La ilusión peligrosa de la justicia social: un camino hacia la servidumbre moderna

En el discurso cotidiano de Colombia, la "justicia social" se ha convertido en una de esas frases mágicas que parecen tener el poder de justificar cualquier política, por más destructiva que esta sea. Se pronuncia con un halo de moralidad incuestionable, como si se tratara de una panacea capaz de borrar las desigualdades, curar las heridas del pasado y traer consigo la prosperidad anhelada. Sin embargo, cuando se desenmascara el concepto, lo que queda es un vacío, un pretexto para justificar el intervencionismo estatal más profundo y, en el peor de los casos, la centralización del poder. La justicia social, tal como se presenta en el debate político actual, es una ilusión peligrosa que, en lugar de liberar, encadena. Y en Colombia, un país que lidia con décadas de corrupción, clientelismo y centralismo asfixiante, esta narrativa es un espejismo que amenaza con perpetuar nuestras tragedias más profundas.  

La noción de justicia social en nuestro país se despliega con promesas de redistribuir riqueza, nivelar oportunidades y dar voz a los históricamente excluidos. Sin embargo, estas promesas ignoran una realidad incómoda: los recursos no surgen de la nada. En una economía de mercado, los bienes y servicios no son más que el resultado del esfuerzo, la creatividad y la cooperación voluntaria de millones de personas. ¿Cómo puede el Estado, con su maquinaria pesada y su historial de ineficiencia, redistribuir algo sin destruir el tejido mismo que genera esa riqueza? La realidad es que no puede hacerlo sin recurrir a la coerción, ya sea a través de impuestos desproporcionados, regulaciones excesivas o expropiaciones disfrazadas de justicia. En Colombia, esto se traduce en un espiral donde el aparato estatal crece desmesuradamente mientras el sector productivo, que debería ser el motor del progreso, se ve sofocado por el intervencionismo.  

Es inevitable pensar en el panorama actual, donde las propuestas de justicia social son utilizadas como bandera política para justificar la expansión del gasto público y el aumento de impuestos que recaen sobre los mismos de siempre: los ciudadanos productivos y las empresas que todavía se atreven a invertir en un entorno lleno de incertidumbre. En este contexto, ¿cuánto tiempo puede resistir una nación donde el Estado, en lugar de ser un árbitro imparcial, se convierte en un depredador de quienes generan empleo y riqueza? A los colombianos se nos vende la idea de que más impuestos son necesarios para financiar programas sociales que supuestamente traerán equidad. Pero la verdad incómoda es que, en un sistema plagado de corrupción y burocracia, gran parte de esos recursos se diluyen antes de llegar a quienes realmente lo necesitan.  

La narrativa de la justicia social también se sustenta en una falacia peligrosa: la idea de que los resultados económicos deben ser iguales para todos. Este enfoque ignora que las desigualdades no solo son inevitables en una sociedad libre, sino que, en muchos casos, son deseables porque reflejan las elecciones y el mérito individual. No todos queremos lo mismo ni estamos dispuestos a hacer los mismos sacrificios. Pretender que el Estado intervenga para nivelar esas diferencias es, en última instancia, un ataque a la libertad. En Colombia, esto se refleja en políticas que buscan restringir la autonomía de los ciudadanos con controles excesivos, desde los precios de los bienes básicos hasta la manera en que las empresas pueden operar. El resultado es una economía menos dinámica, con menos incentivos para innovar y crear, porque el esfuerzo no es recompensado, sino castigado.  

En nuestra historia reciente, hemos visto cómo las promesas de justicia social han servido como vehículo para centralizar el poder. Desde programas mal diseñados que perpetúan la dependencia de los subsidios hasta reformas fiscales que ahogan a la clase media, el discurso ha sido una excusa para fortalecer el control del gobierno sobre la vida de los ciudadanos. Y lo más preocupante es que esta tendencia no solo afecta la economía, sino también nuestra libertad individual. Un Estado que se presenta como el gran distribuidor de justicia rápidamente se transforma en un aparato que decide quién merece qué y quién no, según criterios que no siempre responden al interés general, sino al de quienes ostentan el poder.  

Pero quizás el mayor engaño de la justicia social en Colombia es la falsa dicotomía que plantea entre el sector privado y el público. Se nos ha hecho creer que solo el Estado, con todas sus imperfecciones, puede garantizar el bienestar de las mayorías, mientras que la inversión extranjera, los empresarios y los mercados son vistos como enemigos del pueblo. Esta narrativa ignora ejemplos cotidianos de cómo la iniciativa privada ha logrado transformar comunidades enteras donde el Estado ha fallado. Desde empresas que generan empleo digno hasta proyectos de infraestructura impulsados por alianzas público-privadas, las evidencias están allí, aunque no encajen en el relato populista que predomina.  

Al final, perseguir la justicia social a través de un Estado cada vez más grande y omnipresente es como construir una casa sobre cimientos de arena. Las buenas intenciones, aunque sean sinceras, no bastan para resolver los problemas estructurales de un país. La verdadera justicia no radica en redistribuir riqueza arbitrariamente, sino en crear las condiciones para que todos puedan generar la suya. Esto significa garantizar igualdad ante la ley, proteger los derechos de propiedad y permitir que el mercado funcione con la menor interferencia posible. En un país como Colombia, donde el potencial económico es inmenso pero está constantemente saboteado por la mala gestión y la corrupción, la justicia no es prometer más Estado, sino menos.  

Si algo nos ha enseñado la experiencia es que la justicia social, tal como se presenta hoy, no es más que un pretexto para perpetuar el control estatal. Es hora de que los colombianos cuestionemos esta narrativa y nos demos cuenta de que la verdadera solución no está en esperar que el gobierno lo haga todo, sino en empoderarnos como individuos. Solo así podremos construir una sociedad realmente libre y próspera, donde el progreso no sea un privilegio otorgado por los políticos, sino un derecho que todos podamos alcanzar a través de nuestro esfuerzo y creatividad.