación de riqueza.

El caso de los cultivos ilícitos es un ejemplo ilustrativo de cómo la planificación central no solo fracasa, sino que agrava los problemas que pretende resolver. Mientras se destinan millonarios recursos a planes de sustitución de cultivos, las economías ilegales siguen expandiéndose porque, bajo las reglas impuestas por el mercado negro, los incentivos son más claros que en el mundo de la economía regulada por el Estado. La paradoja es evidente: el gobierno dice querer eliminar la producción de drogas mientras desmantela sectores productivos que podrían ofrecer una alternativa real a miles de campesinos atrapados en la ilegalidad.

La erosión de la confianza en las instituciones es otra de las grandes consecuencias del intento de imponer una economía planificada. Cuando los ciudadanos perciben que las reglas del juego cambian constantemente, que la seguridad jurídica está sujeta a los caprichos de un burócrata y que el mérito ha sido sustituido por la lealtad ideológica, la sociedad entra en una espiral de incertidumbre y desesperanza. La corrupción se convierte en el lubricante de un sistema que no puede funcionar de manera eficiente por sus propios medios. La famosa promesa de “vivir sabroso” que enarboló el actual gobierno ha demostrado ser un eufemismo para la impunidad y el abuso de poder. Mientras los ciudadanos enfrentan una inflación desbordada y una inseguridad creciente, los altos funcionarios del Estado disfrutan de contratos a dedo, fortunas inexplicables y una impunidad garantizada por la debilidad institucional.

La única solución a esta crisis es devolverle a los ciudadanos el poder sobre sus propias decisiones económicas. Colombia no necesita más intervención estatal, necesita más libertad. No necesita más regulaciones, necesita más competencia. No necesita más subsidios, necesita más oportunidades. La verdadera justicia social no se logra con decretos ni con el control absoluto del aparato productivo, sino con la creación de un entorno donde cada individuo tenga la posibilidad de progresar sin depender de la caridad del gobierno. La prosperidad no se planifica desde un despacho ministerial, se construye desde la libertad y el esfuerzo de quienes trabajan, innovan y arriesgan. Hasta que Colombia no entienda esta verdad fundamental, seguirá atrapada en el círculo vicioso de la pobreza administrada por burócratas que jamás han producido nada en su vida, pero que insisten en decidir cómo debemos vivir los demás