La gran mentira del intervencionismo estatal en Salud

La gran mentira del intervencionismo estatal ha logrado instalarse como una verdad incuestionable en las mentes de millones, especialmente en el debate sobre sistemas de salud. En Colombia, donde la salud también es un campo de batalla ideológico, observamos cómo se reproducen los mismos argumentos desgastados que acusan al mercado de todos los males mientras se exime al Estado de cualquier responsabilidad. Pero la realidad, cruda e ineludible, es que los problemas de nuestro sistema de salud no derivan de una ausencia de regulación o participación estatal, sino precisamente del exceso de estas. Es un entramado burocrático y regulador el que ha sofocado la competencia, disparado los costos y generado las barreras que hoy enfrentan los ciudadanos al buscar atención oportuna y de calidad.

Tomemos como ejemplo la eterna promesa de "salud gratuita y universal" que constantemente se repite en los discursos políticos. Suena bien, casi como una aspiración moralmente incuestionable, pero detrás de esas palabras se esconden costos ineludibles que alguien debe asumir. Y ese alguien, invariablemente, es el ciudadano. No importa cuánto se insista en que el Estado cubrirá los costos, porque el dinero estatal no surge de la nada. Cada peso que el gobierno destina a la salud proviene de los bolsillos de los contribuyentes o del endeudamiento, que no es otra cosa que trasladar la carga a las generaciones futuras. Peor aún, la promesa de gratuidad suele traducirse en un sistema donde las decisiones ya no están en manos de los pacientes, sino de burócratas que determinan qué tratamientos se priorizan, cuáles se retrasan y quiénes acceden primero a los limitados recursos disponibles.

En este contexto, no es difícil observar los paralelismos con el sistema estadounidense, que suele ser presentado como el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando se deja la salud al "libre mercado". Esta narrativa es completamente falsa. Estados Unidos no tiene un sistema de salud basado en el libre mercado; tiene uno profundamente intervenido, con el gobierno actuando como un jugador clave en cada paso del proceso. Desde la regulación de los seguros hasta los procesos de licenciamiento de los profesionales médicos, pasando por los subsidios y las normativas que dictan cuáles tratamientos son cubiertos, el sistema está lejos de ser una competencia libre y abierta. El resultado es un entorno donde los costos son artificialmente altos y las opciones para los pacientes son limitadas.

En Colombia, estamos viendo cómo el discurso de la intervención estatal también se usa como herramienta política para justificar cambios que, lejos de solucionar los problemas existentes, los agravan. La centralización de los recursos y la creación de más barreras burocráticas no solo dificultan el acceso a la salud, sino que también desincentivan la inversión en el sector. Empresas privadas, que podrían ser una fuente de innovación y eficiencia, se ven obligadas a operar en un entorno hostil donde cada decisión está condicionada por normativas que buscan controlarlas en lugar de fomentar la competencia.

Sin embargo, el problema no es solo la acción del Estado, sino también la narrativa que ha logrado imponer. En el imaginario colectivo, se asocia cualquier intento de reducir la intervención estatal con un ataque a los derechos fundamentales. Esta narrativa, aunque emotiva, es profundamente deshonesta. Los derechos no se garantizan con más control gubernamental, sino con un entorno donde las personas tengan la libertad de elegir y donde los proveedores compitan para ofrecer mejores servicios. La verdadera equidad no se logra imponiendo un modelo único desde arriba, sino permitiendo que las soluciones surjan desde abajo, a través de la creatividad y la iniciativa de los ciudadanos.

En lugar de perpetuar este ciclo de promesas vacías y soluciones fallidas, es hora de replantear el debate. La salud no puede seguir siendo un botín político ni un campo de experimentación ideológica. Necesitamos un sistema donde las decisiones se tomen pensando en los pacientes, no en los burócratas o los intereses partidistas. Esto implica reducir la carga regulatoria, permitir la entrada de nuevos actores al mercado y garantizar que los ciudadanos tengan la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su propia salud.

El camino no es fácil, porque implica desafiar narrativas profundamente arraigadas y enfrentar a poderosos intereses que se benefician del statu quo. Pero si queremos un sistema de salud verdaderamente eficiente, accesible y justo, debemos abandonar la ilusoria idea de que el gobierno es la solución a todos nuestros problemas. La historia nos ha demostrado que, cuando se le da al Estado demasiado poder, los resultados suelen ser desastrosos. En cambio, cuando se confía en la libertad y la responsabilidad individual, las sociedades prosperan.

Colombia tiene la oportunidad de liderar un cambio en cómo concebimos la salud y su relación con el Estado. Pero ese cambio solo será posible si tenemos el valor de cuestionar las viejas ideas y abrazar una visión que privilegie la libertad, la competencia y la dignidad de cada individuo. El momento de actuar es ahora, antes de que la maraña burocrática y las promesas incumplibles nos lleven a un punto de no retorno.