El espejismo del gasto público: la ilusión de la riqueza creada por la política

Hay algo profundamente inquietante en la manera en que se presenta el debate económico en Colombia. En los foros políticos, en los discursos oficiales, en las conversaciones cotidianas, se habla del "sector público" y el "sector privado" como si fueran dos partes de un mismo motor de progreso, como si el crecimiento económico dependiera de equilibrar ambos sectores, como si el gasto del gobierno fuera, en sí mismo, una fuente de riqueza y no lo que realmente es: una reasignación de recursos extraídos por la fuerza.

El Estado se nos vende como un gran proveedor de bienestar, un facilitador de derechos, una entidad que, con el poder de su presupuesto, supuestamente equilibra las fallas del mercado y crea prosperidad. Pero, en el fondo, lo que realmente sucede es que se despoja a los creadores de riqueza de su capacidad de decidir sobre sus recursos para que sean administrados por burócratas que no enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Mientras en el sector privado cada peso se gana con esfuerzo, riesgo y responsabilidad, en el sector público el dinero se obtiene sin necesidad de convencer a nadie de que lo entregue voluntariamente. Y esto marca una diferencia fundamental.

Miremos a nuestro alrededor. En Colombia, el discurso predominante es que el Estado debe expandirse para solucionar los problemas estructurales del país. Más subsidios, más programas sociales, más regulaciones, más empleados públicos, más empresas estatales, más presupuesto. Pero nunca se habla de las consecuencias de este modelo: el desplazamiento del sector productivo, la desmotivación del emprendimiento, la disminución de la inversión privada y, sobre todo, la creación de una cultura de dependencia en la que se olvida que la riqueza no se legisla, sino que se genera con trabajo, creatividad y riesgo.

Cada peso que el Estado gasta no es un peso creado por el gobierno, sino un peso que se ha tomado de los ciudadanos. No importa cuánto se hable de "derechos" o "justicia social", la realidad es que los recursos para financiar el gasto público no aparecen por arte de magia. Se extraen a través de impuestos, endeudamiento o inflación, y en cualquiera de los tres casos, el resultado es el mismo: una transferencia de recursos desde el sector productivo hacia la maquinaria estatal.

En Colombia, por ejemplo, se promueve la idea de que aumentar el salario mínimo por decreto mejorará la calidad de vida de los trabajadores. Pero lo que realmente sucede es que las empresas que no pueden costearlo se ven obligadas a reducir personal, a reemplazar mano de obra por tecnología o, en muchos casos, a cerrar. El resultado es que los trabajadores menos calificados, los que más necesitan empleo, terminan sin oportunidades. La intención puede parecer noble, pero el resultado es desastroso.

Lo mismo sucede con los subsidios. Cada político que promete más ayudas estatales lo hace a costa de quienes realmente producen en la economía. Se presentan estos programas como una forma de "redistribuir la riqueza", pero lo que realmente ocurre es que se castiga al que trabaja para premiar al que recibe. Con el tiempo, este tipo de incentivos genera una cultura en la que es más rentable depender del Estado que emprender, arriesgarse y producir. Y cuando el número de dependientes crece más rápido que el número de productores, el sistema colapsa.

Es cierto que en Colombia existen problemas estructurales de desigualdad y pobreza, pero la solución no es un Estado más grande, sino un mercado más libre. No necesitamos más intervención gubernamental, sino menos trabas a la creación de empresas, menos regulaciones asfixiantes, menos impuestos confiscatorios. Necesitamos un entorno en el que los individuos sean libres de producir, intercambiar y prosperar sin la constante interferencia de un aparato estatal que se comporta como un depredador de la riqueza ajena.

Pensemos en los pequeños comerciantes, los emprendedores que cada día abren sus negocios a pesar de las dificultades. No solo deben lidiar con la competencia y los desafíos del mercado, sino con una maraña burocrática que les exige permisos, certificaciones, reportes y contribuciones que no les aportan nada a su productividad. Cada peso que deben pagar en impuestos es un peso que no pueden reinvertir, un empleo que no pueden generar, un sueño que se hace más difícil de alcanzar.

Colombia necesita menos políticos que prometan repartir riqueza y más ciudadanos que tengan la libertad de generarla. Necesitamos entender que el crecimiento no se decreta, que la prosperidad no se impone desde un despacho en Bogotá, que la riqueza no se redistribuye: se crea. Y para que se cree, debemos liberar a los individuos de las cadenas de un Estado que, lejos de ser un benefactor, se ha convertido en el principal obstáculo para el progreso.

La próxima vez que escuchemos a un gobernante hablar de cómo "invertirá" en la economía, recordemos que el gobierno no tiene recursos propios. Todo lo que gasta, lo ha tomado de alguien. Y la pregunta que debemos hacernos no es cuánto más puede gastar el Estado, sino cuánto más podrían crecer los ciudadanos si se les permitiera conservar lo que con tanto esfuerzo han producido.