Cambio constitucional: ¿hacia un futuro libre o una camisa de fuerza ideológica?

Colombia vive en una encrucijada histórica, un momento en que las instituciones que sostienen el tejido social y político parecen tambalearse bajo el peso de intereses particulares y agendas partidistas. Este escenario no es nuevo; la historia está llena de ejemplos donde las ambiciones de pocos se disfrazan de reformas necesarias, prometiendo resolver los problemas estructurales de una nación. Sin embargo, la experiencia demuestra que las constituciones que nacen de la imposición ideológica terminan siendo instrumentos de división, no de unidad, y en lugar de solucionar las dificultades, las agravan al institucionalizar la arbitrariedad y la exclusión. 

En un país que lleva décadas buscando superar las fracturas internas, el declive institucional representa un golpe a la confianza en el estado de derecho y en las garantías básicas de libertad. En lugar de fortalecer los principios que limitan el poder y protegen a los ciudadanos de la arbitrariedad, asistimos a un debilitamiento de la división de poderes y del imperio de la ley, pilares fundamentales para contener el abuso de la autoridad. Este fenómeno no es un simple tecnicismo jurídico; se traduce en decisiones que afectan directamente la vida diaria de los ciudadanos, desde la administración de justicia hasta el respeto por la propiedad privada y la seguridad personal.

La idea de una reforma constitucional suele presentarse como una solución mágica, una tabla de salvación frente a los problemas del momento. Pero, ¿qué garantiza que esta nueva Constitución no se convierta en una herramienta para consolidar el poder de quienes la diseñan? Colombia no necesita más leyes ni reglas impuestas desde arriba, sino un marco que permita a los ciudadanos ejercer su libertad y resolver sus diferencias dentro de un sistema equitativo y predecible. En países donde el derecho consuetudinario ha prevalecido, las normas no han sido dictadas por una élite iluminada, sino que han surgido de la práctica y la experiencia colectiva, creando un equilibrio natural entre libertad y orden.

La noción de que una Constitución puede resolver los problemas de una sociedad es tan atractiva como peligrosa. Cuando una parte de la población intenta imponer su visión a través de un texto constitucional, lo que realmente está haciendo es perpetuar la división y socavar la legitimidad del Estado. En lugar de ser un pacto que refleje el consenso de la nación, se convierte en una declaración de guerra ideológica contra quienes piensan diferente. Esto no solo erosiona la confianza entre los ciudadanos, sino que también alimenta un ciclo de represión y polarización que dificulta cualquier intento de reconciliación.

El caso de Venezuela debería ser una advertencia clara. Bajo el pretexto de democratizar y empoderar al pueblo, se redactó una Constitución que, en lugar de proteger las libertades individuales, centralizó el poder y allanó el camino para un régimen autoritario. La lección es evidente: cuando una Constitución se utiliza como un arma política, pierde su capacidad de garantizar la justicia y se convierte en un instrumento de control.

En Colombia, el debate sobre el futuro institucional no puede reducirse a una simple lucha entre partidos o ideologías. Debe centrarse en fortalecer el estado de derecho y promover una cultura de respeto por las normas, no por miedo al castigo, sino por un reconocimiento mutuo de su importancia para la convivencia. Reformar la Constitución sin un compromiso genuino con estos principios solo profundizará la crisis actual, alejándonos aún más de la posibilidad de una sociedad verdaderamente libre.

El problema de fondo no es la falta de normas, sino la falta de voluntad para respetarlas. Mientras las leyes se perciban como herramientas para beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría, cualquier cambio será visto con escepticismo y resistido por quienes desconfían, con razón, de las intenciones detrás de cada reforma. En lugar de buscar soluciones rápidas y superficiales, debemos enfocar nuestros esfuerzos en reconstruir la confianza en las instituciones, garantizando que sirvan al interés común y no a agendas particulares.

Imaginemos por un momento que Colombia decide seguir el camino de una reforma constitucional partidista. ¿Qué ocurriría con los derechos fundamentales de quienes no están de acuerdo con la visión dominante? ¿Qué garantías tendrían las futuras generaciones de que estas nuevas reglas no serán utilizadas para limitar su libertad? La respuesta es desoladora: un sistema basado en la imposición y no en el consenso inevitablemente se convierte en un terreno fértil para la arbitrariedad y el abuso.

Es cierto que el país enfrenta retos monumentales, desde la inseguridad hasta las inequidades sociales y económicas. Pero estos problemas no se resolverán mediante cambios cosméticos en el marco legal. Requieren un cambio cultural que valore la libertad como un principio no negociable y que reconozca la responsabilidad individual como el motor del progreso. En lugar de buscar en la Constitución una solución a nuestros males, deberíamos enfocarnos en crear un entorno donde las personas puedan prosperar a través de su esfuerzo y creatividad, libres de las cadenas de la burocracia y la intervención estatal excesiva.

El verdadero desafío para Colombia no es escribir una nueva Constitución, sino recuperar el espíritu de libertad y respeto por el estado de derecho que alguna vez inspiró a las mejores democracias del mundo. Esto no se logrará mediante discursos grandilocuentes ni promesas vacías, sino a través de acciones concretas que demuestren un compromiso con los principios que realmente hacen grande a una nación. Porque al final, el éxito de un país no se mide por la cantidad de leyes que promulga, sino por la calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos. Y esa calidad solo puede alcanzarse en un entorno donde la libertad, y no la ideología, sea el valor supremo.