La voluntad del pueblo está en juego

La democracia como ideal ha sido celebrada durante siglos como el sistema que garantiza la voluntad del pueblo, pero en la práctica actual parece haber sido secuestrada por intereses ajenos al bienestar colectivo. En Colombia, donde el discurso político se alimenta de emociones y promesas vacías, nos enfrentamos a una realidad en la que la democracia no está en peligro, sino que, tal como se ejerce, amenaza con poner en jaque nuestras vidas y nuestras libertades fundamentales.

El espectáculo democrático se ha convertido en un ejercicio de manipulación en el que las narrativas sentimentales y los llamados a la empatía reemplazan al análisis riguroso y las propuestas concretas. En este escenario, la opinión pública no es un reflejo de los hechos, sino una construcción moldeada por quienes ostentan el poder. La salud, por ejemplo, es uno de los sectores más afectados por este juego de espejos. Los problemas estructurales que enfrenta no se deben a una falta de intervención estatal, sino a su exceso. La maraña de regulaciones y burocracia ha sofocado la innovación y creado un entorno hostil para los pacientes, quienes enfrentan altos costos y servicios ineficientes mientras se les asegura que el problema radica en la "insuficiencia" de controles.

En lugar de resolver los verdaderos problemas, los políticos recurren a soluciones populistas que perpetúan los errores del pasado. Más regulaciones, más impuestos, más intervención, y el resultado es un sistema de salud hipertrofiado que responde más a las necesidades de los burócratas que a las de los ciudadanos. En esta dinámica, las narrativas se convierten en una herramienta de distracción que legitima medidas que lejos de mejorar la situación, profundizan las desigualdades y fomentan la corrupción. Esto no es exclusivo del sistema de salud; es un reflejo del fracaso generalizado de un modelo democrático que ha perdido el rumbo.

La paradoja de esta democracia moderna radica en que, mientras se proclama como el medio para empoderar a las masas, termina siendo un mecanismo para concentrar el poder en manos de unos pocos. En Colombia, esta contradicción se materializa en una clase política que se presenta como defensora del pueblo mientras implementa políticas que perpetúan su control y relevancia. El sector salud, como tantos otros, se convierte en un campo de batalla ideológico donde las verdaderas necesidades de las personas son relegadas a un segundo plano.

La oposición, en teoría un contrapeso esencial, no está exenta de responsabilidad. En su afán por criticar al gobierno de turno, cae en la trampa de replicar las mismas soluciones que cuestiona. Esto crea un ciclo en el que las elecciones políticas se limitan a variantes del mismo intervencionismo estatal, dejando a los ciudadanos atrapados entre discursos vacíos y políticas ineficaces. Mientras tanto, los problemas reales permanecen sin resolver, y la confianza en las instituciones se erosiona cada día más.

El fracaso de la democracia en Colombia no radica en su concepto, sino en su aplicación. Hemos confundido el acto de votar con la participación ciudadana, y las instituciones han perdido su capacidad de responder a las verdaderas necesidades del pueblo. Esto es particularmente evidente en el sistema de salud, pero también se extiende a otras áreas críticas como la educación, la seguridad y la economía. En lugar de fomentar un entorno de cooperación y responsabilidad compartida, el modelo actual perpetúa la dependencia y la desconfianza.

Es necesario replantear el papel del Estado y reconocer que la solución no reside en más control, sino en más libertad. Esto no implica un abandono de las responsabilidades gubernamentales, sino una redefinición de sus funciones. En el caso de la salud, esto significa permitir que el mercado opere con mayor libertad, eliminando barreras innecesarias y fomentando la competencia entre proveedores. Un sistema de salud eficiente no es aquel controlado por burócratas, sino aquel que responde directamente a las necesidades de los pacientes.

Pero este cambio no puede venir solo desde las instituciones. Requiere un cambio cultural profundo, en el que los ciudadanos asuman un papel más activo en la definición de sus prioridades y en la vigilancia de sus líderes. Esto implica cuestionar las narrativas predominantes y exigir transparencia y rendición de cuentas. También significa reconocer que la libertad conlleva responsabilidad, y que el progreso no es el resultado de políticas impuestas desde arriba, sino de esfuerzos compartidos desde abajo.

La democracia, tal como se practica hoy, ha demostrado sus límites. Sin embargo, esto no significa que debamos abandonarla, sino transformarla. El futuro de Colombia depende de nuestra capacidad para superar las fallas del sistema actual y construir una sociedad basada en principios de justicia, libertad y respeto mutuo. No será un camino fácil, pero es una tarea que debemos asumir con urgencia y determinación si queremos garantizar un futuro digno para las generaciones venideras.