El Catatumbo y la Crisis del Gobierno Petro

En la vastedad del Catatumbo, donde la naturaleza es tan imponente como implacable, el eco de la guerra resuena con una fuerza renovada, ensordeciendo cualquier esperanza de paz. Este enero de 2025, una vez más, el espectro de la violencia ha descendido sobre esta región del noreste colombiano, dejando a su paso una estela de muerte, desolación y desplazamiento. El presidente Gustavo Petro, cuya historia está profundamente arraigada en la lucha armada, enfrenta ahora la contradicción de ser el artífice de una paz esquiva y el juez de las mismas guerrillas que alguna vez lo acogieron.

La suspensión de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) marca un punto de inflexión en el mandato de Petro, reflejando una desesperación ante una realidad que supera las buenas intenciones. La paz, en el contexto de un gobierno que alguna vez fue parte del conflicto, se revela como un terreno resbaladizo, donde las promesas chocan con la crudeza de la guerra. En el Catatumbo, la lucha entre el ELN y las disidencias de las FARC ha dejado al menos 60 muertos, secuestrados y miles de desplazados, una estadística que no solo es fría, sino también brutalmente cotidiana.

Cada día, los habitantes del Catatumbo despiertan con el temor de ser víctimas de la próxima masacre, como la que se llevó la vida de una pareja y su bebé en Tibú. Este terror no es un evento aislado, sino una constante que define la vida en una región donde el Estado brilla por su ausencia, y las guerrillas, con su mezcla de ideología y crimen, dictan las reglas del juego. La respuesta del gobierno, aunque aparentemente firme, con el despliegue de 300 efectivos adicionales, parece más un acto simbólico que una solución efectiva a un problema que lleva décadas enraizado.

La región del Catatumbo, rica en recursos como el petróleo y los cultivos de coca, es un botín demasiado valioso para que los grupos armados lo dejen en paz. En este contexto, el papel del gobierno de Petro no puede ser visto sin una crítica severa. Mientras las palabras de reconciliación y paz adornan los discursos públicos, en el terreno, la realidad es que la violencia se perpetúa y el sufrimiento de los civiles se convierte en una estadística más. La paradoja de un presidente que conoce las armas, pero ahora aboga por la paz, se convierte en una carga cuando las acciones no coinciden con las promesas.

El fracaso de las negociaciones de paz con el ELN no solo representa un retroceso en el camino hacia la pacificación del país, sino también una traición a la confianza depositada por quienes creyeron en un futuro sin guerra. Los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz de 2016, y que ahora son víctimas de ataques, se encuentran en una posición precaria, abandonados por un gobierno que no puede garantizar su seguridad. Esta situación alimenta la desconfianza y refuerza la percepción de que el Estado no está capacitado para proteger a sus ciudadanos, mucho menos a quienes depusieron las armas con la promesa de una vida digna.

En este escenario de desesperanza, el papel del ciudadano común se ve reducido a la impotencia y la resignación. En las calles de Bogotá, Medellín o Cali, la guerra en el Catatumbo es una noticia más, una tragedia lejana que no interrumpe la rutina diaria. Sin embargo, esta desconexión entre la urbe y el campo es precisamente lo que perpetúa el conflicto. El olvido y la indiferencia son cómplices silenciosos de la violencia que se vive en las zonas rurales.

La crítica al gobierno de Petro debe ser profunda y reflexiva, no solo por su incapacidad para manejar la crisis actual, sino también por su falta de visión para abordar las causas raíces del conflicto. La ausencia de un Estado fuerte en regiones como el Catatumbo, donde las oportunidades económicas y educativas son escasas, crea un caldo de cultivo perfecto para que las guerrillas recluten y mantengan su poder. El gobierno, en lugar de invertir en infraestructura, educación y desarrollo social, se ha enfocado en soluciones militares que, aunque necesarias, no son suficientes para construir una paz duradera.

La historia nos ha enseñado que la paz no solo se logra con armas, ni con justicia social o inclusión, sino con el empoderamiento de los ciudadanos y sus regiones. Con los guerrilleros y bandidos no se puede negociar, ni brindar incentivos para que dejen de delinquir; se deben reducir como lo hicieron gobiernos anteriores. El Catatumbo no necesita más soldados, necesita escuelas, hospitales, carreteras y, sobre todo, una presencia estatal que vaya más allá de la seguridad y toque las vidas de sus habitantes de manera positiva. La promesa de una Colombia en paz está lejos de cumplirse si el gobierno no toma acciones contundentes para integrar estas regiones olvidadas al resto del país.

En conclusión, la guerra en el Catatumbo es un recordatorio brutal de las falencias del gobierno de Petro y de la deuda histórica que Colombia tiene con sus regiones más afectadas por el conflicto. Mientras los discursos oficiales hablan de paz, en el terreno, la realidad es de sangre y fuego. Es hora de que el gobierno tome decisiones valientes, no solo en la mesa de negociaciones, sino también en la implementación de políticas que transformen verdaderamente la vida de los colombianos más vulnerables. Solo así podremos soñar con un futuro donde el eco de la guerra sea solo un recuerdo lejano.