Keynesianismo v.s. Liberalismo

El país sigue atrapado en una ilusión que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia: la creencia de que el Estado es el motor de la economía y que su intervención constante es el remedio para el progreso y la justicia social. Colombia no es la excepción. Se insiste en un modelo keynesiano, donde el gasto público, la expansión monetaria y la intervención del Estado en la economía son considerados soluciones en lugar de los verdaderos problemas. Se nos ha vendido la idea de que el gobierno debe ser el gran empleador, el gran redistribuidor de la riqueza, el salvador de la industria y el benefactor último de los ciudadanos. Pero la realidad nos golpea con un panorama desalentador: inflación descontrolada, deuda creciente, colapso del aparato productivo y un empobrecimiento progresivo de la población.

Cada vez que la economía se desacelera, la receta de siempre vuelve a la mesa: más gasto público, más subsidios, más intervención, más regulaciones. Pero nunca se habla de la otra cara de la moneda. ¿De dónde sale ese dinero que el Estado gasta sin freno? Del bolsillo del sector productivo, de los impuestos que estrangulan a las empresas y ahogan la iniciativa privada. Se confunde la actividad económica con el crecimiento genuino. No hay generación de riqueza, solo redistribución de lo que ya existe, y cada vez que el Estado aumenta su tamaño, el ciudadano pierde un poco más de su libertad. Pero, ¿qué sucede cuando un país adopta un modelo realmente liberal, donde se respeta la propiedad privada, se reduce la carga impositiva y se deja que el mercado funcione sin la mano opresora del Estado? La respuesta la encontramos en los países que han logrado avanzar y consolidar sociedades prósperas: menos regulación, más incentivos a la inversión, más oportunidades para la creatividad y el esfuerzo individual.

Mientras Colombia sigue atrapada en un esquema donde el gobierno cree que puede planificar la economía desde un escritorio, el mercado lucha por sobrevivir. Se criminaliza la riqueza, se desincentiva el emprendimiento y se premia la mediocridad con subsidios que perpetúan la dependencia. Se nos dice que el problema de la pobreza se resuelve con más ayudas estatales, pero la evidencia muestra que lo único que se logra es consolidar el poder político de quienes distribuyen esos subsidios, mientras la sociedad sigue empobreciéndose. No hay forma de que una economía prospere cuando las reglas del juego están diseñadas para castigar el éxito y premiar la ineficiencia.

El mercado, cuando se deja funcionar libremente, asigna los recursos de manera eficiente. Los precios reflejan la realidad de la oferta y la demanda, las empresas compiten para ofrecer mejores productos y servicios, y los consumidores son los que realmente eligen con su dinero. Sin embargo, cuando el Estado interviene, crea distorsiones artificiales. Imponer precios, regular sectores enteros y decidir qué industrias deben crecer y cuáles deben desaparecer es un juego peligroso que solo lleva a la destrucción de la economía. Y, sin embargo, es el camino que Colombia sigue recorriendo, como si la historia no nos hubiera dado suficientes ejemplos de su fracaso.

Mientras tanto, el discurso político sigue promoviendo el keynesianismo como si fuera una panacea. Se justifica la impresión de dinero como una medida para estimular la economía, pero lo que realmente se logra es una devaluación constante de la moneda y un encarecimiento de la vida. La inflación no es más que el resultado de una política económica irresponsable que pretende crear riqueza de la nada. Los precios suben, el poder adquisitivo se reduce y la calidad de vida de los ciudadanos se deteriora. Pero en lugar de reconocer el error, se buscan culpables en la empresa privada, en los mercados internacionales, en la especulación. Nunca se admite que la raíz del problema es el mismo Estado y su ineficaz modelo de planificación.

Y mientras todo esto ocurre, el mensaje desde el gobierno es claro: más intervención, más Estado, más control. La iniciativa privada es vista con sospecha, el emprendedor es tratado como un enemigo y la inversión extranjera es desincentivada con impuestos y regulaciones absurdas. Se aplaude la expansión del gasto público como si fuera una muestra de progreso, sin entender que lo único que se está haciendo es comprometer el futuro del país con una deuda impagable. Se nos dice que el problema es la falta de distribución de la riqueza, cuando en realidad el problema es que no se está generando riqueza suficiente porque se ha vuelto prácticamente ilegal hacerlo.

El camino correcto está ahí, al alcance de la mano. El liberalismo no es una utopía, es una realidad probada. Los países que han adoptado políticas de mercado libre, donde se respeta la propiedad privada, se reduce la burocracia y se incentiva la competencia, han demostrado resultados concretos: más empleo, mayor crecimiento económico, mejor calidad de vida. Pero mientras Colombia siga atrapada en la ilusión keynesiana, el futuro será cada vez más incierto. La elección no es difícil: o seguimos en este círculo vicioso de intervencionismo y pobreza, o apostamos por un modelo donde la libertad económica sea el verdadero motor del desarrollo.