El espejismo del término medio: Por qué la tibieza económica es el peor enemigo de la prosperidad

En la eterna lucha de ideas sobre el futuro económico de Colombia, nos encontramos atrapados en un espejismo que ha probado ser una trampa mortal para la prosperidad: la creencia en la economía mixta como un equilibrio virtuoso entre el libre mercado y el control estatal. La sociedad ha sido educada en la noción de que los extremos son peligrosos y que el mejor camino es el intermedio. Pero, ¿y si ese término medio fuera una falacia? ¿Y si, en lugar de representar un balance prudente, fuera la raíz de nuestros problemas económicos, un intervencionismo disfrazado que no hace sino ralentizar el progreso y cercenar la libertad?

El problema de esta perspectiva no radica únicamente en su tibieza conceptual, sino en sus efectos prácticos. Se nos ha vendido la idea de que sin regulación estatal, la gente estaría expuesta a alimentos contaminados, medicamentos defectuosos o condiciones laborales inhumanas, pero esta visión ignora una verdad fundamental: los incentivos del libre mercado ya generan las condiciones necesarias para que la calidad y la seguridad sean prioridades. En la actualidad colombiana, observamos cómo los controles y regulaciones estatales han fallado estrepitosamente en proteger al ciudadano, mientras que el mercado, pese a los obstáculos, sigue encontrando formas de satisfacer las necesidades de la gente con soluciones innovadoras y eficientes.

Basta con mirar el drama del sector de la salud en Colombia. Durante décadas, se ha intentado construir un sistema que combine lo mejor del libre mercado con la intervención estatal. El resultado ha sido un Frankenstein administrativo que ni garantiza un servicio de calidad ni permite una competencia real. Se limitan los precios de los medicamentos, se ponen barreras a la importación y se generan incentivos perversos que benefician a burócratas y políticos en lugar de a los pacientes. Mientras tanto, el ciudadano común sufre largas filas, atención deficiente y una falta de opciones que en un verdadero libre mercado serían resueltas por la competencia y la búsqueda de rentabilidad a través de la calidad.

Pero la salud no es el único ámbito donde la ilusión de la economía mixta ha demostrado ser un fracaso. El transporte en Colombia es otro reflejo claro de cómo el intervencionismo estatal termina afectando la vida diaria de los ciudadanos. Mientras que el gobierno regula hasta el más mínimo detalle del transporte público, imponiendo tarifas, restricciones y cupos, el sector informal ha demostrado que la necesidad encuentra su camino. Las aplicaciones de movilidad y los servicios alternativos han prosperado no gracias al Estado, sino a pesar de él. Y, sin embargo, la respuesta oficial no ha sido fomentar la competencia ni liberalizar el sector, sino perseguir a quienes ofrecen un servicio que la gente claramente prefiere. Se castiga la innovación y se premia la ineficiencia. La supuesta protección al usuario termina siendo, en realidad, una barrera que impide que tenga más y mejores opciones.

Esta contradicción entre la intención y el resultado se repite en casi todos los ámbitos donde el gobierno intenta regular lo que el mercado resolvería de manera natural. La educación es otro ejemplo revelador. Se argumenta que la intervención estatal garantiza el acceso a la educación para todos, pero la realidad muestra algo muy distinto. Las instituciones públicas están atrapadas en la mediocridad, con contenidos obsoletos y una calidad educativa que deja mucho que desear. Mientras tanto, en el sector privado, incluso con todas las restricciones y regulaciones, encontramos instituciones que ofrecen una formación de calidad superior. ¿Por qué se insiste en frenar el crecimiento de estas iniciativas en lugar de permitir que florezcan? La respuesta es simple: el intervencionismo nunca busca mejorar la calidad de vida del ciudadano; su verdadero objetivo es consolidar el control estatal sobre todos los aspectos de la vida económica.

Los defensores del intervencionismo argumentan que sin un papel activo del Estado, la desigualdad se dispararía, los monopolios abusarían de su poder y los trabajadores estarían indefensos ante la avaricia empresarial. Sin embargo, esta narrativa ignora una verdad esencial: la intervención estatal no reduce la desigualdad, sino que la consolida. En Colombia, los grandes conglomerados no han surgido de un mercado libre y competitivo, sino de privilegios otorgados por el gobierno. Los contratos estatales, los aranceles que protegen a ciertos sectores y las regulaciones diseñadas para beneficiar a unos pocos han creado un capitalismo de amigos donde el éxito no depende de la innovación ni del esfuerzo, sino de la cercanía con el poder político. En un libre mercado real, el éxito se gana sirviendo mejor a los consumidores, no manipulando las reglas del juego.

Al final, el intervencionismo es un camino sin retorno. Cada nueva regulación, cada nuevo control, cada nueva restricción genera más problemas de los que resuelve y justifica aún más intervención. Es un ciclo vicioso donde la única constante es la creciente pérdida de libertad y oportunidades. La solución no es seguir ajustando los tornillos de este sistema defectuoso, sino desmantelarlo por completo. La única posición coherente para quienes realmente valoran la libertad y el progreso es la radical: una economía de mercado pura, sin trabas, donde las decisiones las tomen los ciudadanos en lugar de los burócratas.

Colombia no necesita más regulaciones ni más intervención estatal. Lo que necesita es confianza en la capacidad del individuo para tomar decisiones, en la competencia como motor de la calidad y en la libertad como el único camino hacia la prosperidad. Cualquier otra postura no es más que una rendición disfrazada de moderación.