La Ilusión del Control: Reflexiones sobre la Planificación Centralizada en Colombia


En el vasto entramado de la economía colombiana, la noción de un mercado libre y espontáneo contrasta con los intentos de planificación centralizada que, a lo largo de nuestra historia, han buscado dirigir el rumbo económico desde un centro de poder. Esta dualidad plantea una pregunta esencial: ¿es posible que una entidad centralizada comprenda y gestione la complejidad de las decisiones individuales que conforman el mercado?

La esencia del mercado radica en la cooperación voluntaria. Cada día, millones de colombianos toman decisiones basadas en sus necesidades, deseos y circunstancias particulares. Este flujo constante de información y acción permite una asignación eficiente de recursos, adaptándose dinámicamente a las cambiantes realidades. Sin embargo, cuando se intenta imponer una estructura rígida desde el Estado, se corre el riesgo de ignorar esta riqueza de información dispersa, esencial para el funcionamiento óptimo de la economía.

Un ejemplo contemporáneo ilustra esta tensión. Recientemente, Colombia enfrentó una crisis diplomática con Estados Unidos debido a la negativa inicial del gobierno a recibir vuelos con deportados. Esta postura llevó a amenazas de aranceles del 25% por parte de la administración estadounidense, lo que podría haber afectado gravemente sectores clave como el caficultor, dado que el 40% de nuestras exportaciones de café se destinan a ese país. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo que evitó las sanciones, pero el episodio subraya cómo decisiones centralizadas pueden tener repercusiones imprevistas en el tejido económico nacional.

La planificación centralizada, aunque bien intencionada, enfrenta el desafío insuperable de la falta de información completa. Los planificadores no pueden acceder al conocimiento local y específico que poseen los individuos en sus contextos particulares. Este déficit de información puede conducir a decisiones que, lejos de beneficiar, perjudican la economía. La intervención estatal en empresas privadas, como en el caso de Sanitas, que ha presentado una solicitud de arbitraje internacional contra Colombia por "expropiación indirecta", es un ejemplo de cómo la injerencia gubernamental puede generar conflictos y desincentivar la inversión.

Además, la historia nos muestra que la imposición de controles de precios y otras medidas intervencionistas suelen derivar en ineficiencias y mercados negros. La experiencia de la Unión Soviética con su economía planificada es un recordatorio de los peligros de ignorar las señales del mercado. En Colombia, aunque en menor escala, hemos visto cómo controles excesivos pueden llevar a desabastecimientos y distorsiones en el mercado.

Es crucial reconocer que el mercado no es un ente perfecto. Existen fallas y desigualdades que deben ser abordadas. Sin embargo, la solución no reside en una planificación centralizada que busca controlar cada aspecto de la economía, sino en fortalecer las instituciones que permiten una competencia justa, protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación. La liberalización comercial que Colombia adoptó en la década de 1990, por ejemplo, buscaba modernizar la economía y ampliar la oferta exportable, insertándose en los mercados internacionales. 

En última instancia, la riqueza de una nación se construye sobre la base de la libertad económica y la capacidad de sus ciudadanos para tomar decisiones informadas. La intervención estatal debe ser cuidadosa y limitada, enfocándose en crear un entorno donde el mercado pueda operar con eficiencia, permitiendo que la información fluya y que los recursos se asignen de manera óptima. Solo así podremos aspirar a una Colombia próspera y equitativa, donde la cooperación voluntaria y la libertad individual sean los pilares de nuestro desarrollo económico. 

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